En su andar incierto y cambiante, Urtubey acrecentó la práctica de crear oficinas públicas y designar funcionarios para que las ocupen en medio de un reciclaje perpetuo. La práctica es una seña de identidad de la primera y segunda gestión de Juan Manuel. (Gonzalo Teruel)

 En menos de dos meses, Urtubey creó la Unidad Ejecutora de Autopistas y la Unidad Coordinadora de Parques Urbanos, y designó a varios funcionarios en nuevos y ambiguos despachos gubernamentales como la Coordinación de la Secretaría de Deportes y la Administración Provisoria del Servicio Ferroviario Turístico Interurbano de Pasajeros del Ramal C14 – Tren a las Nubes.

Mediante Decreto 2115 del 21 de julio, Gonzalo Quilodrán quedó al frente de la Unidad Autopistas. A dos semanas de su nombramiento todavía no está claro cuáles son sus funciones y por qué se creó una oficina que se superpone con la Dirección Provincial de Vialidad.

“Quilo” ocupó diversos cargos en la administración de Urtubey y renunció a su última responsabilidad luego de un siniestro vial. “Renunció a su puesto de secretario del Interior luego del fallecimiento de una persona que había atropellado días antes. En un comunicado de prensa, explicó que su renuncia obedecía a un complejo estado anímico y a su vinculación a una causa penal por la muerte de Néstor Milagro López”, informó entonces Cuarto Poder. Repuesto anímicamente, ahora cuida las autopistas.

Una semana después de Quilo, a través del Decreto 2260 del 29 de julio, Diego Valdecantos fue designado administrador provisorio del Tren a las Nubes. El 29 de julio debe ser el día de suerte de Valdecantos: ese día pero de 2013 había sido nombrado director del Centro de Convenciones Salta Sociedad del Estado. A favor de Valdecantos debe reconocerse que tiene un curriculum vitae acorde a la responsabilidad que se le encomendó. Según se informó oficialmente “es licenciado en Turismo, fue gerente de la empresa Andes Líneas Aéreas y cuenta con experiencia en gerencia comercial en complejos turísticos durante seis años en las Islas Canarias, España”.

Línea de 3

Sergio Plaza y Adrián Cuadrado son dos de los mejores futbolistas que dio Salta en las últimas décadas. Alejados del verde césped y con efímeros pasos en la dirección técnica de Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, volvieron a encontrarse bajo la camiseta del gobierno provincial.

Plaza fue designado, mediante el Decreto 1642 del 12 de junio, como secretario de Deportes. Cuadrado, en tanto, quedó al frente del Programa Deporte Federado según Decreto 2115 del 21 de julio. Los dos comparten tareas con Federico Abud.

El caso de este último es paradigmático: renunció a la secretaría de Deportes a través del Decreto 1640 del 12 de junio y ese mismo día asumió -Decreto 1702- como coordinador de esa mismísima secretaría. El decreto de nombramiento de Abud es, además, una extraordinaria prueba del desorden administrativo del gobierno. El encabezamiento dice textual “MODIFICA DESIGNACIÓN EFECTUADA POR DECRETO Nº 570/11 E INCORPORA CARGO DE COORDINADOR DE EMPRENDEDURISMO SOCIAL EN LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA – DESIGNA EN EL CARGO DE COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA DE DEPORTES AL PROF. FEDERICO JAVIER A”. En la primera parte -los considerandos- del doble decreto se designa a Federico Gabriel Kosiner y recién después se decreta la designación de Abud.

 ¿Para qué?, para parques

 Otro polémico decreto es el 2241 del 28 de julio de creación, en el ámbito del Ministerio de Economía, de la “Unidad Coordinadora de Parques Urbanos de la provincia de Salta”.

Según se desprende del instrumento legal, su área de incumbencia será el Parque del Bicentenario que se abrirá en los primeros meses de 2015 y los otros que pudieran crearse a futuro -el decreto menciona un parque en la zona sudeste a ser emplazado en Barrio Fraternidad y un espacio recreativo en el Barrio San Francisco de la zona sur a cargo del IPV- para esparcimiento a la comunidad. “Que en base a la planificación existente, una vez que los parques sean abiertos al público, van a prestar diferentes tipos de servicios y van a requerir de mantenimiento, por lo cual resulta necesaria su contratación con antelación”, reza el decreto en una inusual anticipación por parte del gobernador y de sus colaboradores Carlos Parodi y Ramiro Simón Padrós que lo refrendan.

La Unidad Coordinadora de Parques Urbanos está constituida pero a la fecha no tiene un funcionario responsable ni empleados a cargo.

Para todos y todas

Un rápido repaso por las últimas ediciones del Boletín Oficial entrega dos decretos más que merecen ser destacados. La designación –Decreto 2241 del 28 de julio- de Bárbara Giselle Paterson en el cargo de directora de Políticas Sociales para Personas con Discapacidad. Hasta el momento, Paterson había ocupado puestos menores establecidos bajo “contratos de locación de servicios” y “designaciones temporarias” en el ámbito de la secretaria de Igualdad de Oportunidades.

El progreso de Paterson tiene correlato con el de Ignacio Racioppi Reyes que por Decreto 2212 del 28 de julio y “en mérito al incremento y mayor responsabilidad de las tareas encomendadas” recibió una revisión y considerable mejora del salario que percibe como subsecretario de Financiamiento.

Racioppi Reyes es un fiel colaborador del ministro de Economía, Carlos Parodi, y el año pasado quedó envuelto en el escándalo por las casas de Lomas de Medeiros. En aquella oportunidad perdió y se quedó sin casa, ahora ganó y tiene un mejor sueldo.

Una política de Estado

 El reciclado de funcionarios es una práctica habitual en la gestión de Juan Manuel Urtubey: nadie, o casi nadie, se va a casa. Por más que el gobernador considere que es necesario despedir a un colaborador, los funcionarios públicos que abandonan sus cargos encuentran siempre refugio en algún otro despacho gubernamental. Un buen ejemplo de ello es el de Francisco López Sastre que al abandonar la Secretaría de Ambiente encontró cobijo, por ejemplo, en la Escuela de Administración Pública manteniendo una remuneración igual a la que percibía como Secretario de Estado. Esta práctica es permanente.

Los funcionarios pasan de un despacho a otro y de un poder al otro sin solución de continuidad. Cuarto Poder abordó el asunto hace ya más de 2 años en un provocativo artículo titulado “No se preocupen… cabemos todos” en el que se anticipaba el paso de Maximiliano Troyano a una Fiscalía Penal tras su triste paso por el Ministerio de Gobierno. En efecto, Troyano ocupa hoy una Fiscalía. Lo mismo que otros ex funcionarios del área de Seguridad como Gabriela Buabse, Federico Jovanovics y Pablo Paz.

 Otros jóvenes urtubeicistas tuvieron la misma suerte. Federico Posadas, por ejemplo, fue desafectado de Ministerio de Turismo y Cultura en diciembre del 2011 y pronto se le inventó otro cargo: el de Director de la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta. En idéntico puesto estuvo también Gonzalo Quilodrán.

Al ex Ministro de Salud, Gabriel Chagra Dib, también se le encontró conchabo y fue designado al frente de la intervención del Instituto Provincial de Salud de Salta. Los ex ministros de Trabajo, Rubén Fortuny y Nora Giménez, tuvieron un derrotero similar y pasaron a desempeñarse dependencias nacionales con asiento en Salta. El “gordito picarón” encabeza la Unidad de Coordinación del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario -ProCreAr- y Nora el RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Otros ex ministros, los de la Producción, Julio César Loutaif y Alfredo De Angelis, ocupan oficinas en el flamante Consejo Económico y Social.

La lista de funcionarios reubicados por Juan Manuel Urtubey es infinita pero tiene por caso paradigmático el de Antonio “Gringo” Marocco que abandonó la responsabilidad de Ministro de Gobierno en mayo de 2009 y, poco tiempo después, fue designado Coordinador General de Asuntos Políticos de la Gobernación con igual remuneración a la de ministro.

 La lista sigue y sigue y es casi imposible encontrar un funcionario que después de su paso por el gobierno haya vuelto al llano. “Los nombres y los casos podrían seguir, pero el listado no haría modificar una sensación cierta: la política, en Salta, tiene nombre y apellido”, concluía aquel artículo de Cuarto Poder de junio de 2012. Nada cambió desde entonces.