La empresa que construirá la primera mina de oro en territorio salteño fue vinculada en México a la represión y al asesinato de un dirigente ambientalista. Recientemente invadió territorios sin permiso de las comunidades. 

Así lo informó la Agencia de Noticias y Comunicación para Latinoamérica en su sitio web: los pobladores de Oaxaca que se oponen a la instalación de una mina en su territorio vinculan a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc. con la represión y con el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez en marzo de 2.012.

Esa firma es la que planifica comenzar en el año 2018 con la explotación de oro en nuestra provincia. Y es que desde el año 2.011 está prevista la construcción de la mina Lindero para extraer oro por lixiviación mediante cianuración. La explotación se realizará en el sudoeste de nuestra provincia, más precisamente a 70km del pueblo de Tolar Grande, una zona donde no hay cursos de agua aunque hay abundante provisión del líquido a nivel subterráneo. El emprendimiento pertenecía a otra minera canadiense, Goldrock, pero en julio del año pasado fue comprada por Fortuna Silver Mines Inc., con los permisos correspondientes incluidos.

Esa firma, dijimos, es señalada por pobladores mexicanos del asesinato de Vásquez Sánchez quien se oponía al emprendimiento. La mina referida se ubica en del municipio de San José del Progreso, el tercero más pobre de Oaxaca pese a las riquezas en oro y plata que ahora explota la empresa canadiense.

Vásquez Sánchez era dirigente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) y su asesinato permanece impune hasta hoy, los autores materiales están libres y la investigación sobre los autores intelectuales no avanzó nunca. El crimen de Vásquez  Sánchez se produjo durante una emboscada en la que también hirieron a su hermano Andrés y a Rosalinda Dionicio, también integrante de la CPUVO.

Según informa ANCLA, anteriormente habían ocurrido otros hechos similares en contra de quienes protestaban contra la instalación de la mina y en los hechos participaron civiles armados. Sobre esos grupos paramilitares Vásquez Sánchez había denunciado que eran personal contratado por el municipio y por la propia minera.

Un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reúne las referencias sobre las reiteradas agresiones, detenciones arbitrarias y uso de armas de fuego contra los manifestantes. El trabajo señala que en la explotación de oro y plata que realiza Fortuna Silver Mines en la región no se cumplió con la debida información y consulta previa a la población, se generó una fuerte oposición al proyecto por los posibles efectos ambientales (en particular, luego de haber advertido un descenso en el nivel de agua de los pozos que proveen del recurso a los pobladores) y se produjeron reiteradas agresiones contra los opositores al emprendimiento.

Este año, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los pueblos de Oaxaca denunciaron a Fortuna Silver Mines Inc. por haber amenazado a integrantes del CPUVO.

La firma canadiense tampoco respetó la decisión de las comunidades de Ejutla y Ocotlán que declararon en 2.015 que sus territorios estaban prohibidos para la megaminería; sin contar con permisos, invadió los ejidos utilizando explosivos, según denuncias de la CPUVO.