Con un nuevo DNU, Macri modificó la ley que exigía ciertos requisitos, entre ellos ser abogado, para ser titular de la Oficina Anticorrupción. La modificación posibilita a la funcionaria macrista asumir en el cargo.

A pesar de no contar con un título de abogada Laura Alonso consiguió llegar a la Oficina Anticorrupción (OA). Su arribo fue posible por obra y gracia de Mauricio Macri, quien mediante un decreto modificó la ley y le abrió a la diputada las puertas del organismo. El director de la OA pasó a de fiscal de Control Administrativo a secretario de Ética Pública Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Alonso recibió regalo de Navidad por adelantado, pero su benefactor no fue Papá Noel sino el presidente. Con el Decreto 226/2015 Macri introdujo un cambio sustancial en la estructura de la OA. Hasta el día de ayer era necesario poseer el título de abogado y haber ejercido por seis años la profesión o desempeñado un cargo en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, requisito que resultaba imposible de cumplir a Alonso. La otrora directora de Poder Ciudadano es licenciada en Ciencia Política y cuenta con una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas, por eso cuando la legisladora hizo público el ofrecimiento de Macri para encabezar a la OA, llovieron las críticas.

Según se establece en el decreto, dadas las tareas a desarrollar por el organismo “y la interdisciplinariedad requerida para el abordaje de las cuestiones que corresponden a su ámbito de actuación, deviene necesario redefinir el perfil del titular de la misma”.

Con los cambios introducidos por Macri el secretario de Ética Pública “deberá poseer título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía”. La nueva normativa exige además “una reconocida trayectoria democrática y republicana”.

Entre las tareas que tiene a su cargo la OA está la de recibir denuncias sobre situaciones en donde se sospecha pudiera haber actos de corrupción o ser querellante en los procesos en los que “encuentre afectado el patrimonio del Estado”. Pero también “llevar el registro de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos”, un ítem que en campaña le causó más de un dolor de cabeza a Macri, quien dijo haberle prestado $ 18,5 millones a su amigo y empresario Nicolás Caputo, uno de los principales contratistas de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Tiempo Argentino