Greenpeace realizó una intervención artística con proyección gigante y bailarines. Mediante la técnica del “mapping” convirtieron la fachada de la Facultad de Derecho en un bosque destruido por decisión del gobernador salteño.

“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, comentó Diego Salas, Director de Desarrollo de Greenpeace.

La organización reclama a la provincia de Salta el estricto cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (1), publicada el 24 de enero en el boletín oficial, que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. A su vez, ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”. 

Sin embargo, el gobernador junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo. Dicha evaluación técnica será realizada por la provincia en colaboración de los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación.

Greenpeece comprobó, a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las treinta y dos fincas. Las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas) continúan siendo arrasadas. Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.