El miércoles se reunirán legisladores y la Asociación de Jueces del Poder Judicial quienes ven con preocupación la creación de la agencia policial de investigaciones comandada por López Viñals. Aseguran que puede realizar tareas de inteligencia prohibidas. (Aníbal Roldan)

Antes de retirarse de su cargo, el ministro Alejandro Cornejo se encargó de explicar sobre la creación de la policía de investigaciones. Lo hizo detalladamente en una reunión con senadores donde dijo que estará bajo el mando de un director (elegido por el gobernador) quien tendrá a su disposición 100 efectivos. Todos cumplen ya tareas en Criminalística o en la Brigada y 35 de ellos fueron capacitados por el FBI.

En esa oportunidad, precisó que dependerá del ministerio Publico, aunque no mencionó el nombre del quien estará a cargo del cuerpo que funcionará paralelamente a la policía provincial. Sólo de manera general intentó mostrar las virtudes que tendrá a la hora de resolver el aumento de hechos delictivos.

La prensa tampoco subrayó quién será el que manejará a un centenar de policías armados y tendrá reservada una tajada del presupuesto de la cartera de Seguridad. Y no lo hizo porque se trata de Pablo López Viñals, un hombre del entorno del gobernador, con fuerte peso en el ámbito judicial pero con una cuidada exposición en los medios y un férreo impulsor de reformas reaccionarias tal como quedó de manifiesto con las modificaciones realizadas al Código Procesal Penal.

Igual de sigilosa fue la actitud de la mayoría de senadores cuando le otorgaron el visto bueno al proyecto, a principios de junio, con la sola excepción de Gabriela Cerrano del PO que lo rechazó. A esto, luego de la media sanción casi sin debate, se sumó el cuestionamiento de la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta quienes enviaron una carta a la cámara de Diputados. En ella advirtieron que con la aprobación definitiva se “validaría legalmente el desarrollo de tareas de inteligencia absolutamente prohibidas” y que otorgarían facultades que permitirán actuar a este nuevo estamento “sin formación de una causa penal”.

La carta tuvo efecto. Manuel Santiago Godoy en declaraciones radiales contó que lo tomó por sorpresa ya que pensaba que el proyecto había sido debatido previamente a ser enviado, y para conciliar estableció una reunión en el despacho de presidencia con todos los legisladores y la Asociación de Jueces para el próximo 20 de julio. Además, adelantó que también invitará a Pamela Caletti para que dé explicaciones al respecto.

Investigaciones Oscuras

El proyecto en cuestión blanquea una obviedad: que el gobierno no puede funcionar sin recurrir a un grupo de inteligencia. Para entender los motivos no deben perderse de vista dos aspectos centrales: por un lado el crecimiento de los hechos delictivos y criminales en la provincia, y por otro, la relativa autonomía que tenían los sectores encargados de estas tareas en la policía provincial, particularmente a la Brigada de Investigaciones.

Sobre lo primero sólo cabe señalar que naturalmente con la expansión delictiva se tornan necesarios otros mecanismos, mayor inversión y hasta nuevos estamentos que cuiden “la paz social”. Pero, detengámonos un poco sobre lo segundo; fundamentalmente porque la brigada, la encargada históricamente de realizar el trabajo de investigación tenía bajo su cargo centenares de casos referidos a robos, investigaciones sobre venta de alcohol, búsqueda de personas, muertes dudosas, investigaciones sobre prostitución, venta de drogas y espionaje de todo tipo. Es decir que manejaba temas pesados que le terminaron otorgando una autonomía relativa, la cual le permitía tener un lugar oculto en el centro, precisamente en Florida y San Juan, donde operaba casi en la clandestinidad ya que desde afuera sólo se mostraba un portón sin ninguna identificación, o patrullar en los clásicos automóviles blancos sin patente y con vidrios polarizados.

Este poder de la Brigada ya venía trayendo problemas de envergadura, como por ejemplo la dudosa muerte del comisario Piccolo o la detención, el año pasado, del jefe de Robos y Hurtos de la propia Brigada por graves acusaciones. Por esto se habían tomados decisiones como  separar a los efectivos de tareas relacionadas a criminalística (pasando la potestad al CIF) y hace poco se decidió que todo el personal pase a cumplir tareas centralizadas en las comisarías. “Rompimos con la estructura de la vieja Brigada de investigaciones que tenía un nulo control de sus actividades”, reconoció el exjefe de Policía Marcelo Lami, en el último aniversario de la fuerza.

Teniendo en cuenta esto, evidentemente, la creación de una policía de investigaciones es la salida legal para un complejo problema que tenía el gobierno. Un sinceramiento para que sospechosas tareas que se vienen realizando desde hace décadas en la provincia, ahora estén bajo el estricto control del Ejecutivo. Algunos dirán que siempre estuvieron controladas, tal como lo demuestran los informes de la oscura D2 y las revelaciones que causó la caída de los narcos-policías Gallardo y Giménez, dos hombres preparados por Pablo Kosiner para llevar a cabo tareas de espionaje político. Sin embargo, una cosa es realizar “investigaciones” que sean controladas mediante el jefe de la policía y otra es que estén a cargo del ministerio Fiscal.

La experiencia hasta el momento en lo que respecta a investigaciones muestra que se le fue de las manos al parecer al gobierno, y en consecuencia no puede prescindir de tener una agencia policial de tipo político, la cual utilizará los habituales métodos generalizados como el uso de informantes, escuchas telefónicas, plantación de pruebas y otras actividades sumamente sospechosas.

Con los antecedentes que hay, claro está que López Viñals tendrá a un centenar de policías armados. Eso sí, será para “investigar actos delictivos cometidos por individuos y organizaciones criminales”.