Urtubey aceitó los engranajes de la corporación judicial y legalizó su rechazo a la terna elevada por el Consejo de la Magistratura. Abel Cornejo y Ramiro Simón Padrós fueron claves en ese “triunfo” que posibilita que los preferidos del Poder puedan ser jueces. (Daniel Avalos)
No hubo sorpresa en el desenlace del conflicto entre Urtubey y el Consejo de la Magistratura por la cobertura de jueces para las Salas I, II, III, IV y V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Los sablazos entre los bandos que eran amigos empezaron cuando el gobernador desconoció las ternas que el Consejo le remitió el 7 de abril para que eligiera cinco apellidos y solicitara al senado conformidad para los nombramientos.
El rechazo vino precedido de informes periodísticos que impugnaban el proceso y el pedido del gobernador a la Fiscal de Estado, Mónica Lioneto, un informe a partir del cual Urtubey aseguró que el concurso estaba plagado de irregularidades entre las que resaltaba la alteración de los cronogramas establecidos y la reducción a una de las cinco evaluaciones escritas de los postulantes.
Ni bien se conoció la estridente resolución, en el Consejo de la Magistratura estuvieron seguros de que las observaciones no daban en el blanco; que las impugnaciones podían responderse con relativa facilidad; que la decisión del ejecutivo mancillaba la reputación de los miembros y envolvía en una atmósfera de sospecha a un organismo constitucional cuya importancia trasciende las reputaciones personales.
Lo que no sabían bien era cómo defender lo actuado y la honorabilidad del organismo sin generar una crisis sin retorno en medio de un conflicto que lejos de responder a las mezquindades de la política, respondía a las del Poder Judicial. Finalmente desconocieron la solicitud del primer mandatario quien se vio obligado a abandonar su rol de Padre Eterno que desde afuera resuelve las contradicciones para hundirse en el barro y convertirse en parte de las mismas.
Lo hizo mancillando la honorabilidad de dos de las concursantes, desprestigiando al Consejo de la Magistratura y acusando al Colegio de Abogados -que criticó la conducta del mandatario- de ser una corporación. La vertiginosa secuencia de episodios presagiaba lo que finalmente ocurrió: se aceleraron los pasos judiciales para que una Corte ad hoc se conformara ante la excusación de seis de los siete miembros de la Corte de Justicia y en tiempo record corriera vista del expediente a la Fiscalía de Estado que declaró nulo el concurso para que, diez hora después, la propia Corte ad hoc retrotrajera el proceso al 22 de noviembre del 2016.
El titular de esa Corte fue el juez Abel Cornejo, el hombre que junto al secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, son señalados como lo ideólogos de un entuerto de profundas consecuencias institucionales y cuyo mezquino objetivo no habría sido otro que garantizar que los preferidos del Poder accedan a una magistratura.
Listas negras y blancas
Las fuentes judiciales que hablaron con Cuarto Poder poseen características similares: piden siempre reserva de su identidad aunque efectivamente cuentan con un especial conocimiento de la “cosa” judicial. Por ello mismo suelen evitan los rodeos e ir al grano: la elección de jueces siempre moviliza a los poderosos de la justicia a colonizar puestos estratégicos de ese Poder con miembros de la cofradía propia, el caso que fue objeto de una corta pero intensa beligerancia no escapó a esa regla y en ese marco la confección de listas blancas y negras son comunes. Las primeras confeccionadas para facilitar el ascenso de determinados nombres mientras las segundas sirven para señalar a quienes debe privársele de los mismos.
Abel Cornejo y Ramiro Simón Padrós son los señalados como expertos en la materia. Seres capaces de desmenuzar reglamentos y procedimientos para garantizar que los propios puedan colonizar el aparato judicial. El primero es Juez de la Corte de Justicia y el segundo secretario General de la Gobernación. A este último lo identifican como el encargado de generar y aprovechar las oportunidades de ascenso a los preferidos suyos y del propio Urtubey.
A la generalización sobre Padrós, los informantes suman al menos tres apellidos que no fueron ternados por el Consejo de la Magistratura: Patricia Colombo, Martín Coraita y Rodrigo Erazo Schmidt. La primera era Secretaria de Justicia del Ministerio de Derechos Humanos que dirige Pamela Calletti quien, como se sabe, proviene del riñón del propio Simón Padrós; el segundo es señalado como amigo de Padrós y del gobernador; mientras el tercero es el letrado que llevó adelante el divorcio de Urtubey con Ximena Saravia Toledo y que forma parte del Estudio de Horacio Aguilar, el poderoso operador judicial, amigo personal de J.M. Urtubey y asesor durante años del propio Grand Bourg.
De los tres mencionados, Colombo no llegó a pasar la prueba escrita a pesar de haber renunciado a su cargo de secretaria de Estado para participar del concurso. Coraita tuvo un desempeño regular en el examen escrito y oral -15 en el primer caso sobre 25 puntos posibles y 16 sobre 25 en el segundo caso- que sumado a los 26 puntos por “antecedentes” sobre 50 posibles lo dejaron sin chances de ser ternado. Erazo Schmidt, por su parte, tuvo una buena calificación en el oral -20 sobre 25- pero sus 16 puntos en el “escrito” y los 21 en “antecedentes” lo dejaron sin chances.
El caso de Abel Cornejo presentó sus particularidades. Presidente natural del Consejo de la Magistratura por ser miembro de la Corte de Justicia, se excusó de participar del concurso por su enemistad con el postulante Luis Héctor Santander quien fue abogado defensor del exjuez federal Ricardo Lona, procesado en causas por crímenes de lesa humanidad. Esa noble enemistad, no obstante, no lo salva de ser señalado por la “familia judicial” como un hombre implacable con sus enemigos pero exageradamente generoso con sus protegidos.
Entre las primeras aparece una de las concursantes señaladas como “tramposas” a la hora de rendir el examen escrito. Hablamos de María Victoria Mosmann quien había cobrado notoriedad en la prensa local y nacional en junio del año 2012 cuando la Corte de Justicia salteña impugnó su designación como Asesora Letrada de la única Juez mujer de Corte provincial: Susana Kauffman, quien aquella vez denunció la situación como una discriminación de género.
Página 12 reseñó entonces que el punto de conflicto con Mosmann era ser “portadora de marido” en tanto su esposo, el abogado Sebastián Lloret, había firmado en el 2007 un recurso de amparo junto a otros 195 letrados en contra de la designación en la Corte de Gustavo Adolfo Ferraris por voluntad de un Juan Carlos Romero que estaba abandonando el poder (Página 12, 29/06/12). Fuentes judiciales enfatizan también que esa situación involucraba al propio Abel Cornejo quien pidió el desplazamiento de Nosmann por supuestas “infidencias”. La razón de fondo, aseguran secretarios del Poder Judicial, radicaba en el conflicto que existía entre la Corte de Justicia y la Procuración General que conduce Pablo López Viñals de quien Lloret es cercano. Cercanía que deslizaba a Abel Cornejo a concluir que María Victoria Nosmann era una espía de la procuración infiltrada en la Corte.
En el concurso que el gobernador rechazó y la Corte que condujo Abel Cornejo anuló, María Victoria Nosmann quedó ubicada en el tercer lugar para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta. Ese lugar era el resultado de 32 puntos obtenidos sobre los 50 en la variable “antecedentes”; los 15 sobre 25 en la prueba escrita que supuestamente ella sabía; y los 23 puntos sobre 25 de la entrevista oral.
Si Nosmann había formado parte de la lista negra de Abel Cornejo, la preferida de éste era justamente quien presentó el amparo contra el concurso: Marcela Susana Von Fischer. En los pasillos de la Ciudad Judicial aseguran que ingresó a ese Poder sin contar con experiencia como abogada y que desde el año 2000 aproximadamente fue funcionaria del Programa de Mediaciones de la provincia que depende del ejecutivo hasta que en el año 2014 fue nombrada como secretaria relatora en lo Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia, un cargo que “se elige a dedo”. En el concurso de la discordia, Von Fischer acumuló un impresionante 38,82 puntos sobre los 50 posibles en la variable “antecedentes” aunque los magros 11 puntos sobre 25 en el examen escrito del 17 de febrero la dejaban sin muchas chances en la competencia general. Un mes después, el 15 de marzo, presentó el amparo pidiendo la nulidad del concurso que, según los trascendidos nunca probados, fue redactado por el propio Abel Cornejo.
Las observaciones presentes en el amparo fueron básicamente dos: la decisión del Consejo de unificar en uno los cincos exámenes y los temas sorteados el 17 de febrero en el cual salió un caso que anteriormente había sido resuelto por la Sala III de la Cámara Civil en la que se desempeñaban Nosmann y María Alejandra Gauffín como secretarias.
Flan argumentativo
A partir de mediados de marzo las supuestas irregularidades se amplificaron desde la emisora FM Profesional que conduce el empresario mediático Martín Grande. A pesar de ello, el 3 de abril la jueza Mónica Misky rechazó el amparo, decisión que fue apelada por la propia Von Fischer con lo cual la resolución final quedaba en manos de la Corte de Justicia. El 6 de abril se concretaron las entrevistas orales y tras la valoración de las mismas se elevaron las ternas al ejecutivo provincial. Ninguno de los señalados como favoritos del ejecutivo provincial y del propio Abel Cornejo formaba partes de las mismas.
Comenzó entonces el fuego cruzado. Empezó el lunes 10 de abril con la publicación de una nota en la que El Tribuno reforzaba las sospechas originales, el anuncio del gobernador de que había solicitado un dictamen sobre el cuestionado proceso a la Fiscal de Estado, Mónica Lionetto, quien responde al propio Ramiro Simón Padrós. Un día después, Urtubey calificó de insalvables las “irregularidades” cometidas con lo cual rechazó la terna y solicitó que se citara a un nuevo concurso.
Las irregularidades identificadas por Lionetto eran las señaladas por Von Fischer en el amparo que habría escrito Abel Cornejo: unificación en uno de los cinco exámenes y el cuestionado sorteo de los temas del examen escrito. A ello la Fiscal de Estado sumó otro elemento: la alteración de los cronogramas.
El Consejo de la Magistratura, jueces, secretarios y otros funcionarios judiciales quedaron desconcertados. Todos sabían que la unificación de los exámenes escritos y hasta de las entrevistas era una práctica habitual para casos como el impugnado. La práctica es el resultado del principio de celeridad procesal por el cual a la hora de cubrir vacancias múltiples -como era el caso- se unifican exámenes para evitar desgastes innecesarios y un proceso tedioso. Ello no era todo: el artículo 20 del Reglamento del Consejo de la Magistratura establece que “por cada convocatoria se llevará un expediente, pudiendo el Consejo agruparlos si fuese igual cargo, con idéntica jurisdicción y competencia o clase de función, pero con distinta nominación, siempre que su asiento sea en el mismo distrito judicial”.
Ello explicaba que a medida que la crisis entre el Ejecutivo y la Magistratura se recrudecía, trascendieran antecedentes en concursos para Juzgados de Procesos Ejecutivos, para Salas de Tribunal de Juicios, concursos de Fiscales y hasta para Defensores de los Juzgados de Violencia de Género. En ese marco, la alteración de los cronogramas que el dictamen de Lionetto calificaba de irregularidad aparecía como la consecuencia necesaria de la unificación de exámenes y entrevistas personales.
En la cuestión de la supuesta “trampa” de Nosmann y Gauffin los argumentos del Consejo Magistratura eran menos contundentes. Se limitaban a remarcar que el “caso” objeto de evaluación se sortea en el momento previo a comenzar la prueba como lo establece el artículo 39 del Reglamento del Consejo; y que el mismo resulta de un total de tres que en sobre cerrado formula el propio organismo. Sin olvidar, mencionaban por lo bajo, que el propio Abel Cornejo estaba al tanto de los mismos y que según el artículo 41 del reglamento, la identidad de los concursantes se realiza con un sistema alfanumérico a fin de garantizar la transparencia.
El pasado jueves se supo otra cosa: entre los argumentos de la jueza Mónica Mudsky para rechazar el amparo de Von Fischer se consideró que en tanto el “caso” objeto del examen escrito estaba publicado en la red virtual a la que acceden los usuarios del Poder Judicial -Intranet- ese caso podía ser consultado por todos los concursantes.
Los apellidos Nosmann y Gauffin, finalmente, fueron objeto de una suplicio mediático y gubernamental. En un principio pareció que podrían resguardar su honorabilidad cuando el propio Urtubey al impugnar la terna aclaro que la “excepcional” medida no implicaba valoración alguna de las condiciones personales, morales, profesionales o idoneidad de los postulantes. El semblante bien intencionado desapareció luego de que el Colegio de Abogados expresara públicamente que el mandatario se excedía en sus facultades y el Consejo de la Magistratura no validaba el pedido del gobernador. Fue entonces cuando la prudencia original dejó lugar a la furia discursiva de un Urtubey que las califico sacar ventajas. El conflicto, finalmente, culminó como el gobernador lo había dispuesto.
La oligarquía judicial
A días del escándalo, el balance resulta perturbador en tanto evidenció cómo la justicia se halla envuelta por una atmósfera de desprestigio porque sigue sospechándose que el enorme número de afortunados que llegan a la condición de jueces resultan ser hermanos/as, esposas/os, cuñados/as o primos/as o amigos vinculados a personajes que ya ocupan puestos estratégicos en la Justicia misma o en el Ejecutivo provincial. Eso no es todo: sectores estratégicos de ese Poder está subordinado a un tipo de política siempre dispuesta a recompensar a quienes siendo funcionales a sus intereses terminan descomprometiéndose con la búsqueda de la Verdad.
La conclusión obvia que se impone es la siguiente: malos jueces que como los malos políticos también deciden cosas a puertas cerradas, reuniéndose en las sombras con poderosos actores y que también pretenden que los ciudadanos sepamos sólo lo que ellos consideran oportuno que sepamos porque, simple y poderosamente, han privatizado la Justicia como cierta política ha privatizado lo público.
