Confirmada la transferencia del gobierno nacional al municipal de la Palúdica, rememoramos el escándalo inmobiliario protagonizado por el municipio en diciembre de 2006, cuando cambió 5 propiedades céntricas por el galpón donde hoy funciona el CCM. (Gonzalo Teruel)
El intendente Gustavo Sáenz, por caso, agradeció en su cuenta de Twitter al presidente Mauricio Macri y a la vicepresidenta Gabriela Michetti mientras que los senadores Juan Carlos Romero, Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore olvidaron viejas diferencias y se felicitaron unos a otros en distintos envíos de prensa.
Romero, Urtubey, Sáenz y Fiore son, más o menos, los mismos que desde hace más de una década deciden el futuro del patrimonio edilicio de los salteños en discutidos proyectos arquitectónicos que, además, esconden tan inconfesables como incomprobables negocios inmobiliarios.
El archivo de Cuarto Poder demuestra cómo casi estos mismos dirigentes participaron por sí o a través de terceros de un cuestionado intercambio de inmuebles (y dineros) para la construcción del Teatro Provincial y del Centro Cívico Municipal entre 2006 y 2007.
Entonces, en las páginas de este indómito semanario un artículo firmado por el periodista Diego Comba reveló como entre Navidad y Año Nuevo de 2006 el Concejo Deliberante aprobó un oscuro convenio que pocos meses más tarde ratificó la Legislatura por el que el empresario Roque Lozano se quedó con 5 edificios más dinero en efectivo y entregó un predio (dónde hoy se erige el CCM) y la Municipalidad y la Gobernación intercambiaron otros catastros y algunos dineros más.
“Lo que se llevará a la práctica es que la Provincia cederá a la Municipalidad el edificio de Florida 62 como parte de pago por la compra del Teatro de la Ciudad (Alberdi 60), más la suma de $2.000.000. Por ende la Provincia se queda con la titularidad del teatro, que es donde se destinaría el millón de pesos destinado en el presupuesto para el teatro provincial. La autorización para el traspaso del edificio de La Florida 62 a la comuna deberá ser tratada por la legislatura, para lo cual (además de otros 11 puntos) el gobernador llamó a sesión extraordinaria, la que según se adelantó que se realizará en febrero de 2007” escribió, con dificultades en el manejo de minúsculas y mayúsculas por el apuro del cierre de edición, Comba en la edición del 30 de diciembre del 2006.
Y además, con muy buena información, detalló que “Una vez realizada esta operación se procede al grueso de las cesiones, ventas y transferencias: Roque Lozano se quedará con el inmueble de La Florida 62 (1.508,80 m²); con La Florida 86 (921 m²); con el de Hipólito Yrigoyen 353 (813,75 m²); el edificio de San Martín y Jujuy (396,34 m²) y con el edificio y los terrenos de San Luis esquina Santa Fe con una superficie de 8.426.02 m², más $6.800.000 en efectivo, lo que hace una suma total (entre dinero e inmuebles) de $21.300.000”.
“A cambio de todas estas propiedades la Municipalidad se quedará en poder del terreno ubicado en Avenida Paraguay 1.200, con una superficie total de 22.376,90 metros cuadrados, ‘donde funcionaba tiempo atrás parte del Hipermercado Lozano’, y es un predio que ‘reúne las características requeridas para instalar allí el Centro Cívico Municipal’” añadió el periodista.
En aquella megaoperación, el Municipio se desprendió de unos 12 mil metros² y se quedó con una propiedad de 22 mil metros². “Lo que a la vista sugiere un buen negocio para la capital, pero sin tener en cuenta las ubicaciones de los inmuebles que dejarán de ser estatales, como el caso puntual de Florida 62 y Florida 86 (pleno centro de la ciudad y con un valor adicional por encontrarse en el corazón comercial de la ciudad), sin mencionar que en Santa Fe y San Luis la comuna dispone casi una manzana completa, donde, según sostienen algunas fuentes consultadas, bien se podría haber llevado adelante la obra en cuestión” razonó Comba y puntualizó que “Todas las obras que Isa le entrega a Lozano suman un total de $14.500.000 y la propiedad que el empresario entrega a la comuna está valuada, según el convenio, en $21.300.000, es decir que hay una diferencia a favor de Lozano de $6.800.000 que será pagada en efectivo”.
La nota periodística incluyó un riguroso detalle de las reuniones y charlas (muchas de ellas secretas) entre funcionarios provinciales y municipales, concejales y diputados, y operadores inmobiliarios. Los nombres que figuran en el texto son, además de Roque Lozano y Miguel Isa, el entonces ministro de Gobierno y principalísimo operador de Juan Carlos Romero, Manolo Brizuela, y los responsables de Hacienda y Obras Públicas, Elizabeth Ram y Raúl Kalinsky.
Además, hay una mención a las inmobiliarias Eduardo Noman, Horacio Bielli y Cervera y al principal referente del PRS en ese entonces, Ricardo Gómez Diez. También figuran los nombres de los miembros del Tribunal de Cuentas, Néstor Peyret, Narciso Gallo, Américo Erdman y Nicolás Demitrópulos, hoy como entonces mano derecha de Sáenz, que tuvieron la decencia o ingenuidad de observar y hasta objetar algunos de los puntos del acuerdo que, por supuesto, en pocos meses estuvo resuelto.
