Durante este año, las investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad sumaron a civiles que operaron y avalaron el plan criminal que el Terrorismo de Estado llevó adelante durante siete años.
La interminable tarea de reconstrucción de los hechos y la recopilación de documentación aportada por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, permitieron que después de años de impunidad, funcionarios judiciales, profesionales de la salud, empresarios, sacerdotes, y personal de inteligencia civil, sean investigados por la justicia.
La ley sancionada por el Congreso que establece la creación de una comisión bicameral para identificar a los responsables civiles de la última dictadura, será una herramienta más en la búsqueda de la verdad.
Después de 38 años, Marcos Jacobo Levín, se convirtió en el primer empresario sentado en el banquillo por instigar en 1977 el secuestro y las torturas hacia Víctor Manuel Cobos, delegado sindical de La Veloz del Norte, empresa de transporte de la provincia de Salta, propiedad del acusado.
En tanto, la emblemática causa en la que están involucrados los principales directivos de los diarios La Nación, La Razón y Clarín por la apropiación irregular de Papel Prensa lleva cinco años en los escritorios del juez federal Julián Ercolini y hasta el momento ninguno de los imputados fue llamado a declarar, entre ellos Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre.
La investigación en la que se denuncian secuestros, asesinatos y torturas a miembros de la familia Graiver, propietaria de la única empresa nacional productora de celulosa, está orientada solamente a aspectos contables de la operación de venta.
Las causa que investiga secuestros y asesinatos en Jujuy en 1976 durante la conocida ‘Noche del Apagón’ con logística provista por el Ingenio Ledesma, quedó desactivada en marzo luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, presidida por Juan Carlos Gemignani, dictara el sobreseimiento a su dueño, Carlos Blaquier.
El mismo procedimiento utilizó el juez subrogante Claudio Pontet con el propietario del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, al dictar la falta de mérito en la causa que lo incriminaba por el asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, aunque no pudo evitar que en el juicio el tribunal le ordenara publicar la sentencia.
Como materias pendientes de la justicia, resta determinar la responsabilidad de directivos de empresas como Techint, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Molinos Río de la Plata, entre otras, con el secuestro de obreros ocurridos entre 1974 y 1983.
En el ámbito judicial, un fallo histórico reveló la complicidad de funcionarios con el terrorismo de Estado, cuando el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 16 años de prisión al ex juez tucumano Manlio Martínez por delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares y privación ilegítima de la libertad.
En Mendoza, continúa el «juicio a los jueces», un proceso emblemático que refleja la complicidad judicial con el aparato represivo, que tiene como imputados a cuatro ex magistrados: Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recaberren, y que el ex juez federal Rolando Carrizo comenzó en 2014.
La lista de involucrados en delitos de lesa humanidad es mucho más extensa: el ex juez de menores Luis María Vera Candioti es juzgado en la provincia de Santa Fe; en tanto el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi acusado de los crímenes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) comparece en la ciudad de Mar del Plata.
A las puertas del juicio oral están el ex fiscal Roberto Mazzoni y el ex juez Luis Ángel Córdoba en la provincia de Chaco; acusados por los delitos de asociación ilícita en concurso con tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, dado que garantizaban a los represores «que podían actuar sin preocupaciones».
Desde agosto, el ex juez Roberto Catalán es enjuiciado como partícipe necesario en el juicio que tiene como principal imputado al genocida Luciano Benjamín Menéndez, mientras que el ex titular del Juzgado Federal 2 de la Capital Federal, Rafael Sarmiento, está acusado por el secuestro del ex ministro de Economía bonaerense Ramón Miralles en 1977, y la causa continúa en instrucción.
En el ámbito eclesiástico, el ex capellán de la policía hasta el regreso de la democracia, Eugeni Zitelli, está procesado por asociación ilícita y 14 casos de privación ilegítima de la libertad por los tribunales rosarinos.
Muchas de las víctimas lo reconocieron en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de Rosario y se lo recuerda por haber afirmado que «sin torturas no hay información».
El capellán del Ejército durante la última dictadura, Emilio Teodoro Graselli, continúa con pedido de indagatoria a pesar de que el fiscal federal Federico Delgado pidió que se lo cite a declarar por las fichas que elaboró entonces sobre los detenidos desaparecidos luego de recibir información que le daban los familiares de los secuestrados cuando los recibía en la capilla Stella Maris, en el barrio porteño de Retiro.
En los juicios por el robo de bebés, un médico obstetra y los apropiadores de tres niños nacidos en cautiverio fueron condenados a prisión, en tanto que el último veredicto fue el 21 de diciembre la Justicia porteña condenó a los apropiadores y al entregador (el ex comisario Juan Dib) del nieto recuperado 109, Pablo Athanasiu Laschan, quien se suicidara hace poco menos de un año.
Fuente: Telam
