Los vuelos ilegales vinculados al narcotráfico en Salta cada vez más son parte de la agenda nacional. El diario La Nación reseñó el libro del juez federal de Salta Julio Bavio que, entre otras cosas, insta a adecuar la ley para permitir acciones represivas que incluye el derribo de aeronaves.

La nota fue publicada ene se medio en el día de hoy y lleva la firma del periodista Daniel Gallo. La temática no es nueva: el impacto de los vuelos narcos en el norte argentino que se ha convertido “en la forma más utilizada por quienes introducen drogas en la Argentina. Cargamentos de más de 500 kilos en cada avioneta llevaron a sintetizar el problema en una imagen: llueve droga. En esa línea analizó la situación el juez Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Salta”, resaltó el medio nacional.

“El tráfico aéreo de drogas ilícitas es sumamente intenso y viene experimentando un sensible incremento”, afirmó. Y fijó su posición a favor de contar con una ley que permita medidas concretas sobre esas aeronaves, incluido el derribo. Bavio expuso su pensamiento, basado en las experiencias de las investigaciones judiciales, en el libro Tráfico de estupefacientes, editado recientemente por Astrea. Su trabajo incluye, a modo de conclusión, la redacción de un agregado al artículo 33 de la ley 23.737 (la ley antidrogas) con los pasos necesarios para habilitar progresivas medidas sobre una aeronave hasta llegar a una potencial apertura de fuego.

Es la primera vez que un juez fundamenta la necesidad que tiene el país de adecuar su legislación para hacer frente a los vuelos irregulares, que aprovechan los vacíos legales para convertirse en el medio de transporte de drogas a gran escala con menor riesgo para los traficantes. En el análisis que realiza Bavio de varios casos queda demostrado que los grupos de apoyo en tierra sólo necesitan 15 minutos para recuperar la carga arrojada y escapar.

“Aun sin radares, estudios de campo revelan la existencia de una frecuencia inusitada de vuelos clandestinos. De nuestra investigación ordenada, que estuvo a cargo de la policía de la provincia de Salta en una zona que, por razones obvias, no puede ser revelada, emerge con claridad esa circunstancia. Allí se desprende que un comisario de la policía de una localidad alejada de los centros poblacionales confirmó la existencia de vuelos nocturnos (entre las 20 y las 23) a muy baja altura en forma frecuente (hasta dos veces por semana), lo que despertaba sospechas, por cuanto en la zona no existen sembradíos como para firmar que se realizan fumigaciones en ese horario”, sostiene en el libro.

Y prosigue: “De la misma manera, personal policial con revista en otra localidad dijo haber recibido denuncias verbales de los residentes en distintos parajes sobre el hecho de que han observado el tránsito de aeronaves que realizan vuelos rasantes”. ¿Qué pasó con la respuesta oficial? Así lo resumió Bavio: “La realidad indica que los agentes policiales no sólo carecían de teléfonos celulares satelitales, termocámaras, visores nocturnos, etc., sino que como no funcionaban radares que detectaran el ingreso de los aviones a nuestro espacio aéreo tampoco podían contar con la alerta temprana del vuelo ni con ningún otro dato previo para actuar en consecuencia”.

En las 212 páginas del libro, Bavio traza un escenario en el que el Estado quedó sin muchas respuestas para enfrentar la nueva amenaza de los vuelos con droga.

Otro caso señala la magnitud de las operaciones aéreas narcos: “Una gran sorpresa se llevaron los miembros de la Gendarmería Nacional el 25 de abril de 2014, cuando, luego de realizar el secuestro de 400 kilos de clorhidrato de cocaína arrojados desde una aeronave en una zona selvática del norte salteño, detectaron otras dos avionetas furtivas que sobrevolaron el mismo lugar”.

Sobre la base de su experiencia, Bavio agrega en su libro: “Emerge la altísima frecuencia y regularidad de los avistamientos, por lo que los datos oficiales obtenidos de los radares en el limitado espacio aéreo controlado por éstos no se compadecen con la realidad”. Al margen de lo reseñado por el juez, el Ministerio de Seguridad de la Nación detectó este año más de 1600 lugares aptos para aterrizajes clandestinos.

Bavio sustentó en forma jurídica, además, la posibilidad de abrir fuego como último recurso sobre un vuelo ilegal, bajo ciertas condiciones, y rechazó los argumentos que hablan de “pena de muerte” al mostrar las similitudes legales de una persecución aérea con la que podría realizar la policía en las calles ante un delincuente que busca escapar.