Más de 250 entidades de todo el país ya trabajan en la actualización del proyecto de ley que se presentará en abril próximo para pedir legalizar la práctica. “No se trata de un problema de salud pública, sino de justicia social”, mencionaron. 

Las más de 250 organizaciones de mujeres de todo el país que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito pusieron en marcha la redacción de un nuevo proyecto de ley que llegará al Congreso de la Nación en abril próximo. Las rosarinas Silvia Augsburger, diputada provincial, y la abogada Mabel Gabarra, integran la campaña desde 2005 y participan de la comisión redactora del proyecto. Ambas recalcaron no sólo la necesidad de actualizar la iniciativa presentada originalmente en 2008, sino además la de “abrir un debate que cada vez tiene más consenso en la sociedad civil”, indicó Augsburger.

“No se trata de un problema de salud pública, sino de justicia social”, reafirmó Gabarra, y recordó que anualmente mueren en la Argentina unas 270 mujeres víctimas de femicidios y otras 80 a causa de abortos clandestinos. “Son 350 mujeres muertes por causas absolutamente evitables en los casos de abortos y prevenibles en los casos de violencia”, advirtió.

Hace una década que las organizaciones que integran la campaña se presentaron en sociedad con una marcha en el Congreso y la presentación de las firmas que se habían recolectado en todo el país a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Y en 2008 Augsburger, entonces diputada nacional socialista, ingresó un proyecto para legalizar la práctica, y esa iniciativa se presentó cada dos años, cada vez que perdió estado parlamentario.

Pese a la insistencia, sólo en 2011 el proyecto llegó a tratarse en la comisión de Legislación Penal, pero nunca llegó a las comisiones de Familia ni de Salud.

“Con diferentes argumentos y estrategias, lo que hicieron siempre quienes se oponen fue evitar el debate”, señaló la ahora diputada provincial.

Lo cierto es que la iniciativa inicial requiere modificaciones y la comisión redactora de las organizaciones de mujeres se puso a trabajar en un proyecto de ley que debatirán en marzo próximo en un plenario nacional y que presentarán formalmente, por cuarta vez, en el Congreso en abril próximo.

Cambios. Para Augsburger, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictaminó sobre la forma correcta de implementación de los abortos no punibles permitidos por el Código Penal desde 1921 “fue un punto de inflexión”, y explicó: “Antes, ante un aborto no punible que se judicializaba, teníamos que salir a reclamar el cumplimiento de la ley, pero aparecíamos del lado de la ilegalidad; ahora es al revés; y aunque nos cuesta que se cumpla, la ley está de nuestro lado y los que incumplen son los que no llevan adelante el aborto legal e intentan judicializar el caso”.

Justamente uno de los puntos que se modificará del proyecto original, según explicó la legisladora, es donde se requería a la víctima de una violación una denuncia policial. “El mismo fallo avanza en ese sentido y dice que sólo es necesaria la declaración jurada de la mujer embarazada y que fue violada para acceder al aborto legal”, detalló.

Otro cambio a tener en cuenta en la entrada en vigencia del nuevo Código Civil. “En lo que significa la capacidad progresiva de una mujer menor de edad, el nuevo código plantea el derecho a ser escuchada y a decidir sobre su salud y sobre las prácticas médicas a las que se somete, por lo que también debemos reformular el proyecto en ese sentido”, explicó y agregó que también en estos años se modificó la legislación comparada con la que se vino trabajando. Mientras antes se planteaba la interrupción legal de los embarazos hasta la semana 12, ahora esa legislación avanzó hasta la semana 14. “Así lo hizo Francia y España”, recordó Gabarra, y ese cambio también se sumará al nuevo proyecto.

Quizá el punto más debatido entre las propias organizaciones tiene que ver con normar en el proyecto, o no, sobre la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. “El problema es que la objeción de conciencia se ha utilizado en muchos lugares para obstaculizar el derecho de las mujeres a acceder a un aborto que es legal, por eso hay posiciones que aún deben ser consensuadas”, planteó Augsburger, y destacó el “proceso que se dio en Santa Fe, donde la creación de un Registro de Objetores de Conciencia justamente lo que hizo fue visibilizar a los obstaculizadores del derecho de los mujeres”.

Fuente: La capital