Un estudio doctoral demuestra en términos cuantitativos cómo los desmontes generan la desaparición de civilizaciones con sistemas socio-ecológicos diferentes a la producción agroexportadora. El 64% de las comunidades del chaco salteño se vio afectada por este frenesí. (Franco Hessling)

El silencioso genocidio causado por los desmontes completa una tarea histórica que iniciaron los ilustres de las “campañas del desierto”, comprobado en términos cuantitativos por una tesis doctoral realizada en el chaco salteño y parte del noroeste del Paraguay por la docente e investigadora María Vallejos. El estudio concluye que, desde 2001 a 2015, en Salta se perdieron un 21% de superficies que eran ocupadas para la subsistencia de pobladores, mayormente pueblos originarios. Sobre una población analizada de 202 comunidades, se especifica que un 64% fue directamente afectada por el avance de la desertificación.

¿Cómo se puede cuantificar en qué medida una determinada acción ambiental -el desmonte- afecta en la forma de vida de las comunidades con tradiciones cazadoras-recolectoras? Además del mapeo, se revisaron las hectáreas de deforestación y se calculó cuanto monte necesita una comunidad para subsistir. Para tal propósito se incluyeron aspectos biofísicos y sociales, posibilitando caracterizar sistemas socio-ecológicos. Sabiendo la cantidad de monte tumbado y el espacio que cada sistema socio-ecológico de las comunidades requiere para subsistir, la ecuación se vuelve sencilla. Es así como se deduce que el 64% de las comunidades del chaco salteño padecieron en primera persona el avasallamiento a su pervivencia.

En diálogo con Sobre la tierra, sitio web de divulgación científica agraria y ambiental, Vallejos planteó los alcances de su trabajo: “Se muestrearon 202 comunidades de pueblos originarios que incluyen nueve etnias, en cinco departamentos del este de Salta. En esta región también viven familias criollas dedicadas a la ganadería bajo monte y se encuentran compañías agroexportadoras que usan grandes superficies para agricultura o ganadería extensiva para el mercado global. Estos actores compiten por el uso de la tierra, lo que genera conflictos por el acceso a los recursos”.

El portal especializado subraya que es el primer estudio que permite cuantificar en qué medida la desertificación va exterminando civilizaciones. Y, al embarcarse en vincular tales fenómenos, su autora entiende que su tesis es un instrumento político que aporta evidencia científica. Confiesa que los resultados de su investigación “son útiles (…) para empoderar a los grupos más vulnerables”. Vallejos pretende que su trabajo sea herramienta de política pública para revertir la primacía de una matriz económica extractivista asentada en la producción primaria.

“La ciencia no está desvinculada de la toma de decisiones, para tomar decisiones sabias es necesario entender cómo funcionan los sistemas”, esboza con un halo de ingenuidad, creyendo que la política se orienta por grados de entendimiento y no por intereses antagónicos. “Las tesis no son cuadernos que quedan guardados en una estantería, se usan. Los estudios (…) tienen implicancia en muchos ámbitos públicos y privados. Los resultados de esta tesis, por ejemplo, sirvieron para resolver conflictos judiciales (…). Uno es el caso Karlen, quien fue condenado por el desmonte ilegal, y otro es el de la Finca Cuchuy que actualmente sigue sin resolverse”. Juan José y Daniel Darío Karlen fueron el único caso de aplicación íntegra de la Ley de Bosques en vigencia desde 2008. Las 16 mil hectáreas ilegales que tumbaron son para el poder político salteño el árbol -cumplimiento riguroso de la ley ambientalista- con el que pretenden tapar el bosque -las miles y miles de héctareas ilegales tumbadas-. El 55% de las 465 mil hectáreas desmontadas entre 2008 y 2014 fue de manera ilegal.

Inapelable

La docente e investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) aportó evidencia para casos de desmontes ilegales en Salta, más pruebas para una realidad en nada novedosa. Lo innovador es que son el tipo de pruebas que por su rigurosidad científica fastidian al poder político que orienta la matriz de desarrollo con una mirada productivista de integración a los mercados mundiales vía provisión de materias primas. De los creadores del “granero del mundo”, llega el “desarrollo sostenible”, baluarte discursivo de los justificadores de los desmontes feroces que desnudaron el este de la provincia desde principios de siglo.

Las pruebas científicas le otorgan sentido a las “razones culturales” que arguye el gobernador Juan Manuel Urtubey y su tropa cuando se trata de explicar hechos de desnutrición infantil o proliferación de epidemias en zonas vulnerables y habitadas por comunidades de pueblos originarios. Las razones culturales existen, sí, pero la precisión científica permite verla en el modelo productivo que los hombres del poder gustan considerar como “progreso” y no en la supuesta tozudez de los indios que se empeñan en no dejarse ayudar.

El escenario producido por el “desarrollo sustentable”, es resumido por la agrónoma del siguiente modo: “La forma en que se expanden los desmontes y el tamaño predominante de los lotes brinda información acerca de los actores que transforman el territorio. En el Gran Chaco argentino y paraguayo dominan los grandes lotes, ya que los agricultores mecanizados y conectados con los mercados externos son el motor del cambio en el uso del suelo”. Algunas de las consecuencias ostensibles del modelo agroexportador, apunta la tesis doctoral, son la dificultad para la provisión de alimentos y la propensión a las inundaciones. Este año, la anegación de Las Lajitas (epicentro de la desertificación en Salta) fue postal conspicua del progreso extractivista.