El fiscal penal de Anta fue denunciado por el intendente Marcelo Moisés por malas intenciones en una publicación del Ministerio Público que lo implicó aunque el jefe comunal no tiene nada que ver. Además, su primo será enjuiciado desde el 11 de junio. Claudia Álvarez Ferreyra
El intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, con el patrocinio legal de Oscar Guillén denunció al fiscal penal anteño Gonzalo Gómez Amado ante el Procurador General de la provincia, Pablo López Viñals. El motivo fue el uso de su imagen para ilustrar un parte de prensa del Ministerio Público Fiscal en el que se publica la imputación al presidente del Concejo Deliberante de esa localidad, Marcelo Díaz, por abuso sexual a una adolescente.
Moisés acusa al fiscal de dar lugar a “la difusión global de una injuria maliciosa”, y al referirse al funcionario judicial manifiesta: “Seguramente debió buscar la fotografía, por sí o dando órdenes en ese sentido, y luego pegarla para ilustrar la noticia lo que excluye una simple negligencia o error, teniendo en cuenta la fisonomía de los pequeños pueblos de Anta como Apolinario Saravia en que todos nos conocemos perfectamente”. Gómez Amado, además, es oriundo de ese lugar. El intendente lo acusa de valerse “del cargo que detenta para llevar a cabo tareas políticas partidarias en provecho del sector que integra su padre, el senador en ejercicio (por el departamento de Anta) Ernesto Ángel Gómez, que lleva a cabo denostando a todos los políticos anteños”.
La publicación oficial de la fotografía se ha reproducido en internet y ha sido tomada por medios de comunicación de toda la provincia e incluso a nivel nacional. El intendente considera esta acción como una calumnia que ha dañado su honor y denuncia que esa difusión ha desatado “tratamientos periodísticos y comentarios más insultantes y humillantes” en contra de su persona.
En el escrito dirigido al procurador general, Moisés solicita que el daño sea reparado por el mismo medio en que se produjo. “Sin perjuicio de promover acciones civiles y penales que me asisten contra Gonzalo Gómez Amado, responsable de la Fiscalía Penal de Anta, le solicitó a título personal y en mi carácter de intendente de Apolinario Saravia, arbitre las medidas institucionales de su competencia para que se emita —por los mismos medios en que se propagaron las calumnias y con el mismo destaque— una explícita aclaración que me excluya de toda relación con el hecho informado, con el pertinente pedido de disculpas que la situación impone”. Además pide que se le impongan al fiscal “sanciones administrativas ejemplificadoras por su accionar temerario y malicioso”.
Este 4 de junio, el Ministerio Público Fiscal al informar sobre las actuaciones en la causa que investiga el presunto abuso sexual, en la parte de abajo con el subtítulo “Falla técnica” aclaran: “En el abordaje de esta información […] en la nota difundida con anterioridad, el 30 de mayo pasado, por inconveniente técnico en la ilustración de la misma, se incorporó en el cuerpo una imagen equivocada perteneciente al rostro del intendente de esa localidad, Marcelo Moisés, quien no tiene ninguna relación con el caso investigado. A tal efecto, y al detectarse la falla técnica, se corrigió la ilustración. Por lo tanto, dado que se debió a un error involuntario se deja aclarado que el intendente es ajeno totalmente a la causa en cuestión”.
A juicio el primo
El lunes 11 de junio se iniciará el juicio oral y público contra Carlos Ferro Podestá por la golpiza propinada en la vía pública al abogado, Luis Pablo Ibáñez, el 5 de octubre de 2017. La audiencia tendrá lugar en el Tribunal de Juicio Unipersonal, Sala II, Vocalía I, del Distrito Judicial Sur, a cargo del Juez Sebastián Fucho. La causa se caratula como “lesiones en concurso real y amenazas de muerte”. El fiscal penal que interviene es Sergio Castellanos.
Como querellantes se presentan Luis Pablo Ibáñez con el patrocinio letrado de Oscar Guillén, y también el Colegio de Abogados de Salta, con su Presidente Pedro Burgos y Fernando Teseyra. La defensa de Carlos Ferro Podestá será ejercida por José Retuerta. En diálogo con el abogado Ibáñez, expresó: “Que se logre una condena contra Ferro Podestá que ha sido absolutamente impune siempre en Anta, protegido por (Pedro) Sández como consta en el informe de un comisario y por Gómez Amado va a ser un gran paso para la sociedad. La gente se va a dar cuenta de que este muchacho no es impune y va a ayudar a que le dejen de tener tanto miedo como le tienen y que lluevan las denuncias porque cada dos pasos que da comete un acto ilícito”.
En opinión de Ibáñez: “La justicia no quiso investigar al presunto autor intelectual, el fiscal Gómez Amado, y sólo lleva a juicio al autor material —y primo del funcionario—, Ferro Podestá. Esta es la misma razón por la cual mi juicio se realiza en un tiempo récord (8 meses desde el hecho)”. Añade “se me rechazaron todas las medidas probatorias que pedí al respecto, no fue imputado en ningún momento”.
Los vínculos de Ferro Podestá con el poder anteño quedan en evidencia mediante documentación pública. En un informe realizado por el Ministerio Público Fiscal, mientras Ferro Podestá se encontraba prófugo, consta que el comisario de la Unidad Regional 5 advertía lo siguiente: “Sería un sujeto de gran poder, cuenta con varias residencias en esta localidad (J. V. González) y zonas aledañas, como así también es poseedor de fincas en el departamento de Anta. También cuenta con el aval político del diputado provincial Pedro Sández, por tal razón es que se dificulta la ubicación del mismo”.
En otra causa, el 22 de febrero de 2018, el fiscal se inhibe “por existir amistad con una de las partes denunciadas, Carlos Ferro Podestá, correspondiendo la inhibición a los fines de asegurar de esta forma la debida imparcialidad y correcta administración de justicia; observando el mismo criterio en actuaciones referidas a la citada persona”.
Cuando fue agredido por Ferro Podestá, el abogado Ibáñez salía de brindar una entrevista radial en la que había hablado de su denuncia contra el fiscal por “cohecho y tráfico de influencias” en una causa penal. Esa causa tiene como víctima a una adolescente, y en la misma se encuentra imputado Jorge Bejarano a quien se acusa de “corrupción de menores y abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima —estupro—”.
Ibáñez denunciaba un supuesto pacto entre funcionarios judiciales para favorecer a Bejarano y dejarlo en libertad mediante un juicio abreviado. Él fue el abogado de Bejarano en un primer momento y luego pasó a ejercer la defensa Dana Segovia, esposa de Ferro Podestá. Meses después mediante un recurso presentado por la Asesora de Incapaces, María Zenzano Poma, el Tribunal de Impugnación decidió apartar de la causa al fiscal Gómez Amado, a su auxiliar Marcela Elías, a quien se encontraba como subrogante, Oscar López Ibarra, y al juez de garantías, Héctor Sebastián Guzmán.
¿Habrá imparcialidad?
El abogado José Retuerta y el juez Sebastián Fucho aparecen como un dúo cuestionado en algunas notas periodísticas. Retuerta fue denunciado en más de un expediente junto al juez Fucho por tráfico de influencias y cobros ilegales para agilizar causas. En 2012, el fiscal Eduardo Barrionuevo promovió una acción penal contra el juez metanense, sospechado de traficar influencias para “apurar” causas judiciales, con resultados a 30 días luego del cobro de “honorarios”. En la denuncia de una pareja figura que “Fucho y el abogado José Retuerta habrían prometido a la pareja desalojada que esa situación procesal se modificaría dentro de los 30 días, luego de abonar la suma de 60 mil pesos”.
Además, según consigna un matutino local: “Sus intervenciones a dos puntas también fueron cuestionadas seriamente por Francisca, la anciana de 75 años a la que le destruyeron el pozo de agua y le quemaron la silla de ruedas para expulsarla de su puesto en Ico Pozo”. Marcelo Cruz, vecino metanense, en 2011 denunciaba un sospechoso interés de Fucho y Retuerta en el desalojo de su familia.
Los antecedentes de Ferro Podestá
Cabe aclarar que ninguna de las causas llegó a juicio oral y público salvo la de Ibáñez).
03/02/2002. Lesiones y daños. Proc. JVG. Disp J12y NMTN. S.P 085/02
15/06/2005. Planilla prontuarial. A REQ. JCMI °N. MTN. C/7. 299/03 S/Lesiones
25/06/2009. Se remite planilla prontuarial al L2da Nom. Metán. C/56.699/09 Carat. S/ Abigeato en perjuicio de la Inversora Juramento S. A.
07/2016. Detenido por pedido de captura por retención indebida – P/Jorge Omar González. A disp.. J12°N. MTN, SOL. CRIA. JVG.,SP 574/05, Expte. 44- 094.641.- Procede DAP-
07/2016 Detenido por pedido. Por S/ Lesiones y amenazadas perj. Pablo Cinta. A disp.. JCG y Men 1era Nom Metán Aup N° 874/00 por Expte 444.179.44. Procede DAP.
10/10/2017 se remite planilla prontuarial al Juz Gtias. N°1 J. V. González. Expte Gar 22190/12 perj. Ibañez Luis Pablo. Vía Fax
El vástago de Pedro
Este jueves se publicó la solicitud del fiscal penal Oscar López Ibarra, en reemplazo por inhibición del fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, de la prisión preventiva para Néstor Rodolfo Palomino en la causa por el hurto de un tanque de combustible con capacidad de 1200 litros, en la localidad de Talavera. El imputado ya se encuentra requerido a juicio por robo de ganado. Es llamativo que aún con el escándalo mediático por las denuncias de abigeato que han generado cuestionamientos a funcionarios judiciales y a su padre como diputado provincial, Pedro Sández, volvió a resultar implicado en otra causa de hurto.
Entre los fundamentos, esgrimidos por el fiscal para la solicitud, se menciona la peligrosidad delictiva del imputado Palomino, quien se encuentra requerido a juicio por el delito de robo de ganado, por el que fue detenido a mediados de marzo pasado y luego puesto en libertad por disposición del Juez de Garantías.
La Fundación de Ganaderos del Sur había escrito una solicitada el año pasado denunciando la impunidad con la que contaba el hijo del diputado Sandez a quien acusaban de liderar una banda de cuatreros y que pese a las demandas en su contra no era detenido.
