El proyecto que solicita un pedido de prórroga a Nación para la ley 26.160 de Emergencia en la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena quedó pendiente de tratamiento en diputados. El próximo martes podría tratarse. (R.M.)

La ley 26.160, aprobada en el año 2006, generó en su momento gran expectativa entre las comunidades originarias. Es que planteaba un relevamiento de tierras con el fin de que se reconociera su propiedad, independientemente de quiénes aparezcan con los títulos en los registros estatales. Se incluyó también la suspensión de los desalojos mientras se realizaran los relevamiento y una asignación presupuestaria de $ 60.000.000 para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ejecute las tareas con la colaboración de los gobiernos provinciales.

Luego de 11 años el resultado es muy pobre: Un documento del INAI de 2012, unos de los pocos publicados, daba cuenta de que el relevamiento sólo se había concluido en una octava parte (12,48%). “A este paso -sostiene el documento- harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo”. La emergencia que ya fue prorrogada en dos oportunidades vence a fines de año, planteándose la posibilidad de que los desalojos se aceleren.

A la hora de un balance sobre la norma, se destaca la crítica del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), quien publicó dos escritos llamando la atención sobre la inacción del INAI y los gobiernos provinciales. Según la organización, en Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, en donde reside el 65% del total de comunidades indígenas del país, “el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11 por ciento”.  ENDEPA también denuncia que las cuentas de INAI no son claras: se han gastado $ 45.847.327 sobre $ 60.000.000 aportados por Nación.

Por su parte, la antropóloga Catalina Buliubasich señala que en la ley ya se advertía la evidente limitación de no contemplar mecanismos concretos de entrega de la tierra”. Es quizás allí donde se encuentre la explicación a las demoras y contratiempos de la 26.160: sobre su avance se ha podido ver que sólo se han entregado tierras en zonas que no eran de interés para el mercado inmobiliario o los agronegocios. Mientras que otras comunidades, como el caso de los wichí de Pizarro o la comunidad Diaguita de las Pailas, han tenido que enfrentar desalojos y represiones. Un caso resonado ha sido el de la comunidad Lule que a pesar de tener personería y haber sido censada, el Estado provincial sigue sin reconocerlos como comunidad mientras sus tierras comprendidas en la reserva Finca las Costas han sido objeto de negocios inmobiliarios en los que se vieron perjudicados. Por eso hoy en día los Lules denuncias atropellos, ventas ilegales de tierra y hasta escasez de agua para cultivos y consumo, la que es desviada a emprendimientos privados y countries. La comunidad se encuentra acorralada en sus propias tierras.

El proyecto de Diputados, seguramente, serviría para reinstalar el tema, pero la última palabra la tiene el Congreso. El impulso dado a los grandes negocios con la tierra en las últimas décadas muestra que la propiedad colectiva de la tierra es un derecho que ni al gobierno actual ni al anterior parece importarle. La soja y el desmonte pasan por encima de cualquier ley. La próxima semana habrá que escuchar las posturas que tendrán los diversos bloques.