Esta semana, los jueces Ramón Medina y Guillermo Poliotto resolvieron que la causa por la apropiación y venta ilegítima de terrenos durante el gobierno de Juan Romero vuelva a fojas cero. Impunidad antes que se terminen la cobertura por el cargo de senador nacional. (Nicolás Bignante)
La causa que pesa sobre el exgobernador Juan Romero conocida como “La Ciénaga” volvió a fojas cero esta semana, lo que implica que todo lo actuado en la instrucción desde 2010 hasta la fecha, ha sido declarado inválido. El fallo vino de la mano de dos jueces cercanos al presidente de la Corte, Guillermo Catalano: Ramón Medina y Guillermo Adriano Poliotto. Todo esto tras la apelación presentada por el letrado Juan Francisco Gutiérrez, abogado de Romero y de María Inés Wayar.
De todos los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario provincial —que de terminar en condenas, sumarían un total de 50 años de prisión—, La Ciénaga puede considerarse una de las más severas, no sólo por los delitos que se investigan —peculado y negocios incompatibles con la función pública—, sino por lo verosímil de la denuncia y lo extenso de la instrucción.
De todos los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario provincial, La Ciénaga puede considerarse una de las más severas, no sólo por los delitos que se investigan sino por lo verosímil de la denuncia y lo extenso de la instrucción.
El fallo de los magistrados aduce “falencias procesales”, “contradicciones” e “imprecisiones” —concretamente en el rol de cada uno de los 13 imputados—. Se alude al uso del potencial para referirse a los posibles hechos, como una muestra de inconsistencia en la denuncia y en el expediente. El tribunal consideró que la denuncia presentada hace 8 años estuvo mal formulada desde un principio. Los fiscales encargados de redactarla en su momento —Eduardo Barrionuevo y Ema Puente—, hoy se encuentran fuera de la función.
La causa “La Ciénaga” quedará desde ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, lo que equivale a decir que las investigaciones en torno a la apropiación fraudulenta de 90 hectáreas destinadas a viviendas sociales, cayeron en saco roto.
Resulta osado, a estas alturas, desvincular la decisión de la Sala 1 del tribunal de impugnación del hecho concreto que implica el final de mandato de Juan Romero como senador nacional. Su continuidad en el sitio que otorga fueros aparece como una opción lejana e improbable, por lo que el exmandatario evalúa y diagrama múltiples alternativas para eludir los estrados a partir de 2019.
A la disyuntiva electoral, que lo llevó a coquetear hasta último momento con la posibilidad de ser el único legislador salteño en votar a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se añaden soluciones políticas, que van desde el debate por la reforma constitucional de la provincia, hasta acuerdos con sectores del poder que le abrieron las puertas después de 2015.
El senador nacional, que viene de sellar acuerdos de no agresión con el Grand Bourg tras su derrota en 2015, sigue con minuciosidad las instancias del debate por la reforma constitucional. Aquel pacto coincide, al menos temporalmente, con la asunción de Guillermo Catalano como presidente de la Corte de Justicia de Salta. Desde entonces, de manera sigilosa, los procesos judiciales que el exmandatario enfrenta fueron perdiendo fuerza en todos los sentidos. En ese aspecto, la compulsa por modificar la Constitución Provincial —concretamente en lo que refiere al carácter vitalicio de los jueces—, aparece como una opción casi obligatoria para Juan Romero.
