Aprovechando el auge de tal materia prima, el Gobierno de la Provincia dispuso otorgarle la explotación en Salar del Rincón a la firma canadiense Enirgi Group, quien invertirá 300 millones de dólares en una planta para tratamiento. (Franco Hessling)
Partamos de una base: la geopolítica mundial establece un sistema de división global del trabajo en el que las economías primarias (los “graneros del mundo”) son enclaves adonde se vertebra el cimiento más crudo del modelo extractivista de producción. Acerquémonos ahora al rumbo estratégico de la economía salteña, ¿alguien escuchó decir “lo que se viene es el litio”? El sentido común de quien escribe le dicta, sin que haya certeza química, que es la materia prima de las baterías y la electrónica. El litio es la sustancia química que los cultores de la Sociedad de la Información o del Conocimiento ven como la materia prima del futuro.
El Gobierno de la Provincia, a través de su Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, encara ése escenario con el olfato de los que experimentan anosmia, con el firme horizonte de perpetuar la geopolítica mundial que succiona vorazmente los recursos vernáculos. El esquema triangular que monta el timonel Juan Manuel Urtubey es el siguiente: la idea de “inversiones” en una punta, la firma trasnacional que explotará salares salteños en otro vértice, y en la cúspide el bendito litio que brota a caudales en tierras puneñas.
Inversiones, de los foráneos
Cuando el país salió del default -otra faz geopolítica, en este caso de las finanzas y no del modelo productivo-, la Provincia fue una de las primeras en morder el anzuelo del exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien pasará a la historia como el exempleado de una financiera global -JP Morgan- que usó el Estado nacional para rendir pleitesía a sus viejos patrones -los usureros que dirimieron sus bonos con Argentina en el despacho de Thomas Griesa. Prat Gay pagó a los “fondos buitres”, conquistó la ansiada “salida del default” e instó a las haciendas provinciales a endeudarse por sí mismas.
Por entonces Urtubey creía que podía volver más redituable en términos económicos su intervención política como “oposición responsable”, la que garantizaba gobernabilidad en los primeros meses de Cambiemos en la Casa Rosada. Las semanas pasaban y Salta se limitaba a ver pasar los fondos nacionales hacia Jujuy -el radical Gerardo Morales- y Tucumán -el peronista Juan Manzur. De apuro e intempestivamente, pues Gran Bretaña acababa de resolver su salida de la zona europea, los sabuesos de las finanzas (Carlos Parodi, jefe de Gabinete y Sebastián Gomeza, ministro de Hacienda), negociaron un crédito internacional a una tasa alta, 9,12%. Una temprana muestra de anosmia.
Además de la alegría de “volver al mundo” para endeudarse, la oposición responsable de Urtubey apoyaba la idea de que ingresasen inversiones foráneas. En setiembre del año pasado se iniciaron los diálogos entre el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable, encabezado por Javier Montero, e inversores mineros de Canadá. La idea que se barajó fue la explotación minera para la extracción del elemento químico-materia prima del futuro, el bendito litio.
Los funcionarios con anosmia vieron una oportunidad única para postularse como enclave de los capitales internacionales. En ese marco, durante varias semanas de aquel noveno mes del año pasado, Montero llevó adelante reuniones con diplomáticos sudafricanos y franceses, y con otros inversores australianos y chinos -socios de los canadienses-. El tema central fue el mismo: la afabilidad de Salta como receptora de inversiones. La amabilidad salteña, en los términos de los empresarios extranjeros, se traduce en laxos controles medioambientales, pocas condiciones para el saqueo de los recursos, el pago de regalías magras y la posibilidad -inédita en otros países con los mismos recursos naturales- de contratar mano de obra, calificada y operativa, a muy bajo precio.
Concesión, para los foráneos
La prestancia de los funcionarios salteños, dígase que Marcelo López Arias acompañó a Montero en muchos de los cónclaves, finalmente cosechó sus frutos. El 26 de octubre, el mismísimo CEO de la firma canadiense Enirgi Group, Wayne Richardson, confirmó tras una reunión en Salta con el jefe de Gabinete y el ministro de Ambiente, que finalmente habían resuelto invertir en la plaza del norte argentino. Serían 300 millones de dólares para la construcción de una planta para producir carbonato e hidróxido de litio.
Fueron semanas agitadas ya que para que los canadienses tomaran la decisión, sus socios chinos debieron visitar la puna salteña, el sitio específico del que se extraerá a muy bajo costo la materia prima del futuro. Una noticia del diario El Tribuno sobre dicha visita, publicada el 5 de septiembre de 2016, explica que: “State Development & Investmente Corp (SDIC) es una compañía de inversiones propiedad del gobierno chino, con activos por 76.000 millones de dólares y la administración de activos financieros por otros 107.000 millones”. Reléase el párrafo anterior sobre China y vuélvase a reflexionar sobre la “astucia” de los gobernantes salteños que ven una “oportunidad” en la perpetuación de su dependencia geopolítica.
En aquel anuncio del 26 de octubre, Parodi ponderó la inversión ya que, según dijo, sería una manera de agregarle valor a la producción primaria que sale desde Salta. Lo que el jefe de Gabinete evitó aclarar es que esos bienes de exportación traerán dividendos exclusivamente a los inversores, quienes lidiarán solamente con el pago de regalías, mínimo si se lo compara con las ganancias por comerciar con el bendito litio. El otro argumento celebratorio de Carlos Teófilo, como no podía ser de otra manera, fue que Enirgi Group generará empleo y desarrollará “un fuerte trabajo social en las comunidades en las que tendrá impacto su actividad”.
El litio, de los puneños
La caladura de los ventarrones invernales tiene tal ímpetu que la piel de un puneño es indisimuladamente seca, resquebrajada. Lejos del confort de los que usan los abigarrados artefactos tecnológicos a base de litio, los que viven en Los Andes, donde el frío arrecia, conservan el tipo de relaciones comunitarias de aquellos lugares donde lo inhóspito retarda asombrosamente la voracidad de la urbanización y del crecimiento poblacional. Como hay pocos habitantes, se convierte en el escenario ideal para montar un enclave: varios pueblos mineros desperdigados que serán al litio lo que Potosí fue a la plata, y que cuando no les quede ni pizca de sus recursos serán abandonados por los escurridizos inversores.
El fundamento de que Enirgi Group, amén de que se esfume cuando no sean tan favorables las condiciones dejará una planta para el tratamiento del litio con capacidad para procesar 50 mil toneladas anuales es insuficiente si se tiene en cuenta que, cuando no haya más litio, las maquinarias que doten la factoría pasarán a ser óxido inútil. Igual que la sombría Santa María de “Cuando ya no importe” (Juan Carlos Onetti, 1995), las ciudades puneñas quedarán desoladas y la planta será nada más que el recuerdo de un viejo emprendimiento canadiense que alguna vez prometió el progreso.
La industria para el tratamiento del litio se construirá con una inversión de 300 mil dólares con un plazo de obra estipulado en dos años. De acuerdo a lo dicho por el CEO Richardson, recién en 2019 se pondría en marcha la planta. Se ubicará específicamente en el Salar del Rincón, que forma parte de una región trinacional (compartida con Bolivia y Chile), signada como una de las mayores reservas mundiales de litio. Sólo el salar ubicado en Salta cuenta con un potencial estimado en 1,4 millones de toneladas de la bendita materia prima.
Negocio redondo
Las monumentales ganancias que tendrá la Enirgi Group extrayendo la bendita materia prima del futuro no tienen parangón con las modestas utilidades que se lleva Salta con su estrategia económica al respecto de los bienes comunes (antes llamados recursos naturales). Siguiendo con el presupuesto 2017 de la provincia, la Nación derivará a Salta 12 millones por canon minero (impuesto fijo) y otros $2.433.000 por regalías (porcentaje de los ingresos atesorados por las empresas concesionarias). Sobre ese total, el Gobierno provincial dispondrá 2,4 millones de pesos para los municipios en carácter de canon y otro $1.216.500 por regalías. El Fondo Especial de Promoción Minera, creado mediante el artículo décimo tercero de la ley provincial 6026, sancionada en 1982, será en 2017 de $66.905.326; dicho fondo se emplea para inversiones estratégicas. El total de ingresos a la hacienda provincial generados por la actividad minera en 2016 ronda los 50 millones. La misma ley de 1982 es la que establece que la Provincia puede otorgar exenciones fiscales a los emprendimientos mineros.
