Los diputados nacionales del PO, Soledad Sosa y el salteño Pablo López, no votaran la expulsión de Julio De Vido. Aseguran que se trata de un juego distraccionista en medio de un país que se derrumba.
“El gobierno de Cambiemos pretende colocar el tema corrupción al tope de la agenda política, en momentos en que la situación nacional está sacudida por un derrumbe industrial, los despidos masivos y la agresión en todos los órdenes sobre la condición de vida y de trabajo de las masas. Pero mientras tanto, llevan adelante un encubrimiento por partida doble”, expresaron mediante un comunicado.
Y sostuvieron: “En primer lugar, del propio clan macrista, tan envuelto en hechos de corrupción como sus antecesores del kirchnerismo. Dan cuenta de ello las recientes revelaciones de la justicia norteamericana en el caso Odebrecht, que involucra tanto a los funcionarios del gobierno anterior como a los máximos ejecutivos de IECSA, la empresa que pertenecía al cuñado del actual presidente Macri”.
“En segundo lugar, porque, a través de la supuesta tentativa de avanzar contra De Vido en el Congreso, el bloque oficial mira para otro lado frente a un sistema de justicia que ha dejado impunes a todos los corruptos de la última década, desde el caso Skanska hasta Odebrecht, pasando por la masacre de Once”, agregaron.
Los legisladores del PO plantearon que por qué el oficialismo y “sus socios” no “reclaman el juicio político a esos jueces, que han sido nombrados por el Senado y el Consejo de la Magistratura integrado por los partidos de la corrupción”. “En cambio, se sirven de esa complicidad y parálisis judicial para avanzar en un procedimiento que sienta un grave precedente”, advirtieron.
Sobre la posibilidad de apartar al exministro kirchnerista, dijeron que “a través de un mecanismo de mayorías especiales, pretenden avanzar en un mecanismo de expulsión o suspensión de diputados que, mañana, bien podría ser empleado para la sanción e incluso la expulsión de parlamentarios que, por sus opiniones o acciones, cuestionen la política de ajuste y agresión al pueblo trabajador”.
En ese sentido, se refirieron al caso de cuatro diputados y senadores de Mendoza, a quienes se los busca desaforar luego de haber apoyado en las calles el paro general del 6 de abril en esa provincia.
“En vez de ir contra los jueces que duermen las causas, ‘Cambiemos’ y sus socios quieren avanzar en la creación de un estado de excepción, que más temprano que tarde será usado contra los fueros como principio para preservar la libertad política y de opinión de los parlamentarios”, consideraron Sosa y López.
Además, señalaron que a diferencia del senador Carlos Menem, el exministro de Planificación Federal aún no está condenado en ninguna de las causas que lo involucran. “Es altamente probable que la figura de ‘inhabilidad moral’ rija para muchos más que Julio de Vido en el propio Parlamento, como ocurre con Carlos Menem. Pero justamente éste tiene culminado un proceso judicial con sentencia firme, que debe avanzar en las causas del exministro de Planificación”, manifestaron y recordaron que el interbloque del Frente de Izquierda presentó hace un año atrás el pedido para desaforar y suspender a De Vido.
“La responsabilidad de Julio de Vido como ministro de Planificación Federal, cuando estuvo al tope de los negocios de doce años de la patria contratista, está fuera de toda duda”, afirmaron. Y continuaron: “Desde las grandes represas hasta las viviendas que jamás se hicieron y que llenaron los bolsos de José López, así como las mansiones de Ricardo Jaime o las fortunas de Lázaro Báez. La masacre de Once es la consecuencia más lacerante de este régimen de vaciamiento de los recursos públicos y degradación de los trabajadores”.
“El Partido Obrero lo denunció cuando muchos de los actuales ‘denunciantes’ callaban, o, incluso, como Sergio Massa, formaban parte del mismo gabinete que integraban el hoy cuestionado De VIdo”, subrayaron. Además, mencionaron el caso de Mariano Ferreyra, el militante del PO que “fue asesinado por luchar contra los agentes sindicales de este régimen de saqueo”. “Otros compañeros fueron encarcelados bajo la acusación de ‘sabotaje en las vías’, por parte de los laderos de De Vido. Con esa autoridad, reclamamos la apertura de los libros de todas las licitaciones en marcha, su investigación, el corte de concesiones basadas en corrupción y la puesta a andar de las obras bajo control de los trabajadores”, resaltaron.
A pesar de ello, Sosa y López denuncian “la impostura de quienes, en nombre de una supuesta cruzada contra la corrupción, quieren encubrir a sus propias corruptelas y las del régimen político como un todo, incluyendo al aparato de justicia”.
“La coartada de la corrupción -esgrimida por los jefes de los Panamá Papers, (Gustavo) Arribas y (Ángelo) Calcaterra-IECSA- es usada para promover un bloque político de ataque a las conquistas y derechos laborales, con el propósito de descargar la crisis capitalista sobre las espaldas del pueblo trabajador”, completaron.
Y finalizaron: “No formaremos parte del juego distraccionista de quienes enviaron las tropas contra los obreros de Pepsico, disfrazados de demócratas alarmados de los delitos de otros, pero no de los propios. Llamamos a una poderosa intervención popular que una la defensa de todas las reivindicaciones populares amenazadas a la lucha por esclarecer todas las acciones de desfalco de los políticos capitalistas”.
Fuente: Parlamentario
