Hoy y mañana habrá reuniones en Nueva York entre un enviado de Macri y los acreedores. Reclaman más de US$ 10 mil millones. El miércoles habría propuesta.

El secretario de Finanzas, Nicolás Caputo, está desde el viernes pasado en Nueva York, desafiando el frío. Y hoy iniciará una seguidilla de dos días de reuniones con representantes de los fondos buitre para negociar un acuerdo sobre los US$ 10.000 millones  que reclaman por los bonos en default de la deuda pública argentina. Esta misma semana, posiblemente el miércoles, una vez que finalicen las reuniones, el gobierno de Mauricio Macri hará una propuesta formal de pago, que incluiría una quita que se ubicaría en torno del 15%, según trascendió en Buenos Aires.

El escenario de la negociación serán las oficinas ubicadas en el piso 27 de la Avenida Park 245. Allí trabaja el abogado estadounidense Daniel Pollack, designado por el juez Thomas Griesa como mediador entre la Argentina y el grupo de acreedores que obtuvo un fallo favorable en la Corte de Justicia neoyorquina.

La propuesta se mantiene en estricto secreto. Y los detalles se definirán entre hoy y mañana. Lo que finalmente se acuerde en Nueva York va a ser difundido en simultáneo en Buenos Aires, según la decisión política que adoptó el Presidente Macri. Los fondos especulativos que tienen los bonos prefieren que el arreglo sea secreto. Así lo reclamaron NML Capital, Aurelius, Blue Angel y Olifan. Y además dejaron trascender que si Argentina no aceptaba esa condición no considerarían ningún tipo de propuesta que acerque el gobierno argentino.  “Ellos pueden mantener en reserva su posición, pero nosotros no estamos obligados a hacer lo mismo”, explican en la Casa Rosada.

Los términos del acuerdo igual no quedarán firmes hasta que se cumpla un trámite legal: la reforma de Ley Cerrojo para habilitar las negociaciones. Macri anunciará el primero de marzo, cuando inaugure el 134 período de sesiones ordinarias del Congreso, el envío de un proyecto específico.

El acuerdo con los buitres en “una prioridad” para el Gobierno. “Este tema hay que sacárselo rápido de encima para avanzar en la agenda de la pobreza cero, del desarrollo y de las inversiones”, dijo la semana pasada el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reafirmando los dichos previos del propio Macri.

Un aspecto clave para destrabar la negociación -que quedó en vía muerta tras un par de intentos poco amistosos hacia el final de la gestión de Axel Kicillof- es cómo se determinará la quita sobre el monto que reclaman los acreedores. En un primer momento se estimó -y algunas consultoras lo reflejaron- que era posible obtener un descuento del orden del 30% al 35% sobre la deuda acumulada. Pero en los últimos días esa pretensión se habría acercado más a la franja que va del 15% al 20%.

La estrategia del Ministerio de Economía a cargo de Alfonso Prat-Gay apunta a demostrar que la cifra que reclaman los holdouts ante Griesa está sobrestimada.

En ocasión de su reciente visita a Davos, Prat-Gay explicó al auditorio de empresarios y financistas: “Lo que nosotros decimos es, vamos a discutir el interés a aplicar porque en ningún ámbito, ni siquiera en el mercado inmobiliario, se va a encontrar una inversión tan sustanciosa en ese período”.

Lo que el gobierno está tratando de instalar en el mundo financiero es el nivel de usura que implica un reclamo cuya composición es 30% de capital y 70% de intereses. Los analistas advierten que justamente, el más duro en la negociación  es Paul Singer, dueño del fondo Elliot, porque compró bonos en default muy baratos y fue acumulando intereses sobre intereses. Pero aclaran que éste no es el caso de muchos de los acreedores conocidos como me too que se sumaron a los fallos de Griesa.

 

El punto de partida del reclamo de los holdouts, según había reconocido el Gobierno, era inicialmente de 2.943 millones de dólares. Pero al aplicarse las últimas sentencias en su contra la cifra pasó a ser 9.882 millones de dólares. A esto se agregan los me too.

La reunión del Foro Económico Mundial en Davos también permitió que tanto Macri como Prat-Gay y la canciller Susana Malcorra, mantuvieran contactos de primer nivel con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.

Allí pudieron explicar la filosofía de la estrategia argentina: resolver un problema heredado y mal manejado por la administración anterior para allanar el camino a la reinserción de la Argentina en los mercados mundiales. La predisposición por llegar a un acuerdo fue la carta que mostraron las autoridades argentinas ante sus pares de Washington, con la secreta esperanza de lograr algún tipo de apoyo en las conversaciones.

Si bien consideran que es casi imposible esperar que la Casa Blanca interceda en el pleito (porque allí, dicen, los gobiernos no interfieren en cuestiones que incumben a la Justicia) no descartan al menos una exhortación que ayude a acercar posiciones.

El objetivo del secretario Caputo y los abogados que asesoran a la Argentina es poder dar por cerrada la oferta pasado mañana.

Fuente: La Nación