En el centenario de la Reforma Universitaria y a un año de las nuevas elecciones del rectorado, los aires de tensión crecen en la UNSa. El oficialismo busca una Asamblea Universitaria que le permita recuperar posiciones en la comunidad universitaria y en el Consejo Superior.
En estos días, el gobierno de la UNSa intentará que se convoque una Asamblea Universitaria, la cual no tiene una fecha definida aún, y uno de los temas a tratar sería un proyecto de reforma del estatuto para, entre otras cosas, convertir las sedes de Orán y Tartagal en facultades autónomas. La pregunta es: más allá de lo estrictamente formal, ¿cuál es el trasfondo político detrás de esa maniobra?
La gestión clarista empezó en el año 2010, cuando el contador dejó el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales a Antonio Fernández (bis) para dedicarse de lleno al rectorado; después de haber sido elegido nuevamente en 2013 por la comunidad universitaria y a pesar de que su gestión tuvo más errores que aciertos, impulsó la candidatura de Fernández (bis) acompañado desde el vicerrectorado por el ingeniero Edgardo Sham, quienes ganaron con un 49,5% a la oposición que representaba Catalina Buliubasich. Una vez en el rectorado, las cartas se pusieron sobre la mesa y las tensiones empezaron a cobrar fuerza, el actual rector parece que se olvidó de su “lealtad” a quien lo apadrinó dentro de la universidad y le agarró el gusto a los beneficios que el rectorado brinda, entrando así en un tire y afloje de cara a las elecciones del año próximo.
No es la primera vez que el rector de la UNSa se interesa en los establecimientos del norte. En el lapso del 2017 habilitó en la Sede Tartagal dos aulas, cuyo monto fue estimativamente de cuatro millones de pesos, mientras que en la Sede Regional de Orán se inauguraron espacios deportivos y el cerramiento de un comedor universitario, el foco de atención de este año es la intención de convertir en facultades autónomas a las sedes de Tartagal y Orán, objeto de discusión desde ya varios años anteriores.
Esas unidades académicas siempre han presentado limitaciones en cuanto a presupuestos y derechos, uno de los motivos más importantes es que tienen otro enfoque social, político e incluso económico. En ese sentido, Cuarto Poder dialogó con Emilio Ocaño, un estudiante y activista ya recibido de la Carrera de Comunicación Social de la sede de Tartagal que contó su experiencia como alumno: “Había un montón de asuntos que no se podían resolver debido a que estaban atados a las decisiones de Capital, lo que significaba que algunos problemas que eran urgentes se demoraban en resolver porque tenían que estar a la espera de algún tipo de resolución desde Salta. Muchas de las propuestas que llevamos a cabo desde Tartagal eran rechazadas y otras ni siquiera eran tomadas en cuenta”.
Además, Ocaño recordó una anécdota: “Desde mi experiencia personal, el año pasado yo me desempeñé cómo chofer o básicamente cumplía las funciones de un PAU en el anexo de Santa Victoria Este, donde se encuentra la carrera de enfermería y era el único responsable del mantenimiento del vehículo por el cual nos trasladábamos todos los profesores, el 22 de agosto del año 2017 hice el pedido de cambio de cubiertas debido a que las ruedas con las que contaba el mismo no daban más y el riesgo de sufrir un accidente era mayor, ¿sabes cuándo recibió respuestas el encargado que me está reemplazando a mí? El 20 de mayo de este año, es decir que pasaron nueve meses para que tuvieran una resolución desde el rectorado de Salta Capital hacia el pedido que estaba haciendo”, claro ejemplo de lo que significa que una sede no pueda manejarse libremente a la hora de tomar sus propias decisiones, implicando riesgos tanto personales como contractuales.
Claros cuenta con mayor influencia en las áreas claves de decisión universitaria, como el Consejo Superior y, desde que Fernández (bis) funge como rector, presiona fuertemente a la gestión de su otrora discípulo. Por lo tanto, si se llegara a convertir a las sedes de Orán y Tartagal en facultades autónomas, los principales beneficiados no serían ni los estudiantes ni los docentes del interior, sino el rector, en un último acto de volver a ganarse a la comunidad universitaria ya que por cada nueva facultad se sientan un decano, un estudiante y un profesor en el Consejo Superior. Entonces, como resultado se podría decir que son tres puestos más y el voto de los mismos podría inclinar la balanza a quien cuente con su simpatía.
Resta saber si la reforma del nuevo estatuto es un noble intento del rector para garantizar la inclusión y la democracia o bien si tanto Claros como Fernández (bis) responden al mismo modelo universitario en el que la educación es una mercancía y se beneficia a los estudiantes siempre y cuando los dirigentes puedan mantenerse en el poder y tener un beneficio individual. Así, estas dos autoridades dejarían de lado el modelo ideal institucional en donde los objetivos principales deberían basarse en la igualdad de género y la lucha contra el encubrimiento, las brechas salariales y el elitismo universitario. Es decir, una universidad en la que todos se puedan escuchar y no se comercialice con los ideales de toda una generación.
