Por Alejandro Saravia
Allá por los años 60 antes de Cristo, con la República romana ya en crisis, Marco Tulio Cicerón, a propósito de unas conspiraciones de Catilina en contra de esa República en crisis, pronunció una serie de discursos en el Senado romano que se denominaron precisamente “Las Catilinarias”. La primera de ellas comenzaba con una frase que se hizo célebre: “¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”(Quosque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?) Sin aquella grandiosidad, pero con la facilidad que nos brinda el hecho de parafrasear a Cicerón cambiando nada más que tres vocales, podríamos decir ahora: “¿Hasta cuándo, Catalano, abusarás de nuestra paciencia?
Como todos ya deben saber hasta el hartazgo, la Corte de Justicia de la provincia mediante una tramposa maniobra pretende modificar la Constitución Provincial por una sentencia. Si eso de por sí es muy grave, se llega al paroxismo cuando vemos que lo pretende hacer a través de un tribunal falso, ilegítimo, como diríamos los argentinos: trucho. Ese alzamiento en contra de la Constitución provincial tiene por objetivo modificar la norma que estipula que la duración de los mandatos de los jueces de Corte es de seis años (artículo 156), declararla inconstitucional y establecer, por sí y ante sí, que sus mandatos deben ser de por vida.
La propia Constitución Provincial establece, en su artículo 184, cuál debe ser el procedimiento de su reforma total o parcial, estipulando que sólo mediante una Convención Constituyente elegida por el pueblo puede hacerlo. Pero, nuestra Corte de Justicia, alzándose en contra de esos mandatos, pretende hacerlo a través de un tribunal tramposo como es la denominada “Corte ad hoc”. Un poder constituido, como el de la Corte, se alza en contra del poder constituyente y produce, claramente, un golpe de Estado, un golpe palaciego.
Esta pretensión de darle eternidad al mandato de estos jueces de Corte tiene su antecedente en el año 2017, cuando el Gobernador de la provincia envió a la Legislatura un proyecto de ley que denominaba de “autolimitación” ya que establecía que los sucesivos gobernadores, a medida en que se iban venciendo los respectivos mandatos de ESTOS jueces de Corte, debían postular a los mismos para su eterna renovación.
Este proyecto de ley, que mereció aprobación unánime por el Senado provincial, vulneraba notoriamente a la propia Constitución ya que ella consagra que es una facultad excluyente del Gobernador designar, con acuerdo del Senado, a los jueces de Corte, de modo que una ley no podía cercenar esa facultad porque, claro está, con ello sacrificaba postulados constitucionales. Consciente de la burrada jurídica, el Poder Ejecutivo, también irregularmente, retiró ese proyecto que ya había tenido media sanción del Senado.
Sin abandonar el propósito de darles eternidad a estos jueces de Corte, se inició a ese fin una acción popular de inconstitucionalidad en contra de la disposición constitucional que dispone que sus mandatos son de seis años. Como podrán ver, eso es un oxímoron puesto que la acción de inconstitucionalidad es un instrumento creado para defender a la Constitución en contra de aquellas normas legales, producidas por algún poder constituido como la Legislatura o el Poder Ejecutivo, que sean contrarias a las estipulaciones de la Constitución. Nunca podría ser usado, como en este caso, en contra de una norma constitucional que, por serlo, está en un nivel superior. Una acción de inconstitucionalidad nunca puede estar destinada a atacar a la Constitución porque su función es, precisamente, defenderla.
La Asociación de Jueces, iniciadora de esta disparatada acción, es un desprendimiento del Colegio de Magistrados, fractura inducida por el mismo presidente de la Corte de Justicia, instrumentada ahora para actuar este ataque constitucional. A su vez, la “Corte ad hoc”, la Corte trucha que se formó para este grave menester, llamada a resolver el destino de la acción de inconstitucionalidad iniciada, está integrada por tres jueces jubilados, es decir que ya perdieron su magisterio, y por cuatro jueces integrantes de los Tribunales de Impugnación, todos, los siete, con competencia penal, que nada tiene que ver con la cuestión constitucional que se está tratando, pero que integran, sí, un coto reservado del propio presidente de la Corte. Se trata de una especie de club de amigos de Catalano.
Mas, eso no es todo. Todos los integrantes de esa Corte ad hoc son, a su vez, asociados de la Asociación de Jueces, actora en esta causa, de modo que los que van a juzgar sobre la constitucionalidad de nuestra Constitución Provincial son, a un tiempo, jueces y parte. ¿Podría alguien imaginar por ventura dislate mayor?
Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte de Justicia de la Nación, respetabilísimo jurista, discípulo de Carlos S. Nino, en la apertura del año judicial, los otros días, dijo algunas cosas interesantes. Dijo que “La justicia argentina está frente a un gran desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que nos afecta” “Ser jueces o funcionarios del Poder Judicial no nos confiere derechos sino que, por el contrario, nos impone deberes y responsabilidades” – y que “para servir a nuestra comunidad como jueces no debemos buscar el poder”.
No obstante, consignó lo que a su criterio es la mayor razón de la desconfianza de los ciudadanos en los jueces: que creen que sirven a distintos intereses, salvo al de la Justicia. “La crisis de legitimidad, como dije, es en parte una crisis de confianza y la desconfianza creciente de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso”, afirmó.
En definitiva, para Rosenkrantz, el primer paso es mostrar “que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y las leyes”.
Es justamente todo lo contrario a lo que esta Corte provincial está haciendo. Entusiastas del poder se burlan de todos los procedimientos. Incluidos los constitucionales. Menefreguismo puro.
La cuestión que a nosotros cabe es el desentrañar a qué intereses responden estos jueces de nuestra provincia.
Es tan grave el desaguisado que están llevando adelante que nos cuesta pensar que el Poder Ejecutivo provincial sea ajeno al mismo. Ya vimos el antecedente del año 2017 con aquel malhadado proyecto de ley con media sanción. Era a ESTOS jueces de Corte a quien se pretendía darles perennidad. Y ahora, esto.
Como con aquellas novelas policiales negras debemos preguntarnos, para detectar al responsable, a quién beneficia. La respuesta es simple: el cajoneo de causas penales en contra de algún gobernador reciente delata la intención. Es decir, el transitar el mismo derrotero para con todos aquellos que hayan usufructuado el poder sin control alguno en el último cuarto de siglo de historia provincial para que, tras aquel disfrute, consolidarlo con una merecida eterna impunidad.
