Las 112 licencias gremiales irregulares de sindicatos municipales aún siguen vigentes aunque el Concejo Deliberante dio curso a la denuncia realizada oportunamente por el inspector comunal Jorge Resina. El expediente ya llegó hasta el intendente. (R.M.)
Se le arrebatará esta página a las urgencias noticiables de esta semana para volver sobre un tema del que ya se habló este año pero que todavía registra el mismo estado de situación: desoído. Aún más, las cosas están peor que en febrero, cuando Cuarto Poder hizo un informe sobre las denuncias de un inspector municipal acerca de un desfalco enorme en el otorgamiento de licencias gremiales remuneradas de los múltiples sindicatos que operan en la órbita comunal. Por entonces, había responsables políticos que habían recibido la información y no habían actuado, ahora se suman nuevos y de envergadura: el propio intendente Gustavo Ruberto Sáenz.
Jorge Resina trabaja en el área de control del municipio y desde octubre del año pasado que peregrina por distintas entidades que tienen injerencia en la ciudad, incluyendo el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, denunciando la detección de 112 licencias gremiales que están por fuera del marco legal. Sobre un total de 157 delegados que cobran sueldos sin trabajar, 45 estarían contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo que urdieran Miguel Isa y Pedro Serrudo de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) en la última etapa del primero como intendente; tal normativa establece un tope de hasta cinco beneficiados con licencia gremial rentada por gremio (hay nueve sindicatos reconocidos). Las 112 licencias en exceso ascienden a una erogación mensual de 1,7 millones (promedio de 15 mil pesos por cada una), 20 millones al año en contratos ociosos.
El Convenio Colectivo de Trabajo Isa-Serrudo fue cuestionado a instancias judiciales por otro gremio municipal, la Ademus de César Molina. El juez federal Julio Bavio resolvió en favor de los disconformes anulando algunos aspectos del texto, particularmente dos ítems que implicaban un aporte mensual solidario de la Municipalidad a UTM y un descuento obligatorio a todos los empleados comunales destinado para UTM -aunque estuviesen afiliados a otro sindicato-. Sin embargo, el artículo ciento trece se mantuvo vigente: establece el tope de cinco licencias gremiales por sindicato y la restricción para que se acojan al beneficio sólo quienes ocupan cargos de representación gremial, que formen parte de la Comisión Directiva.
El texto publicado por este medio a principios de este año detalla los resultados de la labor investigativa de Resina sobre las licencias gremiales: “39 para Ademus; 25 al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM); 20 al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM); 9 al Sindicato de Personal Jerárquico y Profesionales (SPJP); 28 a UTM; 10 a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); otras 10 al Sindicato Municipal de Salta (SMS); y 11 a la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM). Sólo la ignota Asociación de Obreros y Empleados Municipales Agremiados tiene el cupo permitido por la norma: cinco”.
Los 1,7 millones mensuales se van en contratos de licenciosos que aprovechan la cercanía con las autoridades gremiales para cobrar sin cumplir con asistir al trabajo. Deténgase la marcha para aportar contexto a lo que acaece en la capital provincial: el fraccionamiento de la representación gremial -nueve sindicatos reconocidos- y el vicio de todos los que se formaron en los métodos de Augusto Timoteo Vandor -sin que tengan los mismos pretextos históricos de quien encabezó el peronismo sin J.D. Perón-, vuelve a los sindicatos instituciones de representación frágiles a los intereses de los trabajadores y complacientes ante la mirada de las autoridades gubernamentales.
La reseña histórica sirve para introducir la salvedad de que esta situación no puede serle atribuida solamente a quienes hoy ocupan funciones públicas, el modelo sindical de los municipales se fue conformado desde al menos un par de lustros atrás. De igual modo, la detallada denuncia con la que viene marchando de un lado a otro el inspector municipal, Jorge Resina, siendo víctima de la más cruda indiferencia, la presentó desde octubre del año pasado ante las cabezas institucionales que todavía cumplen funciones en varias entidades municipales (Ejecutivo, Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas).
Infatigable, igual a los esclavos agrarios de más baja laya, el inspector municipal siguió presionando para que su denuncia fuera atendida. El presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada, fue uno de los que -parcialmente- recogió el guante. Esta semana, logramos el acceso a notificaciones realizadas a principios de febrero que demuestran que Sáenz necesariamente está en conocimiento del tema.
Siguiendo el orden de los hechos, primero Villada instruyó mediante una nota fechada el 3 de febrero a su jefe de despacho, Marcelo Blanco, para que éste remitiera el expediente que denuncia la irregularidad sus pares de las otras instituciones de gobierno. El 6 de febrero, Blanco puso a consideración de Sáenz y Sócrates Paputsakis -presidente del Tribunal de Cuentas- “copia autenticada” del expediente “mediante el cual Inspección del Personal Municipal de Salta solicita verificación de anomalías denunciadas”.
Desde entonces, han pasado tres meses en los que el Municipio podría haberse ahorrado otros 5 millones, que se sumarían a los 20 del año pasado y los 3,4 de los dos primeros meses de 2017, totalizando una pérdida de unos 28,4 millones en lo que lleva de gestión del actual intendente.
