La lupa puesta en acciones de gobierno no puede aplicarse de manera parcializada, como es el caso de Fundara, ya que desdibuja cualquier interés por modificar una realidad que fue negada, y todavía duele. Se requiere más acción y menos política para equilibrar la balanza y brindar mejores condiciones de estudio a docentes y alumnos.

Desde la fundación que preside la diputada provincial Bettina Romero -FUNDARA- se dio a conocer un informe bajo el título “El ajuste se siente también en las escuelas”. En él se alerta sobre el monto cada vez más bajo que destina el gobierno provincial para el acondicionamiento de los edificios escolares salteños.

La entidad explica que “la calidad educativa no solo tiene que ver con el nivel de enseñanza sino que implica también muchas otras dimensiones, una de ellas y de vital importancia aquí tiene que ver justamente con el funcionamiento de las Instituciones educativas. No brindar las condiciones necesarias en este aspecto dificulta muchas veces la culminación de los ciclos académicos”; y enuncia de manera reflexiva: “Es claro que invertir en infraestructura y mantenimiento debe ser una prioridad para cualquier gobierno de turno y ésta debe hacerse de manera eficiente para asegurar el bienestar y el desarrollo social de la población”-.

Si bien la Fundación para el Análisis y la Reflexión de la Argentina se presenta ante la sociedad como “una institución privada, sin fines de lucro que impulsa investigaciones socioeconómicas y estudia la realidad de las regiones de nuestro país promoviendo el diálogo y el análisis de políticas públicas” cuyos socios “pertenecen al ámbito académico, profesional y empresarial, con un fuerte compromiso cívico y social para con nuestro país”, sus informes basados principalmente en temas de problemáticas sociales, han servido en tiempos electorales al sector político al que pertenece su presidenta -el “romerismo”- para desnudar realidades poco gratas para el sector gobernante, del cual se han constituido como oposición.

De hecho, en la sede de la Fundación, se han llevado adelante acciones políticas partidarias como lo fue el Segundo Foro de Concejales de “Salta Nos Une”, donde se pudo escuchar al exgobernador Juan Carlos Romero dirigiéndose a los presentes; o una conferencia de prensa encabezada por los recientes diputados Julio Moreno, que preside la bancada, Bettina Romero, Guillermo Martinelli, Mario Ávalos, Silvia Varg, Ricardo Diez Villa y Kuldeep Singh, esto fue en diciembre pasado, ocasión en la que el bloque político se quedó sin autoridades en la Cámara baja provincial, entre otros ejemplos.

De más está decir que aunque existiera veracidad en los análisis que se difunden a través de la Fundación (no se ponen en dudas), se debe tener en cuenta el contexto en el que se presentan, y la referencia política partidaria de la misma.

Menos fondos
Dice el informe de Fundara que “el deterioro de las Instituciones educativas en la provincia es el resultado de la burocracia del Estado, de la falta de conciencia de los alumnos a la hora de cuidar las instalaciones (vidrios y pupitres rotos, paredes escritas, etc.) y de la comunidad que comete actos vandálicos (destrucción de vidrios, ralladura de paredes externas, robo, etc.).

Y a continuación detalla: “Cada año el gobierno de la provincia destina fondos para trabajos de reacondicionamiento y puesta en marcha de los edificios educativos. Para este 2018 destinó la suma de $24 millones de pesos, lo que implica una caída del 8% en relación al monto destinado el año anterior ($26 millones de pesos)”.

“Entre 2017 y 2018 el número de escuelas a acondicionar disminuyeron en 60 (1.077 en 2017 y 1017 en 2018), suponiendo que el número de escuela en este año fuese el mismo que el año anterior y se le asignara un monto mayor a cada una ellas ($32.400), entonces la suma para 2018 tendría que haber sido de aproximadamente $27 millones, lo que implicaría un aumento del 5% de un año al otro. Por otro lado, considerando la inflación del 2017, el monto para el vigente año debería haber aumentado mínimamente un 24,8% para impedir que las escuelas vean disminuido su poder adquisitivo”, destaca el documento que va un par de años más atrás y asegura que “Analizando el periodo 2013-2018 se observan aumentos hasta 2015 y a partir de allí un claro declive de los fondos.

En 2015 (año electoral) aumentó un 239% (esto sin contar que en el mes de julio se destinó una suma de $8 millones para el mismo fin), en 2016 cayó un 29% (la inflación fue del 40,3% siendo la más alta del periodo considerado), en 2017 disminuyó un 36%”.

Finalmente reflexiona Fundara que “en los últimos tres años los fondos destinados a acondicionar las escuelas, previo al inicio de clases, no solo disminuyeron en términos nominales sino que la inflación registrada en cada periodo no fue considerada a la hora asignarlos. El desafío seria mínimamente permitir que las escuelas no pierdan ante la inflación, que la burocracia estatal sea más eficiente tanto en el corto como en el mediano plazo y por último es importante la sensibilización por parte de la comunidad en general en el cuidado de los espacios escolares”.

La paja en el ojo ajeno
Desde el gobierno provincial se anunció que la inversión en mejoramiento de los edificios escolares supera los 850 millones de pesos. El monto incluye un fondo de acondicionamiento para las escuelas antes y durante el inicio de clases, de $23.985.000.

También las escuelas técnicas tienen un fondo nacional gestionado por la Provincia que asciende a los $8.064.000. A esto se sumaron este año 18 millones de pesos para escuelas afectadas por las inundaciones.

Paralelamente, a través de las cooperativas se realizan trabajos de desmalezamiento, limpieza de tanques, entre otros trabajos por un monto de $1.750.000.
Destaca el gobierno provincial que en 2017 se terminaron 57 obras por un total de 257 millones de pesos y en el 2018 se encuentran en ejecución 91 obras por 803 millones de pesos. ¿Alcanza? Nunca!

A todo esto, la deuda del Estado provincial que pareciera no efectivizarse más pese a las incesantes promesas, es la erradicación de las “escuelas rancho” a lo largo del territorio.
Y es ahí donde nos plantamos nuevamente, frente al parcializado informe de Fundara que analiza exclusivamente los años de gestión de Juan Manuel Urtubey respecto a la inversión en edificios escolares. Y como dudar no es lo nuestro, preferimos pensar que no existe información de la gestión anterior para constatar.

Puede que las cifras oficiales de la gestión de 12 años de Juan Carlos Romero no estén disponibles para realizar una comparación y deducir cuál de los dos gobernantes ha priorizado más o menos la educación pública y el bienestar de los alumnos y docentes, pero la memoria no falla. Y es que durante el gobierno del padre de la diputada sobre el cual manifiesta sentirse orgullosa, se negó directa y sistemáticamente la existencia de las “escuelas rancho” en la provincia, un tema que hería la sensibilidad del entonces mandatario ante cualquier pregunta inoportuna de algún arriesgado novillero que indagaba sobre la cuestión. En esas ocasiones, un Juan Carlos Romero visiblemente ofuscado se ocupaba de poner en caja al “desubicado” recordándole que en la provincia de Salta, no existían “escuelas rancho”.

Pero como las mentiras tienen patas cortas, con el cambio de gestión, ahora en manos de su ex alfil Juan Manuel Urtubey, las 70 “escuelas rancho” comenzaron a brotar como por arte de magia, extendiéndose por los departamentos de Rivadavia, San Martín, Iruya, Anta, Orán, Santa Victoria y Rosario de Lerma.

Si de la negativa sobre su existencia a la realidad de setenta establecimientos educativos en condiciones precarias que se prometió erradicar, pero no tan rápidamente como la ocasión lo amerita ya que según confesó la propia ministra de Educación Analía Berruezo, todavía quedan 30 escuelas precarias funcionando.

De la negativa total de Juan Carlos Romero, que es pasada por alto en el informe de Fundara, al reconocimiento y lentitud en la acción de Juan Manuel Urtubey. Hablamos entonces de dos gobernantes que sumarán 24 años de gestión, en las que la existencia de “escuelas rancho” diseminadas en distantes parajes rurales, dan una cabal radiografía del estado precario en el marco de la educación pública de la provincia porque ahí donde menos se ve, más grande es la mano infame de la desidia.