El fallo judicial que exhorta al dueño de dos portales digitales a cesar las publicaciones injuriosas hacia el intendente Sáenz dejó un detalle que pasó desapercibido para la mayoría. Entre los patrocinadores del medio está el diputado Humberto Vázquez, quien también resultó parte de la defensa. (Rolando Motta)

La función pública y el ejercicio del derecho no son compatibles según la ley. Pero cuando se trata de política, como dijo Orwell, «hay animales más iguales que otros».

Como bien se sabe, la profesión de abogado guarda ciertas incompatibilidades con la función pública. A su vez, la función pública es incompatible con cualquier actividad —a excepción de la docencia— que intervenga o se relacione con algún poder, organismo o empresa pública provincial y nacional. El objetivo radica en evitar que los funcionarios, legisladores y magistrados puedan influir en las decisiones de los representantes del estado.

Sin embargo el proceso legal antes mencionado, exhibe un claro caso de «excepción» a la regla, o mejor dicho de violación a la ley. Entre los patrocinadores del dueño de los portales digitales se encontraba nada menos que Humberto «Ulúa» Vázquez, abogado, referente radical y diputado provincial. 

El fallo y la norma

En los considerandos del fallo se puede leer: «A fojas 50/53 el Sr. Víctor Hugo Elías, con el patrocinio letrado de los Dres. Humberto Vázquez y  Lucio Adolfo Villa Alurralde se presenta en tiempo y forma desde la notificación y procede a contestar la demanda de amparo que le ha sido incoada».

Vale decir que la legislación sobre las incompatibilidades en la función pública ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años. Ya en 1979 la ley 5412 en su artículo II establecía que no podían ejercer la profesión de abogado por incompatibilidad: «Los legisladores nacionales y provinciales y los Secretarios de las Cámaras Legislativas, en los casos en que el Estado Nacional o Provincial o las municipalidades, directa o indirectamente, tengan intereses o sean parte». Idéntico criterio rige para los miembros del concejo deliberante, por citar un ejemplo.

Este punto específico de la norma fue modificado en 1983 y fue ratificado en 2002, mediante la ley 7204.  

En su artículo 1, dicha ley estipula: «Prohíbese a los legisladores y funcionarios (…) representar o patrocinar, en ejercicio de su profesión a terceros que peticionen o pretendan hacer valer derechos de cualquier clase ante los poderes públicos de la Provincia o sus municipios, como así también, convalidar actos de cualquier naturaleza destinados a ser presentados ante dichos poderes, para obtener o consolidar derechos personales o patrimoniales. La presente prohibición incluye la defensa penal y administrativa de imputados de cualquier clase de ilícitos o irregularidades».

La normativa, al parecer fue pasada por alto por la jueza María Edith Rodríguez, quien debió impedir el desempeño de Vázquez en el preciso momento en el que se constituyó como patrocinador de Elías. 

Hecha la ley…

El espíritu de la ley, a decir verdad, abre muchas puertas a los interrogantes; ya que los legisladores que poseen título de abogado tienen suspendida su matrícula, bajo la sospecha de que podrían influir en las decisiones de los magistrados por su condición de representantes. A priori, los objetivos de la ley parecen lícitos, pero esconden un hecho inobjetable: la influencia de un poder sobre otro en la provincia es un hecho pre-supuesto por la justicia. De otra manera, no haría falta una ley que lo «impida». En otras palabras, significa que la independencia de poderes en la provincia es más una aspiración que una realidad. 

Sin embargo, las andanzas de Vázquez en la justicia no empiezan ni terminan en el caso que involucra a los pasquines Aerom y Ver Noticias. No son pocos los que aseguran haberlo visto transitar los pasillos de ciudad judicial firmando escritos y transgrediendo todos los códigos de ética, lo que le valió algunos llamados de atención por parte de los magistrados. El Colegio de Abogados, hasta el momento, no se ha expedido sobre el tema. 

Quien sí lo hizo fue el presidente de la cámara de diputados, Manuel Santiago Godoy, y dejó en claro que lo de Vázquez es una ilegalidad. «Vázquez no puede ejercer la profesión. La jueza en ese mismo momento debió decir: ‘usted no puede ejercer la profesión’ y sacarlo. Sólo puede hacerlo si lo acusan a él y se tiene que defender», aseguró Godoy a FM Pacífico. «¿Cómo vos vas a ser juez y vas a dejar pasar una cosa así? Más si es un hombre conocido como Vázquez. Es increíble que estas cosas lleguen a pasar» remarcó el «Indio».

Le dicen Ulúa

El diputado radical, que supo tejer relaciones estrechas con Sáenz, terminó pegando el volantazo en diciembre de 2017, cuando firmó la integración al bloque Cambiemos-país para después desconocerlo y pasar a integrar el bloque de la UCR junto a Héctor Chibán y Mario Mimessi. Desde entonces, sus exsocios pasaron a ser enemigos acérrimos y contempló la vía judicial cada vez que algún tema político involucraba al intendente y sus operadores Pablo Outes y Nicolás Demitrópulos; quienes, por cierto, también accionaron contra el titular de los portales web. 

Más allá de las incompatibilidades y de los hechos procesales, muchos recuerdan el pasado profesional del diputado oriundo de El Galpón. Algunos aseguran que tuvo participación en la maniobra judicial por la que intentaron, junto a un contador, secuestrar un vehículo de alta gama perteneciente a la exdiputada Liliana Mazzone y embargar las dietas que cobraba por entonces. 

En 2011, el finquero Edgardo Pío Bracamontes lo denunció en la comisaría 50 de Joaquín V. González por amenazas. Según relata el denunciante, el letrado se llegó hasta su propiedad ubicada en el Algarrobal acompañado de unas 15 personas y comenzó a destruir el alambrado perimetral con la intención de abrir un camino.  Horas más tarde, según relató Bracamontes, regresó, sacó de la camioneta un arma y amenazó: “Los voy a cagar matando”.

En ciudad judicial su rostro es cada vez más familiar, y a la luz de los hechos, cada vez son más los que concluyen que tener un diputado como patrocinante puede venir bien si lo que se busca es tener algo de influencia extra.