La ex ministra Marianela Cansino conocía las falencias que existían en la Dirección de Niñez y Familia. No hizo nada para cambiarlas. Las trabajadoras que le habían advertido de las posibles consecuencias fueron condenadas anoche por la muerte de Thiago. Cansino sigue bajo el cuidado oficial.

Al momento de la muerte de Thiago, en julio de 2015, Sistemas Alternativos, el subprograma que asistía al menor y que dependía de la Dirección General de Niñez y Familia de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos, contaba con cuatro profesionales para atender a 160 chicos distribuidos en distintos lugares de la provincia. Un promedio de 40 personas por profesional.

Sistemas Alternativos contaba con “reducido personal” desde 2013. “Desde el subprograma se realizaron acciones y medidas paliativas que son a corto plazo y con desgaste de los adultos responsables, ya que la problemática de base -económica y de recurso humano- no depende de este subprograma. Es necesario tomar medidas reales y efectivas para garantizar el adecuado funcionamiento de los dispositivos, ya que de continuar con la problemática del recurso humano, es imposible continuar sosteniendo los Pequeños Hogares”, aseguraba un informe remitido a fines de junio de 2015 a la entonces ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino.

Otro subprograma, el de Centros de Inclusión Transitoria (CIT), asistía a 105 niños, niñas y adolescentes a cargo de 15 profesionales.

Cinco hogares sobrepasaban su capacidad. Ninguno tenía un responsable institucional. El promedio general era de 7,13 chicos por profesional. En el Hogar Cuna, donde había 35 niños entre 0 y 6 años, el promedio era de 14/1.

Los ocho CIT contaban con 84 operadores repartidos en tres turnos, los siete días a la semana, durante las 24 horas. “Se considera necesario contar con más agentes por dispositivo para dar respuesta y no alterar el normal funcionamiento del mismo. Se hace notar que los CIT deberían contar con 42 operadores por turno, por lo tanto, se requiere un total de 126 operadores”, decía el mismo informe remitido a las autoridades del Ministerio.

El subprograma Centros de Desarrollo Infantil (CDI) asistía a 2374 chicos de seis meses a cuatro años de edad en los 35 CDI de toda la provincia. Los profesionales designados para trabajar en los 3 equipos técnicos que los asisten eran siete.

De 2314 causas presentadas en el programa Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 1504 habían sido respondidas por los 8 profesionales encargados. 810 habían quedado en la nada. Cada trabajador había atendido un promedio de 188 casos durante el segundo semestre de 2014.

El programa Fortalecimiento Familiar no contaba con vehículo propio para poder cubrir todos los casos del territorio provincial. Entre el 27 de febrero y el 2 de junio de 2015 hubo 52 casos sin abordar por falta de movilidad.

Otro informe interno del Ministerio de Derechos Humanos, fechado en mayo de 2014 y, al igual que el de junio de 2015, elaborado a partir de los datos recogidos por las trabajadoras que luego fueron señaladas como responsables de la muerte de Thiago, aseguraba:

Fortalecimiento Familiar había recibido 806 solicitudes de intervención durante el primer cuatrimestre de 2014. El 62% de las 806 causas fueron respondidas: 503 casos que fueron abordados por 8 profesionales, un promedio de 62,88 cada uno. El informe aseguraba que para poder cumplir con las 303 causas que quedaron sin responder hubiera sido necesario casi duplicar la cantidad de personas a cargo.

El programa CDI en ese momento asistía a 2704 niños distribuidos en 50 CDI, un promedio de 54 chicos en cada uno. El promedio era de 4,5 CDI por cada uno de los 11 profesionales.

En los 15 CDI del tipo Institucional se encontraban 986 chicos, 10 jefes, 146 recursos humanos y 13 vacantes (“que son necesarios cubrir de manera urgente”, la mayoría en Orán y La Merced).

El análisis de los CIT mostraba sobrepoblación de niños en tres de ellos. Además, se constataba que ninguno tenía un responsable institucional designado. El informe sugería su incorporación.

En cuanto al subprograma Sistemas Alternativos, el informe aseguraba que existían 4 profesionales (que fueron apartadas tras la muerte de Thiago) para 107 chicos entre 0 y 17 años, un promedio de 26,75 personas a cargo de cada profesional. “El programa requiere la incorporación de profesionales para brindar una atención más personalizada en cada caso”, indicaba el texto.

Anoche, los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio condenaron Lorena Alejandra Recchiuto, María del Huerto Vargas y Yaqueline Mónica Rosas a prisión condicional, inhabilitación para ejercer sus profesiones y para trabajar en la función pública.

Las tres habían advertido, a través de los informes remitidos a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, de la falta de recursos, la imposibilidad de trabajar y las consecuencias que podrían desencadenarse. Nunca fueron escuchadas.

Hoy las colegas y los colegas de las trabajadoras condenadas tienen miedo. Saben que la falta de gestión continúa y que las consecuencias pueden caer en sus espaldas.

Cansino no fue llamada a declarar en el juicio y hoy continúa en las áreas del gobierno. Trabaja con perfil bajo en el Ministerio de Salud.