La multinacional Foxter S.A. avanza violentamente deforestando, levantando los alambrados y liberando los animales de las familias ancestralmente de la Quebrada del Toro, según afirman miembros de las comunidades de la zona. (Aníbal Roldan)
Otra empresa aparece denunciada por intentar desalojar a pobladores. Se trata de la multinacional Foxter SA, denunciada por los pobladores de la Quebrada del Toro que aseguran sufrir cada vez más violentos intentos de desalojos.
En el curso de la última semana la denuncia tuvo mayor resonancia ya que las comunidades de la zona impulsaron asambleas y visitaron la Cámara de Diputados y el Concejo Deliberante de Quijano para que los legisladores tomen notoriedad del asunto.
También conocida como puerta de ingreso a la Puna, la Quebrada del Toro tiene un valor patrimonial invaluable para Salta. La majestuosidad de sus paisajes, su riqueza arqueológica y la hospitalidad de sus pobladores, que por cierto gran parte de ellos son campesinos ancestrales de la zona, forman parte del panorama idílico con el que se encuentran viajeros y curiosos al pasar. Sin embargo, por atrás de esto, un problema empieza a fermentar; ocurre que intereses económicos de terratenientes y mineros han puesto su atención en el lugar, produciendo tales transformaciones en el ambiente que afectan la cultura, el paisaje y generan temor en los habitantes autóctonos.
La empresa Foxter es denunciada por romper sus alambrados, matar el ganado, desviar arroyos de riego y talar árboles indiscriminadamente en la zona, con el agravante de que no abundan. La firma tiene existencia real y figura en Inmuebles como la propietaria de una zona importante de la Quebrada del Toro: la Finca El Gólgota. En su territorio se realizan explotaciones mineras. Esto según se desprende del edicto de minas publicado en el Boletín Oficial 19.678 del 9 de diciembre de 2015.
“Mediante mentiras y metiendo miedo, le hicieron firmar documentos a las abuelitas para que le reconozcan la propiedad de las tierras de Foxter”, contó a este semanario Manolo Copa, poblador de la zona. Cobre, Plata y Vanadio son algunos de los minerales diseminados que han despertado la atención de más de un inversor internacional y que ponen en alerta a los lugareños, ante la posibilidad de sufrir una completa modificación de su hábitat –proceso que como quedo dicho, ya empezó.
“nunca se habían llegado a tanto”, opinó Manolo Copa, referente de la Quebrada y señaló que “es común cada un par de años que vengan gente externa a fingir ser dueños de la tierra”.
Las comunidades hicieron una numerosa asamblea este martes 11, en el paraje de Incamayo, junto al Concejo Deliberante de Quijano que sesionó en el lugar. También se hicieron presentes funcionarios del ministerio de Asuntos Indígenas y los diputados Arturo Borelli (PO) y Nicolás Taibo (PJ). En la reunión se escucharon muchos reclamos no sólo contra la empresa. Denunciaron que luego del alud de marzo no recibieron ayuda. Que no se realizaron obras para garantizar agua o encauce de río. Y más grave aún: reclamaron que desde el mismo gobierno se retacean las vacunas para el ganado. Cabe recordar que hablamos de una zona como Incamayo en la que el alud dejó sin producción ni pertenencias a los productores; a casi un año, las obras comprometidas desde recursos hídricos no llegaron: “Una pequeña lluvia basta para que la gente deje su trabajo y huya despavorida de sus tierras”, dijo entre lágrimas una conmovida oradora.
En la asamblea se resolvió pedir a la Legislatura la expropiación de la zona para darla en entrega a sus históricos pobladores -hablamos de 23 comunidades de alrededor de 50 familias cada una. Manifestaron también que no pueden seguir esperando los lentos pasos de la ley nacional 26.160, mediante la cual se los había censado hace algunos años pero que nunca había resuelto su problema de propiedad. Los funcionarios de Asuntos Indígenas manifestaron que para otorgarle la propiedad sería necesaria una Ley nacional, a lo que el diputado Borelli respondió que la misma no era necesaria y de lo que se trataba “era de exigir al poder político que tome una medida como la expropiación, que es válida y ya se ha implementado en otros casos”. Con el voto positivo de todos los concejales de la zona se arma un proyecto de declaración a favor de la expropiación, deberemos ver entonces si la Cámara de Diputados recoge el guante.
Finalmente la asamblea resolvió pelear por una expropiación en la legislatura, al tiempo que exige a los poderes del Estado para que los defiendan contra la violencia de una empresa que viene actuando con total impunidad, contando con la pasividad de la Justicia y la policía. En ese sentido no fueron pocos los oradores que hablaron de un pacto entre la empresa y el Estado para proceder en un negocio millonario de explotación minera y apropiación de tierras. Para colmo, esa misma noche la Cámara de Diputados votaba el levantamiento de la suspensión de desalojos campesinos para diciembre de este año. Si bien las comunidades son originarias, medidas como esta sin dudas significan un mal augurio para todos los pequeños productores de Salta, sean criollos u originarios.
