Municipalidad mezclada con anarquía o monarquía -elija el lector- sería una manera pertinaz de caracterizar lo que sucede con la gestión de Daniel Moreno. El último informe de la AGP pone al descubierto incongruencias contables, obras públicas vidriosas, flexibilización laboral y evasión fiscal. (Franco Hessling)
El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, queda en medio de una situación incómoda tras un reciente informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP) en el que se hace énfasis particularmente en los manejos discrecionales de las partidas y, sobre todo, en las facturaciones y registros en torno a la obra pública, concepto que representó un 26% de los gastos durante el ejercicio analizado.
El documento publicado por el ente de control a principios de este mes, que analiza los comportamientos financieros del municipio vaquereño durante 2012, afirma que “en el rubro Obras Públicas no se dispone de la documentación correspondiente”. Enumera ausencias de legajos técnicos, pliegos de condiciones, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, croquis, planos, cómputos y presupuestos. Debido a ello, la aplicación de los procedimientos y pruebas de auditoría se vieron “limitados, parcial o totalmente”.
Sobre una cuenta total que ascendió a $11.558.352 durante todo el año, el organismo de control estima que para el citado rubro, en el que hubo escollos para auditar por incumplimiento de documentación, se erogaron $3.050.882,94. Fue el segundo concepto en el que más se facturó, sólo detrás de los gastos en personal que representaron $4.966.853,65.
La entidad que realizó el informe seleccionó, limitada por la falta de papeles, ocho obras para analizar de manera pormenorizada: drenajes del río Las Nieves (300 mil pesos); encauzamiento de ríos (492 mil pesos); encauzamiento, limpieza y defensa del arroyo El Chaile (310 mil pesos); recova para el sector comercial de Vaqueros (299 mil pesos); ampliación de viviendas (253 mil pesos); ampliación de aulas de la escuela Camino del Inca (250 mil pesos); cordón cuneta en calle Güemes (296 mil pesos); y recambio del alumbrado público (347 mil pesos).
En ninguno de los ocho expedientes tomados en cuenta se realizó licitación pública para la contratación de constructoras. En algunas hubo contrataciones directas y en otras directamente no se conoce el modo en que se seleccionó a las empresas que ejecutaron las acciones. En el aspecto técnico, el análisis deja al descubierto retrasos en los plazos establecidos, en los materiales utilizados y en el cumplimiento cabal de las planificaciones previas.
De modo general, el informe publicado este mes plantea que “no consta que se hubiese implementado un sistema para ordenar y archivar la documentación correspondiente a la gestión realizada en la ejecución de las obras, tanto la relacionada con el comitente estatal como la relacionada con los contratistas propios del Municipio”. Se detalla que, amén de las inspecciones oculares que pudiera hacerse, no hay constancia de las actas de trabajo diarias que deben realizarse para cualquier obra pública.
Manchancho contable
Las observaciones de la AGP también calaron en la cuestión contable, principalmente porque la gestión de Moreno, como la mayoría de las haciendas estatales, realizó modificaciones en el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante. Contrariando la transparencia que demandan este tipo de acciones, el intendente obró esas decisiones sin dejar constancia alguna en los asientos oficiales de las finanzas vaquereñas.
«No se emitieron resoluciones por la totalidad de transferencias, modificaciones y/o reasignaciones de partidas presupuestarias realizadas en el ejercicio 2012. Las resoluciones de modificación de partidas deben ser emitidas al momento de ocurrencia de cada una de las causales que dieron origen a las modificaciones presupuestarias», resalta la auditoría.
El presupuesto original era de $11.185.912, se ampliaron partidas por $413.334, totalizando una cuenta de $11.599.246. Finalmente, se ejecutaron $11.558.352, es decir, $40.894 no fueron registrados aunque habían sido incorporados como caudales durante el ejercicio del período analizado.
Los especialistas que elaboraron el documento afirman: «Los libros y estados contables emitidos por el Sistema informático no son encuadernados una vez finalizado el ejercicio, ni foliados y rubricados, como formalidades necesarias para evitar adulteración, falseamiento, sustitución o agregados».Además, denuncian que el municipio no cuenta con un sistema contable, financiero y patrimonial integrado.
Flexibilización y evasión
Otro aspecto que destaca en el informe, que al igual que al anterior no es exclusivo de la gestión de Moreno, son las condiciones de los trabajadores municipales. De acuerdo a lo observado, la comuna vaquereña subemplearía personas para funciones que ameritarían la contratación efectiva. Ello sin considerar las tercerizaciones para ciertas actividades específicas como la ejecución de obra pública.
Como se dijo, los gastos en personal fueron los más elevados, treparon prácticamente a cinco millones de pesos. La municipalidad cuenta con 122 trabajadores, de los cuales solamente 37 se encuentran en planta permanente, otros 15 corresponden a la planta política, 24 son considerados personal transitorio y 46, la mayoría, están contratados.
La AGP concluye que “el ente auditado incumple con el artículo 10 de la Ley Nº 6068, que dice ‘Casos de Contratación’: el personal contratado será destinado exclusivamente a la realización de trabajos que, por su naturaleza o duración, no pueda ser efectuado por el Personal Permanente”. Como se indicaba, Moreno contrató a empleados sin garantizarles estabilidad laboral para que ejecuten tareas por las cuales debieran ser considerados trabajadores en planta permanente.
Paralelamente con ello, el ente de control enfatiza en la falta de registro de los contratos en la Dirección General de Rentas, que se traduce en el impago del impuesto a los sellos, una deliberada evasión fiscal. Tampoco se asentaron los contratos en los archivos propios de la municipalidad, no se emitieron las resoluciones correspondientes ni se especificaron las tareas que desempeñaría cada empleado.
AGP corriendo la tortuga
El lector perspicaz se interrogará sobre el desfase entre la publicación del informe, a principios de este mes, y el período analizado, 2012. Situación, por lo demás, que sucede constantemente con las elaboraciones que realiza la AGP. En primer lugar, conviene remarcar que esa contante obedece a que las presentaciones de documentación solicitadas por la AGP a los entes auditados se extienden más de lo normal, considerando que lo normal sería hacer las cosas en términos jurídicos y contables como dicta el marco legal. Como eso no suele suceder, puede constatárselo revisando las conclusiones de prácticamente la totalidad de los informes de la AGP, los auditados improvisan excusas y generan dilaciones para ir subsanando sobre la marcha aquellas falencias en el cumplimiento del contexto normativo.
En segundo lugar, una vez que extendieron al máximo de sus posibilidades esas dilaciones, los entes auditados reciben devoluciones paulatinas por parte de la AGP a los fines de ir complementando la información de la que se carece. Esa ida y vuelta burocrática, entre notas, respuestas, pedidos y descargas, demora la publicación de los informes definitivos.
