Fueron las palabras del Jefe de Gabinete Luis García Salado al informar sobre la actuación de la Justicia en la Municipalidad de Salta. Habló de los contratistas que estarían siendo investigados y los ligó con funcionarios de la gestión anterior. No descartó connotaciones políticas al tema.
En plenas vacaciones de Enero la justicia realizó al menos once allanamientos en estudios jurídicos y viviendas de la ciudad de Salta, San Lorenzo y Vaqueros. Evasión fiscal sería la causa del despliegue solicitado por la AFIP y dispuesto por el juez federal N°1 Julio Bavio.
Sin dudas, lo que llamó la atención fue el despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la sede de la Municipalidad de Salta. En el sector de Hacienda, a cargo del contador Pablo Gauffín se apuntó a dos CPU y órdenes de pago.
En diálogo con la prensa, el Jefe de Gabinete Luis García Salado informó que la justicia realizó Ordenes de Presentación, reconociendo que en otros domicilios se realizaron allanamientos de «abogados, ex funcionarios de la gestión anterior que podrían estar relacionados con las empresas a las cuales la justicia está investigando».
Señaló el funcionario que la investigación judicial apunta a empresas contratistas del gobierno de la provincia, del municipio capital y de otros municipios para algunos tipos de obras- ocupándose de aclarar que se excluía totalmente la contratación de las luminarias LED realizada por la actual gestión.
García Salado confirmó que Arcadio es una de las dos empresas investigadas por la justicia, relacionadas con cuatro contrataciones contempladas dentro del Plan Bicentenario en 2017.
Cecsa es otra de las empresas investigas, contratada dentro del Plan Bicentenario, para la colocación de luminarias coloniales en la ciudad.
Luis García Salado, jefe de Gabinete, dijo que los trabajos encargados a esa empresa tuvieron doble certificación, por parte de la intendencia y la Provincia, antes de recibir los recursos.
«Indudablemente, esto debe venir con algunos elementos anteriores porque también se allanaron estudios jurídicos de profesionales de la gestión anterior que asesoran a algunas de esas empresas»– se ocupó de decir el funcionario municipal.
En calle O’Higgins al 200 los mismos efectivos policiales realizaron allanamiento y secuestro de documentación. Se trata del estudio jurídico de Anibal Anaquín apoderado del P.J. salteño y procurador municipal de la gestión de Miguel Isa. El ex diputado provincial Guido Giacosa integrante del bufete allanado, confirmó el procedimiento judicial en requerimiento de información relacionada con dos clientes en el marco de una investigación tributaria.
Señaló también que la justicia dentro del municipio capitalino apunto a CPU de computadoras, y algunas órdenes de pago y al ser consultado sobre si al operativo podía dársele una connotación política opinó: «Nos llama poderosamente la atención de que la AFIP no haya agotado antes un requerimiento de información, puede ser que de otro modo la información trascendía y la documentación que ellos querían verificar que está en los estudios jurídicos podría desaparecer».
Finalmente García Salado negó trascendidos sobre el pago de sobreprecios y prefirió arrojar jocosamente su teoría: «A lo mejor se pusieron celosos porque el intendente estuvo cantando con el Chaqueño Palavecino en San Carlos».
