Rogelio Segundo y Francisco Pérez. Foto: Gentileza CELS.

Nación y provincia podrían ser denunciados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento en la titulación colectiva, demarcación y delimitación de 400 mil hectáreas de comunidades indígenas de Rivadavia. El CELS acompañó a los salteños ante el organismo internacional. (Federico Anzardi)

Rogelio Segundo y Francisco Pérez, tesorero y coordinador, respectivamente, de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que nuclea a las 71 comunidades, estuvieron esta semana en Buenos Aires, donde se reunieron con representantes nacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estuvieron acompañados por miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que apoya el reclamo desde 1998 y representa a la asociación ante la CIDH.

La CIDH concedió esta semana una nueva prórroga al Estado. Hasta el 1 de noviembre tiene tiempo de cumplir con las exigencias. “Esta prórroga fue concedida en términos muy duros y demandando al Estado que sólo puede haber una nueva prórroga de realmente acreditarse un avance sustantivo en terreno, cosa que no está habiendo en el último tiempo. Tuvimos hoy (por el miércoles) una reunión con el Estado nacional y provincial en la que nosotros manifestamos que si no hay realmente una acreditación en terreno de una voluntad verdadera de cumplir con lo que significa el informe de fondo de la Comisión, la posición de Lhaka Honhat es que va a haber que pasar a otra instancia y eso significa ir a la Corte Interamericana”, asegura a Cuarto Poder Gabriela Kletzel, directora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.

Según Kletzel, ir a la Corte Interamericana es una posibilidad muy probable. “A menos que el Estado cumpla -explica-. Todavía tiene una oportunidad hacia fines de octubre. Pero es un momento de quiebre en el caso porque el Estado tiene que realmente avanzar en lo que significa el cumplimiento del informe de fondo de la Comisión, que lo obliga a trabajar en la delimitación, demarcación y titulación colectiva de las 400 mil hectáreas a favor de las comunidades indígenas. De realizar obras para trasladar a las familias criollas fuera del territorio indígena. En la medida que no haya un avance sustancial en esos dos puntos, puede haber una definición importante”.

“Si el caso pasa la Corte, Argentina puede ser condenada internacionalmente por incumplir con sus obligaciones para con las comunidades indígenas de Salta y en particular con lo que significa el resguardo y la garantía de la propiedad comunitaria de las comunidades que tienen derecho a un territorio titulado colectivamente y que no tengan interferencias ni esté ocupado por otras personas que no sean los integrantes de las comunidades indígenas para que puedan llevar adelante su forma de vida tradicional”, dice Kletzel y agrega que la condena implicaría que la Corte Interamericana determine “que existió una violación de derechos que debe ser reparada y puede implicar una cantidad de medidas que el Estado tenga que ejecutar en el marco de una sentencia”.

Postergación histórica

Las tierras están al sur del río Pilcomayo, en el departamento Rivadavia. Allí viven unas quince mil personas dentro de las 71 comunidades. Tal como resume el CELS, la Asociación busca desde 1983 que el Estado le otorgue un título único de propiedad sobre las tierras en las familias viven ancestralmente. El 4 de agosto de 1998, con la representación del CELS, se presentó una petición ante la CIDH por la falta de reconocimiento legal del territorio, la construcción de obras y la exploración de hidrocarburos en el territorio sin respeto de los estándares internacionales sobre consulta previa, libre y obligatoria y la tolerancia estatal a que pobladores criollos instalen cercos y alambrados, talen árboles de manera ilegal y realicen pastoreo de ganado en ese territorio, entre otros problemas. En octubre de 2006, ante la falta de respuestas por parte del Estado argentino, la CIDH admitió el caso. En 2012, la Comisión emitió el Informe de Fondo 2/12 donde advirtió al Estado sobre la violación a los derechos territoriales de las comunidades y le recomendó que demarque, delimite y titule a nombre de Lhaka Honhat el territorio donde habitan, que tome medidas para protegerlo, que elimine los alambrados y cercas en el territorio, que controle la deforestación y que cualquier futura obra de desarrollo dentro del territorio de la comunidad tenga una consulta previa e informada, estudios de impacto ambiental y otorgue los beneficios derivados. En 2014, el gobierno de Salta a través del decreto 1.498/14 transfirió la titularidad de 400.000 hectáreas a Lhaka Honhat y de 243.000 hectáreas a familias criollas. De esta manera, el Estado reconoció la titularidad territorial de las comunidades de Lhaka Honhat. La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) fue constituida como la encargada de demarcar y delimitar el territorio indígena y relocalizar a las familias criollas en territorio no indígena.

Pero, como informa el CELS, todavía quedan importantes asuntos pendientes: no se terminó la demarcación y delimitación de la totalidad del territorio indígena; no se ha hecho pública la composición actual de la UEP ni su presupuesto; no se acordó la relocalización de todas las familias criollas ni se generaron condiciones para que puedan ser relocalizadas; no se tomó ninguna medida para combatir la tala ilegal de árboles ni el levantamiento de cercas y alambrados en el territorio indígena.

Falsas esperanzas

“Hay varias cosas que el gobierno se comprometió y no ha cumplido. Iban a frenar la tala de madera pero hasta ahora no han frenado nada. Sigue como en el 2009, 2010. Nosotros hemos pedido para que se frene esto. Consiguieron tractor, casillas rodantes para hacer el control, motocicletas para que la Policía haga control, y nunca se hizo. La Municipalidad ocupó el tractor para hacer trabajos, incluso para sacar madera para ellos, para beneficio de ellos”, asegura Rogelio Segundo, y agrega que hay “empresarios que son de Tartagal” involucrados en la venta de maderas. “En la zona nuestra no hay empresarios, pero son gente criollas del lugar que acopian la madera para pasar a fincas privadas y desde las fincas privadas ya van al comprador de Tartagal”, explica.

“Hay muchos intereses en juego y Lhaka Honhat ha tenido mucha paciencia, pero el Estado lo que seguro no está atendiendo es a los intereses de las comunidades indígenas”, agrega Kletzel, y explica: “Lo principal tiene que ver con garantizar efectivamente que las comunidades puedan gozar de su territorio tradicional y para eso debe delimitarse y demarcarse el territorio, que en un total de 643 mil hectáreas, las comunidades decidieron que 400 mil les corresponden y 243 mil corresponden a las familias criollas. Pero hay que terminar de definir los límites de ese territorio, demarcarlo, titularlo en un único título colectivo a nombre de todas las comunidades y después tiene que haber una serie de medidas vinculadas con impedir que se instalen nuevas cercas en el territorio, con impedir la tala ilegal y con cuestiones que tienen que ver con la reparación histórica de todo lo que no se ha hecho todos estos años en el territorio”.

La abogada finaliza asegurando que el Estado nacional es quien debe responder, principalmente, ante una denuncia internacional. “Pero como esto ocurre en la provincia de Salta tiene que haber una articulación y una corresponsabilidad entre la provincia y la Nación para ejecutar lo que puedan hacer. Ojalá que no lleguemos a esa instancia pero lo que siempre quisieron las comunidades es poder encontrar una solución a esto de un modo dialogado. Pero hace cinco años que estamos dialogando y no hay avances reales. Existieron algunas acciones que se realizaron y por eso continuamos la conversación, pero son muy, muy insuficientes”, dice.

Por su parte, Segundo se muestra poco optimista: “Tuvimos miles de reuniones, ellos se comprometen. Se comprometen miles de veces pero nunca hicieron nada. Yo siento que vamos a seguir en lo mismo porque no les interesa el tema de las tierras. Si les interesara ya estaría arreglado”.