Bajo ese título militantes feministas de diversos espacios se refirieron al proyecto del gobernador Urtubey sobre la inteligencia artificial para predecir los embarazos adolescentes en Salta, algo que consideraron como estigmatización de las mujeres jóvenes en condiciones de pobreza. SA)
El escrito lleva los nombres de María Pía Ceballos, Alba Rueda, Ana Pérez Declercq, Alfonsina Morales, Tania Kiriaco, Andrea Flores, Natalia Gil, Flavia Garagorri, Marta César. Lo compartimos a continuación:
El gobernador Urtubey declaró en medios nacionales la existencia de un programa de inteligencia artificial que puede predecir los embarazos de las mujeres jóvenes en Salta. De este programa se sabe que está en desarrollo, pasó la prueba piloto y depende del Ministerio de Primera Infancia. Las preguntas sobre el abordaje de los embarazos en la adolescencia, el modo en que se construyen los datos poblacionales, el uso de los datos personales, la utilización de información protegida, el hermetismo de este programa como política pública y acerca de las “predicciones” realizadas a partir del software que proyectaría el comportamiento de las mujeres, son el eje de estas notas. Interrogantes y preocupaciones de mujeres, lesbianas, travestis y trans, protagonistas y víctimas de los embistes de la derecha patriarcal.
Esta semana la agenda de las mujeres fue trascendente. En el Congreso Nacional empezó el debate en comisiones respecto a la despenalización y legalización del aborto. Así, la escena pública giró en torno a la participación de referentes a favor del derecho a decidir, cobrando especial importancia la ocupación en la calle del movimiento de mujeres, lesbianas y trans y el apoyo de la Sociedad Argentina de Medicina, entre otras.
A su vez, el gobernador Urtubey no quiso quedarse afuera y conformó un agregado que despertó la preocupación de todas las organizaciones que integramosel movimiento trans-feminista. En un programa televisivo de actualidad, que aborda los temas de manera poco profunda, informó que la provincia contrató a una reconocida empresa de software para prever “con cinco años antes, con nombre, apellido y domicilio” quiénes serían aquellas niñas que están “predestinadas” a tener un embarazo adolescente, violando los artículos 10 y 22 de la ley 26.061, como así también la Convención sobre Derechos del Niño.
La gravedad y la liviandad de los dichos del gobernador, contrastan con un dato de enorme preocupación: en 2017 casi el 20% de los nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes en la provincia, la cifra es altísima y es urgente la creación de políticas públicas con perspectiva de género en los ámbitos de Salud y Educación.
El embarazo en la adolescencia guarda en sí una gran complejidad, el abordaje de esta realidad no puede reducirse al cruce de variables y la realización de proyecciones de “potenciales” embarazos como resultado de condiciones socioeconómicas en las que están insertas las adolescentes. No hace falta buscar en el futuro las “predicciones” de un software sino en el presente y nuestro pasado reciente y en cuanto se expresan como un continuo de ausencia de políticas públicas.
La experiencia individual del embarazo y la decisión de continuar o no con él, no puede homologarse a patrones sociodemográficos. De hecho, para que una proyección como la que busca Urtubey sea significativa, debería contar con una muestra a nivel provincial y no sólo de los sectores más desprotegidos o vulnerados por el propio estado y sería resultado de análisis multidisciplinar que involucra necesariamente a las mujeres en la conformación de políticas públicas.
La complejidad de los embarazos reside también en la conformación de la subjetividades y la violencia de género presente en las relaciones de pareja, especialmente si tenemos en cuenta la enorme carga que implica “negociar” el uso del preservativo, la falta de educación sexual y la falta de acceso a una atención integral para niñas y adolescentes. También se deben ponderar los altos índices de violencia sexual, que incluyen los abusos infantiles perpetrados contra niñas y adolescentes.
Es decir, el embarazo en la adolescencia tiene factores relacionados con la desidia estatal y con problemáticas sociales y políticas de entramados muy complejos: falta de acceso a información de calidad para planificar un embarazo deseado, parejas con comportamientos violentos, incluidas la agresión física, la coacción sexual, la violación en las parejas, el maltrato psicológico y las conductas de control. Las primeras relaciones de “amor” se presentan en la adolescencia y cuando la violencia se da en parejas donde no hay respeto, libertad, valoración mutua, se presentan relaciones desiguales, porque hay uso de poder de una persona sobre otra.
Estas inequidades son producto de desigualdades económicas y estructurales y construcciones sociales y culturales donde las mujeres ocupan un lugar de subordinación y sumisión. La anhelada igualdad es todavía un proyecto en construcción, y los movimientos trans-feministas han hecho aportes invalorables en la consecución de mayores niveles de igualdad jurídica y social.
Si queremos abordar los embarazos adolescentes, todos los actores sociales, especialmente las organizaciones de mujeres, deberemos aportar a las políticas en Salud y Educación, pero sobre un compromiso estatal a políticas integrales que no estén terciarizadas. No se puede omitir en este análisis el empobrecimiento de los sectores más vulnerados cuando las actuales políticas de gobierno se enmarcan en racionalidades neoliberales, precarizando aún más la vida de los sectores populares, los pueblos originarios y de contextos rurales.
El correlato de las políticas económicas liberales encuentran eco en las ideologías más conservadoras, en 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la presencia de los cursos de religión obligatoria en las escuelas públicas, la educación moral siempre estuvo alejada del estado de derecho civil. Salta es una de las provincias que no implementa de manera efectivala Educación Sexual Integral a pesar de la gran demanda de docentes y alumnos/as que reclaman acompañamiento de los organismos responsables.
Esto impacta en adolescentes y jóvenes, especialmente en los modelos de feminidades y el rol de las ciudadanas. Los resultados son visibles, la economía “doméstica” no registrada y las tareas de cuidado son especialmente desarrolladas por mujeres privadas del derecho a decidir, educadas en la vulnerabilidad y precariedad de vidas destinadas a la maternidad impuesta.
Seguiremos exigiendo a jueces y fiscales que se nos garanticen el derecho a una vida sin violencia, que se adopten las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Derechos asegurados por la ley nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.
Elegimos con convicciones a nuestros representantes en el Congreso Nacional, esperamos que se apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Exigimos ser parte de las políticas públicas que involucren a nuestras niñas, niños y adolescentes y luchamos para que el poder judicial sancione a los responsables de la violencia y proteja la vida de todas las mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Vivimos en tiempos de urgencias en las respuestas y luchamos contra la violencia interpelando socialmente, poniendo el cuerpo a favor de la vida y militando por sociedades diversas, respetuosas de los derechos de las personas más desprotegidas por el Estado. Estos software son patriarcales, al igual que algunos gobernantes, diputados y jueces.
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* María Pía Ceballos, Directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, Secretaria General de Mujeres Trans Argentina y Vicepresidenta de la Multisectorial de Mujeres Salta
* Alfonsina Morales, Lic. en Ciencias de la Educación, miembra de la Multisectorial de Mujeres de Salta y la Fundación para la Integración Federal. Directora Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
* Tania Kiriaco, Abogada, miembra del Instituto Jurídico de Género. Directora Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
*Alba Rueda Profesora de Filosofía (UBA), Presidenta de MTA – Mujeres Trans Argentina, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo –INADI- integrante del Observatorio de la Discriminación en los Medios de Comunicación.
*Ana Pérez Declercq, Doctora en Antropología, Magister en Salud Pública y Lic. en Sociología. Integrante del Equipo Técnico del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
* Andrea Flores, Lic. y Dra. en Antropología. Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Salta. Integrante del Equipo Técnico del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
* Marta Cesar, Periodista, Presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta. Miembra Fundadora de la Red PAR.Periodistas de Argentina en Red por Una Comunicación no Sexista
* Natalia Gil, Licenciada en Filosofía y Doctora en Humanidades. Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Salta.
*Flavia Garagorri, Abogada del Instituto de Género del Colegio de Abogados. Integrante del Equipo Técnico del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
