La empresa Borax Argentina S.A dejó historias en Campo Quijano. Acá nos adentramos en la lucha de un grupo de trabajadores que hace once años levantó banderas por sus derechos sindicales. Corajudos en un pueblo que acostumbra a hacer la vista gorda sociales, se enfrentaron al poder de turno. (Claudio Yapura)
Campo Quijano, el pueblo que es noticia por la belleza de sus paisajes para los cientos de visitantes cada fin de semana, también es codiciado por empresas en busca del lucro desde hace más de cincuenta años. Así lo indican la presencia de Borax Argentina S.A, añeja empresa parasitaria que gozó de los mejores años de quijaneños, y también la minera Santa Rita S.R.L., anteriormente con otros nombres, emplazada hace veinte años.
Un ataque reciente a gran parte del patrimonio natural de Campo Quijano también lo protagonizó la empresa multinacional Foxter S.A, que luego de toparse con la resistencia de más de 23 comunidades originarias organizadas de La Quebrada de Toro dejó en stand by sus pretensiones. Los vínculos que Borax Argentina actualmente mantiene con el poder político demuestran cómo avanzaron contra derechos sindicales de trabajadores y diferentes formas de “vender progreso” durante décadas de explotación natural y social.
Instalada hace más de 50 años en Campo Quijano, y con anterioridad en el salar del Hombre Muerto -Mina Tincalayu, en la Puna salteña- el mineral explotado principalmente es el bórax y entre otras especies, kernita, tincalconita, ulexita, inderita y kurnakovita, ezcurrita, ameghinita, rivadavita y aristarainita, todas ellas boratos de sodio, calcio o magnesio. Borax Argentina S.A gozó del resguardo del poder político de turno y de la bendición de los habitantes del Portal de los Andes.
Desde sus inicios perteneció a capitales ingleses, en los noventa fue adquirida por una firma canadiense y finalmente, en septiembre de 2012 la firma australiana Oro-Cobre la adquirió por la suma de 8,5 millones de dólares. Para ese año producía 35.000 toneladas anuales de productos químicos derivados del boro. A mediados del año 2013 la empresa trasladó gran parte de su planta a Tincalayu, pues en la Puna podría aprovechar los avances del gasoducto. Actualmente la empresa tiene gran parte de su planta en Los Andes y entonces la pregunta se impone ¿hubo progreso en esos gloriosos años en Campo Quijano?
Progreso ¿a cambio de qué?
“Bórax vino a complementar la belleza de esta región, consolidando el desarrollo del pueblo y contribuyendo al progreso de la familia de Quijano”, afirmaba el actual diputado nacional electo Andrés Zottos hace un par de años en el festejo por los 50 años de la empresa. Acompañaba en ese acto Agustín Pérez Alsina, por ese entonces senador nacional, uno de los pocos “abogados mineros” de Salta y fiel defensor de Bórax Argentina en disputas laborales.
En el año 2006 un grupo de trabajadores de la planta de ácido bórico, con una antigüedad de más de 12 años, inició lo que el team gerencial denominó “una revuelta en contra del pueblo” poniendo el eje del discurso corporativo en contra de estos 20 trabajadores. El reclamo obrero era por una anomalía normativa, estaban sindicados por el estatuto químico y fueron presionados por los altos directivos para pasarse al estatuto minero, convenio que no se correspondía con sus tareas de operadores de planta y procesamiento de los boratos con ácido sulfúrico, entre otros químicos de uso industrial. “Si te caía una gota de ese ácido te perforaba los botines”, dice un exempleado.
Ante lo oídos sordos por parte del Sindicato de Petroquímicos y Químicos, y más sordo aún por parte de las autoridades municipales, uno de los trabajadores radicalizó el reclamo en puntos claves que el estatuto minero dejaría sin razón de ser, pues ya no recibirían capacitaciones obligatorias para el sector químico, cobrarían menos por trabajar feriados y dejaba de ser considerado un trabajo insalubre.
Esta pérdida de beneficios achicó el margen de acción de los obreros que en su gran mayoría y bajo presión aceptaron el traspaso al estatuto minero, no así los 20 obreros contrariados. En 2008, luego de dos años de lucha y con el desgaste a favor de la patronal, el reclamo se había convertido en bandera de unos pocos, sin apoyo de compañeros que evaluaron su continuidad en la empresa -becas para sus hijos, transporte, aumentos, etc,- y desistieron.
El Partido Obrero acompañó mediante su referente Claudio Del Plá y unos por entonces jóvenes Pablo López y Julio Quintana. “Ustedes quieren cambiar de estatuto, ¿pero no se dan cuenta de las cosas que la empresa les dio? Sus hijos estudian, las iglesias tienen comedores, pavimentamos calles, todo por nuestra ayuda al pueblo”. Así se dirigía un gerente de la empresa hacia los trabajadores en lucha, según comenta un exempleado en lucha en el 2007.
Éste además comenta: “Desde el 2008 que no trabajo más ahí, ellos (la cúpula gerencial) sabían cómo apretarnos y a quién recurrir. Éramos 170 empleados de planta, 20 estuvimos en la lucha que duró un año y medio. Creo que era una lucha noble, por nuestros derechos, aunque al final algunos se desanimaron y sólo quedamos dos. Nosotros no hablamos de contaminación, ni de enfermedades, sólo queríamos estar en el estatuto que nos correspondía sin que nos quiten los beneficios de ser químicos”
“No sólo estas empresas son una fuente de contaminación, sino que no cumplen con las normas ambientales y de seguridad dentro de las propias plantas y desconocen los derechos laborales como lo están haciendo con estos trabajadores”, declaraba Del Pla en acompañamiento pleno a este puñado de trabajadores.
La cuestión de fondo
El abogado de la empresa, el “Mono” Pérez Alsina, sacó a relucir su afilado lustre político en defensa de Bórax Argentina. No sólo guardaba una estrecha relación con el team gerencial, era allegado del contador Alberto Trunzo, presidente de la empresa, y a su equipo más cercano integrado por el ingeniero Pablo Carraro y el contador Gustavo Aranda. Además, Alsina hacía uso de su sello político como uno de los fundadores del PRS, color político que lo ligaba al intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo.
En su rol de amigo, abogado defensor y jefe político, trancó las aspiraciones de los trabajadores. Luego de haber convencido al 80% de los empleados de la fábrica de los “beneficios” de cambiar de convenio, persuadió al delegado del gremio y gestó a su gusto los pasos para cambiar de estatuto. Lobbista y conocedor de los tejes y manejes en Capital Federal, el “Mono” accedió a largas y amenas charlas con integrantes de la Confederación General del Trabajo, los cuales le extendieron la mano para la decorosa tramoya. En cuestión de meses el convenio que regía en Borax Argentina S. A era el minero. Sin fuerzas para la resistencia obrera, la lucha llegó a su fin en 2008 cuando unos de sus principales hacedores fue despedido. La empresa se ahorraba miles de dólares cambiando de estatuto por encima de los derechos de los trabajadores.
Actualmente gran parte de la empresa se encuentra en Mina Tincalayu. En Campo Quijano dejó piletones con desechos líquidos químicos, un gran montículo de barro detrás de la fábrica y una reducida planta de empleados. Según informes ambientales del Instituto de Ecología y Ambiente Humano de la Universidad Nacional de Salta, contaminación del aire, suelo y aguas. También se le atribuye enfermedades como dermatitis, rinitis, catarro, espasmos, tos irritativa y malformaciones fetales, entre otras. Cabe aclarar que el debate en ciertos aspectos aún debe continuar, será parte de otra entrega de Cuarto Poder.
