Pueblos originarios elaboraron un documento en donde alertan la disposición del macrismo, que mediante un decreto abre la puerta a la extranjerización de tierras y lagos. “En Salta hoy hacemos resonar que no vamos a retroceder con los derechos logrados”, señalan.
Compartimos a continuación íntegramente el documento:
EN EL BIECENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
NO AL REMATE DE NUESTRA SOBERANIA TERRITORIAL
DECIMOS NO AL REMATE DE LAS TIERRAS RURALES
DECIMOS NO AL REMATE DE LAS AGUAS
DECIMOS NO AL REMATE DE NUESTROS TERRIRIOS INDIGENAS
POR LA DEROGACION INMEDIATA DEL DECRETO 820/16
Los pueblos indígenas en el bicentenario en 2016 estamos alertas por la bandera de remate que el decreto 820/16 está colocando en nuestros territorios.
Por decreto el gobierno nacional actual abre la puerta al capital extranjero, a la concentración de la tierra y al avance de la especulación financiera. Está invitando a la evasión impositiva sacando los controles para estas inversiones foráneas que ya tienen en sus manos más de 16 millones de hectáreas.
A nosotros nos ponen en peligro como pueblos indígenas y campesinos que estamos en áreas rurales. La gran mayoría de nuestros territorios son los que contienen el agua y los montes como fuentes de nuestra vida de manera integral.
Nos alerta que los territorios reconocidos a las más de 1.500 organizaciones de los pueblos originarios puedan estar en riesgo ante esta apertura al mercado inmobiliario. Sabemos hasta 2015, son muchos más de los 9 millones de hectáreas las que logramos reclamar e incluso muchas reconocer como nuestras y que esa superficie territorial es sólo una base para la defensa de nuestros territorios. Nos alerta que los principales beneficiarios de este decreto de extranjerización de la tierra sean conocidos despojadores de territorios indígenas como el Sr. Lewis (Rio Negro) quien se apropiara de Lago Escondido. O los conocidos desalojos promovidos por el empresario Benetton en más de 400.000 hectáreas e incluso los más de 1millon de hectáreas en manos de paraísos fiscales.
Nos alerta la entrega que se abre con este decreto de todos los territorios y sobre todo la entrega de los territorios rurales, que el mismo organismo que debería protegerlos, con el Registro de Tierras Rurales y nuestro Registro Nacional de Territorios Originarios, sea el que deja de controlar quien compra o quien se apropia de nuestros territorios. Estas facilidades a las inversiones extranjeras sin restricciones para nosotros también pone en riesgo la superficie de bosques nativos que hacia principios del siglo XX era de 100 millones de hectáreas y en la actualidad no llega en las zonas rurales boscosas a más de 2 millones.
Los bosques nativos son para muchas comunidades nuestros respaldos territoriales y desde donde nos alertamos por nuestras fuentes de agua que son también parte del agua de todo el país. Nos alerta que en la provincia de Salta donde hemos podido registrar la solicitud de regularización dominial de aproximadamente un millón y medio de hectáreas en distintas medidas y ante instancias oficiales nacionales, provinciales y municipales, se abran las tranqueras para los grandes compradores de tierras rurales cuando todavía no logramos el pleno reconocimiento de nuestros territorios.
Nos preguntamos además que pasará en las zonas de inversiones petroleras, el creciente uso de la minería, de los recursos de agua, además de la ganadería y agricultura en el norte donde cada vez se intensifican las actividades productivas sobre nuestros territorios, si ahora no hay consulta ni participación ni respeto de nuestros derechos. Qué puede pasar con los nuevos modos de proteger los montes nativos o nuestras fuentes de agua si con este decreto quien tiene el dinero puede hacer lo que quiere sin ningún control. Dejan de tener defensas por parte de la ley como recursos de la soberanía todos los pobladores. Con este nuevo marco de despojos avalados por la nueva generación de genocidas, rocas y fontanas los territorios rurales de nuestras comunidades están en altísimo riesgo.
Este Decreto vuelve al mismo criterio de la Ley Dromi que en la apertura neoliberal de los ´90 permitió la venta de todo el país y acompañó las privatizaciones. Parece un juego de perversiones que en 1989 con el aniversario de San Martín (un 17 de agosto) remataron el país a los “inversores extranjeros” y hoy en manos de los mismo dueños de los capitales especulativos y buitres próximos a la fecha de independencia del 9 de Julio, renuevan el remate de las tierras rurales entre tantas entregas que están ocurriendo del patrimonio de todos los argentinos.
En Salta fue el Dictador Ulloa, en ejercicio del gobierno democrático de 1993, quien por decreto 60 y 61 puso a la provincia en venta y a los territorios indígenas en peligro. Pero, también fuimos los pueblos originarios los que pusimos en alerta e hicimos retroceder el remate de las tierras fiscales colocando nuestras reivindicaciones territoriales históricas como resguardos de la soberanía de toda la provincia.
Ante este Decreto, nuevamente alzamos la voz y sostenemos la necesidad de nacionalizar los reclamos territoriales de los pueblos originarios como hicimos en Salta hace años, como hoy hacemos resonar que no vamos a retroceder con los derechos logrados. Las organizaciones indígenas y campesinas somos quienes podemos poner en alerta a nuestros territorios, porque somos las que pudimos avanzar con nuestros registros en la base de los reclamos que históricamente realizamos y que pudimos lograr el inicio de nuestra reparación histórica que hoy se ve en retirada con un decreto así. Este gobierno además de no ejecutar política indígena alguna, en defensa de nuestros derechos territoriales, en su primer semestre, maltrató a los trabajadores y a los indígenas que articularon y participaron en la política pública.
Nos divide este gobierno, cuando invita a participar del circo de distracciones a referentes indígenas recorriendo el país, mientras organiza el bicentenario de la independencia con la presencia del mismísimo rey de España y con este Decreto que remata nuestro Territorio.
PROPONEMOS
- Una medida cautelar urgente que ponga en vigencia la Ley 26.737
- La anulación del Decreto 820/16
- La conformación de una comisión legislativa integrada por indígenas y campesinos, que suspenda las modificaciones en materia de ordenamientos territoriales hasta tanto se aclaren los resguardos que se preveen sobre nuestros territorios, relevados, reclamados y habitados.
- Una ley de emergencia de resguardo a la propiedad territorial indígena y de la agricultura familiar
- Freno inmediato del vaciamiento de los derechos indígenas sobre nuestros territorios y plena vigencia de la obligatoriedad del Estado en materia de consulta y participación
- Que el INAI informe urgentemente lo actuado desde diciembre de 2015 a la fecha, en materia de Relevamiento territorial y resguardo de los derechos indígenas.
ADHERIMOS Organización Kajianteja del pueblo wichí, Salta Asociación Civil GEMA (Grupo de Estudios y Miradas Antropológicas) Agrupación Chico Méndez de Embarcación, Salta Programa de Etnicidades y Territorios en redefinición, ICA-FFyL-UBA Grupo de Extensión Universitaria Experiencias Laborales y de Formación Universitaria de Mujeres y Jóvenes Originarios y Campesinos del Chaco Salteño, FFyL – UBA-Kajianteya Mujeres indígenas Honat Le Les, Salta.
