Una tesis de licenciatura bucea en las lógicas de la Asignación Universal por Hijo. Es de la periodista Andrea Verdun Sajama quien en un capítulo repasó distintos planes sociales implementados en el país desde el retorno de la democracia.

La autora de la tesis se sumergió en el análisis sobre cuál era la idea de Estado que el kirchnerismo deseó corporizar con ese programa y sí tal mensaje fue adoptado como tal por las beneficiarias salteñas del mismo. El riguroso trabajo que le valió la aprobación con la máxima nota por parte del tribunal evaluador, posee un capitulo -el 4- titulado “Pan para hoy hambre para mañana: Historia de los programas de transferencia en Argentina” que realiza un repaso sobre los principales planes sociales implementados en la Argentina desde el retorno de la democracia, dando una idea cabal de cómo la situación de los argentinos es un cuesta abajo permanente en lo que a movilidad social descendente se refiere. Trascribimos a continuación extractos del trabajo sobre que dice así.

La Caja PAN

“El gran antecedente de los programas sociales en Argentina es la caja PAN, el Programa Alimentario Nacional, que se lanzó el 15 de mayo de 1984, a seis meses de asumir Raúl Alfonsín. A partir del retorno a la democracia, se considera por primera vez el deterioro en las condiciones alimentarias nutricionales de la población (…)

El programa fue impulsado a través de la sanción de la Ley 23.056 (…) convirtiéndolo en el hito fundacional de la historia contemporánea de los programas alimentarios. El plan se extendió durante todo el mandato de Alfonsín, a pesar de haber nacido con un carácter de emergencia y transitoriedad, terminó entregándose durante cinco años.

Se caracterizaba por ser un reparto mensual de cajas de alimentos secos, que consistían en leche en polvo, cereales, legumbres, aceite y enlatados, cubriendo entre el 30 y 20% de los requerimientos nutricionales de una familia de cuatro personas. La misma costaba 550 pesos argentinos, que en ese momento equivalían a 11 dólares.

A través de una entrevista realizada por Laura Ferrarese  para diario La Nación en 2003,  al diputado Aldo Neri, entonces ministro de Bienestar Social, explicó que el objetivo no era solo alimentario sino que la idea era transformarlo en un programa de desarrollo integral, donde se reuniera a las madres para brindarles educación alimentaria. Durante estos encuentros se detectaban también problemas de escolaridad de los niños y se estimulaban las compras comunitarias, a través de los agentes PAN, ya que existía en cada jurisdicción una delegación federal del PAN responsables de censar a los potenciales beneficiarios y de la entrega de las cajas, en reuniones mensuales con las familias.

El programa recibió muchas críticas, como por ejemplo las plasmadas en el informe denominado Programas Alimentarios en Argentina, como un programa asistencialista, de uso clientelar y practicas poco transparentes en los procesos de entrega y adquisición de las cajas, con una distribución ligada a fines políticos más que sociales; al respecto el diputado Aldo Neri manifestó que “hubo algún grado de clientelismo, pero también había mecanismos de control”.

Jefes y Jefas de Hogar

“El Plan Jefes y Jefas de Hogar (…) fue implementado en 2002, producto de la crisis económica e institucional que vivía la población argentina en 2001, con la mitad de los ciudadanos viviendo bajo la línea de pobreza.

(…) el plan se limitaba a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia. En un momento histórico donde resaltaba la desigualdad y la exclusión de los sectores pobres, desde el Gobierno Nacional apuntaban a acciones asistenciales a corto plazo, que si bien podían mitigar las condiciones más extremas de la pobreza estructural, reproducían la exclusión y ahondaban la brecha entre los sectores sociales relegados y el sistema político.

Los orígenes de este programa se remontan al decreto 165  del 22 de enero de 2002, que había establecido una prestación de entre 100 y 200 pesos para los jefes y jefas de hogar desocupados por un lapso de tres meses.

 (…) Los destinatarios eran jefes o jefas de hogar desocupados con hijos menores a cargo. El programa perseguía asegurar la concurrencia escolar de los hijos, así como el control de la salud. Al mes de abril de 2003, según datos oficiales publicados por el Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control (CONAEYC), el número de beneficiarios del programa alcanzó a 1.987.875 personas.

(…) A su vez, los perceptores debían participar en actividades de capacitación o comunitarias, como contraprestación del beneficio percibido, que no podían tener una dedicación inferior a cuatro horas diarias ni superior a seis. Los proyectos de actividades comunitarias o de capacitación debían ser aprobados por el titular de cada municipio, previo dictamen del Consejo Consultivo municipal, comunal o barrial.

El Plan de Jefes y Jefas no promovía una redistribución del ingreso, sino que era una política asistencial focalizada de transferencia directa de ingresos (…)”.

El PEL

“A pesar de la explícita intención de canalizar los diversos programas sociales en un solo plan, en forma paralela a la creación y puesta en funcionamiento del Programa de Jefes y Jefas, el Ministerio de Trabajo, con el declarado objeto de “atender a aquellos grupos de trabajadores desocupados que no reúnen las condiciones para acceder a dicho Programa”, implementó el Programa de Emergencia Laboral (PEL), por medio del cual autorizó la aprobación de actividades comunitarias para 300.000 beneficiarios, como máximo, que percibirían por ello la suma de 150 pesos por mes.

Los PEL eran entregados de manera absolutamente discrecional y no estaban sujetos a ningún tipo de control. En efecto, para acceder a este programa sólo se requería ser mayor de 18 años, estar desocupado, no percibir prestaciones previsionales, seguro de desempleo y no participar en otros planes de empleo”.

Familias por la Inclusión Social

“Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ejecuta el Programa Familias por la Inclusión Social que llegó a alcanzar a 175 mil familias y tenía como meta la cobertura de alrededor de 450 mil para mayo de 2004.

Los objetivos de este programa consistían en promover el desarrollo, la salud y permanencia en el sistema educativo de los niños y evitar la exclusión social de la familia en situación de pobreza, mediante el pago de transferencias monetarias a las familias beneficiarias, con un tope de 200 pesos mensuales, las cuales realizaban contraprestaciones para asegurar la asistencia escolar y los controles de salud.

Con relación a los mecanismos de asignación del beneficio, el programa utilizaba los barridos censales del Sistema de Identificación de Familias Beneficiarias. Aún así no existían criterios objetivos para justificar la inclusión o exclusión de una u otra familia en idéntica situación de vulnerabilidad de derechos en el marco de este programa social.

(…) Esto permite entender, por otra parte, que la magnitud de este programa sólo se relacionaba con la dimensión de los conflictos que pretendía prevenir y no con una verdadera vocación de instrumentar un sistema de redistribución de ingresos que garantice el derecho a un nivel de vida digno a toda la población.

En este marco, para los beneficiarios de plan jefes y jefas no poder despegar de su situación de pobreza significaba, entre otras cosas continuar trabajando para mejorar sus condiciones de vida en contextos económicos y sociales desfavorables. Al mismo tiempo, que atravesaban constantes situaciones de discriminación a causa de estereotipos que recaen sobre ellos, como ser vistos como objeto de sistema clientelares sin poseer capacidad crítica o aquellos que asocia la condición de pobreza con la de ser delincuentes”.

AUH

“En 2009, con la el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo para protección Social, surge un cambio de paradigma. En relación a las políticas sociales de transferencia, la pobreza y los derechos.

(…) El mismo fue plasmado por Presidencia de la Nación , en un informe publicado a través del Instituto Nacional con la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, con el objetivo de erradicar la discriminación hacia las personas en situación de pobreza, en el informe explican que:

La AUH “no se trata de una medida que intente remediar la pobreza, la cual sería una política focalizada, sino que es una medida que apunta a universalizar un derecho: el de los niños y niñas argentinos a contar con condiciones mínimas de vida  garantizadas durante su infancia y adolescencia”.

Este es un aspecto central y sustantivo que diferencia a la AUH de otras políticas sociales como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, puesto que este había nacido, no solo como herramienta de política social, sino principalmente como un instrumento para apaciguar un conflicto social, transformándose en un aspecto central de la política del gobierno de transición, con la limitación de que, lejos de consagrar un derecho, distribuía beneficios asistenciales precarios que no alcanzaban a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia”.