Sonia Escudero insinuó una posible candidatura a gobernadora y aseguró que el caso La Ciénaga fue un error de Romero que “en los papeles está bien” aunque “éticamente se ve horroroso”. Minimizó una movida corrupta que privó a miles de un terreno propio.  

A mediados de la última semana, Sonia Margarita Escudero fue entrevistada en el programa televisivo Sin Libreto. Allí aseguró que no descarta presentarse como candidata a la gobernación de la provincia en 2019.

La exsenadora también aprovechó para defender a su jefe político, Juan Carlos Romero, y eligió un tema sensible para lavar la imagen del ex gobernador.

Escudero aseguró que el caso de La Ciénaga fue “éticamente un error gravísimo” de Romero, ya que el exgobernador “no necesitaba de esas tierras”. Con todo, la otrora legisladora dijo haber estudiado el expediente de la causa y consideró que “en los papeles está bien porque se canjea los terrenos comprendidos en dicho predio por 16 hectáreas sobre la ruta a San Lorenzo al lado de Grand Bourg donde se hace el barrio El Huaico”.

Además, Escudero criticó al gobernador Juan Manuel Urtubey por utilizar sus influencias políticas sobre la Justicia para iniciar ocho causas judiciales contra Romero.

Sin embargo, la causa La Ciénaga es mucho más que un error ético. El negociado empezó en el año 1998, a través del decreto N° 1.297 (publicado en el Boletín Oficial de la provincia el 5 de junio de ese año) por el cual se resolvió incorporar al patrimonio de la provincia las 90 hectáreas. La fracción era parte de la Finca La Cienaga e Isasmendi (matrícula catastral de origen 1.714 y actualmente 129.196), ubicada en la localidad de Atocha del departamento de Salta Capital. Se trataba en aquel año de un establecimiento agrícola-ganadero denominado El Ceibal, cuyos propietarios eran Domingo Gerardo Martín y Exequiel Rodolfo Luna.

Según el decreto mencionado, fue el Sr. Domingo Gerardo Martín quien ofreció la fracción como parte de pago de una deuda que la firma Import S.R.L. tenía con el antiguo Banco Provincial de Salta. Import S.R.L. era una firma dedicaba a la importación de artículos del hogar. Las tierras, valuadas en $1.110.000 en aquel entonces, ingresaron al patrimonio provincial mediante una dación en pago por una deuda que mantenía esa firma con el ex Banco de la provincia de Salta por la suma de $550.000, mientras que la Comisión parlamentaria encargada de llevar adelante las investigaciones supone que los $550.000 restantes ingresaron al Banco Salta S.A. El decreto 1.297 valoró en su momento de beneficiosa la operación en tanto, declaraba, el monto de la deuda del cesionario de la tierra, Sr. Domingo Martín, era de difícil recupero por la situación jurídica concursal por la que atravesaba la empresa.

En los considerandos del mismo decreto se dejaba establecido que la finalidad de la adquisición era destinar la fracción al “Programa Familia Propietaria”, un organismo estatal cuya misión consistía en ayudar a familias de bajos ingresos a acceder a terrenos en donde poder vivir. De allí el tono de los considerandos que al describir la fracción señala que es “ventajoso para los intereses y necesidades provinciales atento a la urgente necesidad de reubicar familias que actualmente se encuentran viviendo en condiciones que representan un peligro para la salud y la integridad de las personas”, o “que los relevamientos sociales y técnicos efectuados por la provincia han revelado un gran crecimiento y expansión poblacional en la zona, careciendo la provincia de terrenos de su propiedad en el área referida”. En el artículo 5 del decreto se deja establecido también “que el inmueble que se incorpora al patrimonio del Estado provincial como consecuencia de la presente operación, será destinado al Programa Familia Propietaria”. El escribano de gobierno de ese entonces era Víctor Manuel Brizuela, quien años después sería ministro de Romero y públicamente reconocido como uno de sus principales operadores políticos.

Seis años después, el terreno quedó en manos de un particular. Fue en febrero de 2004, cuando el Estado cedió la propiedad a José Luis Agustini en “dación de pago”, valuándose la propiedad en $450.000. Por entonces, la convertibilidad ya era cosa del pasado con lo cual la compra que el Estado había realizado de la propiedad en 1.100.000 dólares ahora era adquirida por un particular en 460.000 pesos. En la operación la Escribana de Gobierno era Laura Inés Wayar quien formaba parte del staff del estudio particular de Brizuela.

Las irregularidades fueron múltiples. Entre las que involucran específicamente al Estado, se encuentra la inexistencia al día de hoy de Acto Estatal y administrativo por medio del cual la provincia expresara su voluntad, previa a la enajenación mencionada, de desafectar la finalidad perseguida por el decreto Nº 1.297.

Los funcionarios de la gestión romerista nunca pudieron revelar el acto administrativo que diera una finalidad distinta a la original. Sólo explicaron que la razón que los impulsó a darle un uso distinto obedecía a que en los seis años (1998 – 2004) el entonces jefe del Programa Familia Propietaria (hoy Subsecretaría de Tierra y Hábitat) Héctor Aleksandrowicz (ya fallecido) no pudo ubicar una sola familia allí porque entonces eran terrenos aislados. Ante esa situación, la gestión del exgobernador Romero decidió utilizar los terrenos en el 2004 para adquirir 12 hectáreas al borde de una de las autopistas que conecta la ciudad de Salta con la localidad veraniega de San Lorenzo. Doce hectáreas que fueron adquiridas en $1.959.456. El Estado efectuó ese pago con una entrega inicial y veintiséis cuotas hasta llegar al $1.499.456. Por los $450.000 restantes la provincia le entregó a José Luis Agustoni las 90 hectáreas de La Ciénaga. La operación se concretó el 16 de febrero de 2004.

En 1998 para llegar al terreno sólo era posible a través de la ruta provincial N° 1: una huella de ripio que atraviesa la localidad de Atocha ubicada a 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta. De allí las sospechas en torno a las operaciones de cotización para determinar el valor total del inmueble al momento de adquirir el mismo (1998), enormemente superior al utilizado al momento de enajenarlo (2004). Conviene recordar que cuatro meses después de que José Luis Agustoni adquiriera los terrenos por un valor de $460.000 este lo vendió a otro particular en $100.000. Víctor Manuel Brizuela argumenta que desde entonces todo se reduce a transacciones entre particulares sin que ello involucre al Estado. En términos legales es así, aunque las personas involucradas son de su entorno político y profesional. Es el caso de María Cecilia Pérez de La Fuente, otra escribana que formaba parte del staff del estudio de Brizuela y que en representación de la Sociedad Prados de Atocha S.A. adquirió el terreno en $100.000 el 4 de junio de 2004. Y es esta misma persona la que en 2009 vendió el terreno a la Estancia El Carmen S.A., una sociedad de la que participa Jucaro S.A., de propiedad de Juan Carlos Romero y su esposa, Lucía del Carmen Marcuzzi. Entre los directores de Estancia El Carmen figura un hermano del exgobernador llamado Eduardo Romero, mientras un hijo del exmandatario provincial -Esteban Romero- ocupó la presidencia En la cédula pertinente, quedó asentado que esta última operación se realizó también por $100.000 el 19 de noviembre de 2009 con intervención del propio Brizuela como escribano.

Hoy en día esos terrenos son atravesados por la denominada “circunvalación oeste”. Una autopista inaugurada en 2006 y de similares características a la que tiene el acceso a la Ciudad de Salta aunque no cuenta con la densidad de tráfico de esta última. El anillo de la circunvalación empieza en la Ruta provincial N° 28, que va a la villa San Lorenzo en proximidades al country La Almudena. Posee 18 kilómetros de longitud doble mano y alumbrado público que permite a los que por allí transitan llegar en menos de diez minutos al único aeropuerto de la ciudad.

De acuerdo a información suministrada por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, en el año 2004 el Programa Familia Propietaria recibió 4.000 solicitudes de familia de escasos recursos que demandaban una solución habitacional. Sólo se entregaron 500 terrenos. Si las hectáreas de Finca La Ciénaga hubiesen sido destinadas a satisfacer los fines habitaciones y el bienestar general perseguido podrían haber resuelto el reclamo de 4500 familias salteñas.