Renunció Díaz Gilligan tras el escándalo por la cuenta no declarada en Andorra. El subsecretario general de la Presidencia figura como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido.

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó su renuncia al cargo, en medio de la polémica por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.

“A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada”, aseguró Díaz Gilligan en la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis. Fuentes oficiales de la Casa Rosada evitaron adelantar quien será su reemplazante.

El ahora exfuncionario estuvo este lunes unas seis horas en la Casa Rosada, adonde había ingresado a las 10:00 y se retiró a las 16:00, y después de varias reuniones con hombres de la primera línea del macrismo presentó su renuncia a De Andreis.

Se trata del primer funcionario del Gabinete Nacional que deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. De manera, puede pensarse que el Gobierno cambió su estrategia para estos casos ya que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lo mantuvo tras el caso “Sandra” y se retuvo en su cargo al ministro de Finanzas Luis Caputo que tiene una causa similar a la de Díaz Gilligan.

En las últimas horas hubo un cambio de postura en los más alto del Gobierno sobre este escándalo, ya que este domingo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había defendido al subsecretario general de la Presidencia, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron “previo a su paso” por el Ejecutivo y no se trata de “fondos públicos”.

“Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado”, agregó el funcionario saliente en su misiva.

Y finalizó: “Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi agradecimiento por las responsabilidades que tuve a cargo durante este tiempo, manteniendo las convicciones de que nuestro espacio representa la verdadera posibilidad de transformación y desarrollo que Argentina necesita para las próximas décadas”.

Previamente, la Oficina Anticorrupción (OA) había corroborado que Díaz Gilligan no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta en Andorra, en el marco del episodio desatado por una publicación del diario El País de España.

La cuenta estaba a nombre de la sociedad “Line Action”, una empresa de Gran Bretaña dedicada a la intermediación de jugadores, de la que Díaz Gilligan fue representante y accionista. En distintas entrevistas, el exfuncionario había dicho que el dinero que estaba en la cuenta era del empresario Francisco “Paco” Casal.

“A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública, le dije a Paco ´yo salgo´. La cesión tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso”, explicó Díaz Gilligan en un reciente reportaje que le dio a un matutino porteño.

Además de la previsible presión que inició la oposición sobre el caso del subsecretario, también habían surgido reclamos de sectores internos de la propia alianza oficialista, como el caso de Mario Negri, presidente de bloque UCR y del Interbloque Cambiemos, quien pidió la “separación del cargo” de Díaz Gilligan.

En la misma línea, la diputada y dirigente de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto Lago, había reclamado a Díaz Gilligan que dé explicaciones “en la Justicia” y no ante la Oficina Anticorrupción.

Además, el diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade denunció penalmente al subsecretario General de Presidencia por supuesto lavado de dinero a raíz de su participación en una empresa que tenía 1,2 millones de dólares depositados en un banco de Andorra.

El legislador acusó al funcionario nacional ante la Justicia por “la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa”, por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada. La causa quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio, mientras que la instrucción está a cargo de la fiscal Alejandra Mángano.

Fuente: Ámbito