por Franco Hessling
La información pública es la única manera que un gobierno tiene para transparentar sus funciones. En cambio, la idea de “modernización” que se viene repitiendo para justificar cuanta política de ajuste se aplica también se ha utilizado para volver espinosos los accesos a los archivos de estado. Prácticamente la única forma de hacer un seguimiento de las acciones de gobierno, en términos de registro formal, es a través de los boletines oficiales. Éstos deben ser de fácil interpretación para cualquier “persona humana o jurídica”, al mismo tiempo que deben ser asequibles, sólo de esa manera garantizan el cumplimiento de la ley nacional de Acceso a la Información Pública que se consagra en el marco del derecho humano a la comunicación, reconocido con fuerza constitucional mediante el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre lo primero, conseguir intelección, las administraciones estatales suelen hacer pocos esfuerzos para que sus actos sean inteligibles; los documentos oficiales están repletos de vocablos y expresiones técnicas. En cuanto a lo segundo, que la información sea accesible para cualquiera, el caso salteño viene dando francas muestras de violación al derecho humano citado.
Sin ir más lejos, el martes primero de mayo se publicó en el Boletín Oficial una comisión oficial de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Berruezo, a Boston, Estados Unidos, para participar de una actividad en la Universidad de Harvard organizada por la Varkey Foundation. La información se publicó por decreto, apuntaba que la ministra había sido invitada por Agustín Porres, representante en Argentina de la fundación, y que la estadía se prolongaría del 24 de abril hasta el 1 de mayo último; pero nada decía sobre los gastos, cuánto y por cuenta de quién (¿el Gobierno o la fundación?), ni de las actividades específicas que realizaría la representante salteña.
“De Salta al mundo”, un artículo de esta edición semanal, incluye una somera investigación sobre esa estancia de Berruezo en las tierras norteamericanas. El decreto de por sí brindaba pocas precisiones, sin embargo desde el miércoles fue imposible encontrarlo en la web del Boletín Oficial de Salta, desde donde, se supone, se garantiza que todos/as —incluidos los marginados por la brecha digital— tengan acceso a la información pública.
No es la primera vez que se detectan casos de boletines desaparecidos en los arcanos de la nube. El Boletín Oficial del 29 de marzo de este año tampoco se encuentra disponible. Descartado que el archivo desaparecido esta semana sea un caso remoto, pues hay archivos anteriores que tampoco están, puede sospecharse de animosidad contra la transparencia o de impericia informática. Si la respuesta gubernamental reposa en este segundo argumento, alguna falla técnica, quedará comprobada la falacia de que para nada se viola el derecho humano a la comunicación o se contravienen los estándares de la ley de Acceso a la Información Pública cuando se ponen a disposición ciudadana los archivos públicos sólo de modo digital. Parte de la maldita idea de modernización que foguea Jaime Durán Barba —asesor de Mauricio Macri— y que replica Antonio Sola —asesor de Juan Manuel Urtubey.
Anticipar las respuestas
Desde la Secretaría General de la Gobernación, organismo del que depende el Boletín Oficial, podrán aducirse tres explicaciones a la desaparición web de los archivos: en primer lugar, que las normas por separado —no por fecha— siguen disponibles en la web. Ciertamente puede que así sea, sin embargo, encontrar las normas en el digesto no es igual a leer el Boletín Oficial de actos públicos de tal o cual fecha específica. Es otro arcano todavía más laberíntico.
Por otra parte, desde el despacho de Ramiro Simón Padrós podrán decir que diariamente se imprimen dos copias del Boletín Oficial de Salta, a lo que habrá que agregar que esos juegos impresos quedan bajo custodia del propio Ejecutivo. Ni siquiera la Biblioteca Provincial o los demás poderes del Estado cuentan con el archivo de boletines oficiales de la Provincia. Que, dadas las cosas, tiene margen para adulterar los documentos públicos a placer.
Incluso podrán decir, como resonancia interna del domo de clase en el que está inmersa la casta política, que cada día, quien quiera, puede imprimir el Boletín Oficial, un documento de al menos 50 páginas. Lo dirán porque, según sus ingresos, no es algo costoso mantener una impresora, estar provisto/a de energía eléctrica, tener conexión a internet, computadora y papel de máquina todos los días. Sólo creyendo que ese escenario delirante es real para toda la población es que se puede comprender, por ejemplo, los proyectos de declaración que presentó esta semana el senador por Rivadavia y aliado oficialista, Mashur Lapad, quien solicitó que se instalen cajeros automáticos en zonas donde la infraestructura básica es inexistente y acaban de darse inundaciones que dejaron cientos de evacuados. Información pública digitalizada y finanzas en lugares donde la tasa de empleo informal es sideral y el acceso a las nuevas tecnologías de la información, y aun a los servicios básicos, no está proliferado.
La ola digitalizadora comenzó en Salta desde que se sancionó la ley provincial 7850, a fines de 2014, en la que se adhirió a la ley nacional 25.506 en la que se reglamenta la certificación y uso de firmas y documentos digitales. En las disposiciones complementarias de ese texto, legislado por el Congreso de la Nación en noviembre de 2001, se establece que el estado “promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización”.
La desaparición de boletines oficiales digitales en nada favorece “las búsquedas automáticas” y el “seguimiento y control del interesado” en acceder a la información pública. Entonces, amén de los argumentos ambientales y económicos, siempre pensando en que estamos poniendo en consideración un derecho humano, ¿se justifica el avance de la “despapelización” que hay desde fines de 2014, cuando la Provincia se suscribió a la legislación nacional de 2001?
El 3 de diciembre de 2016, el equipo de investigación del diario El Tribuno publicaba un informe sobre entuertos en las licitaciones de obras que ni siquiera se habían iniciado. Los avances de ejecución y estados de inversión estaban disponibles en tablas online del Gobierno salteño. Unos días después de que se iniciara la investigación, cuando se accedió a las mismas tablas los números habían sido adulterados. Con más sutileza periodística que conocimientos informáticos, Antonio “Tano” Oieni encontró en sus navegaciones en caché los viejos cuadros e hizo capturas de pantalla. El contraste del mismo cuadro fue publicado en aquel informe de fines de 2016.
El entorno digital, según ha evidenciado el reciente caso que experimentó la red social Facebook en Gran Bretaña, vuelve a todos vulnerables en términos de intimidad y resguardo de datos. Manuel Castells, pensador español, definió como “sociedad informacional” a un tipo de sociedad que tiene como novedad no la información sino el hecho de que sea ésta el principal capital que se pone en juego en la distribución de relaciones de poder. La información pública en particular es axioma prístino en cualquier sistema político que tenga un mínimo de interés en preciarse de democrático. Cabe la posibilidad que ese no sea uno de los horizontes del Gobierno de Salta.
Vigilantes
Bajo la misma idea -”modernización”- con la que pretenden incrementar los métodos de hipervigilancia a través de la red internet, ámbito sobre el que pujó por legislar en días pasados el senador nacional por Salta y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey, se manipula con desvergüenza la información pública, vulnerando sin miramientos un derecho humano. En días recientes se conoció también que la Provincia ha realizado nuevas contrataciones para ampliar y potenciar el sistema de videovigilancia, aprovechando, claro está, los avances galopantes de las nuevas tecnologías de la información.
El empeño demostrado en acrecentar, aprovechando los avances técnicos, los métodos de vigilancia sobre la población llana no se condice con el deliberado ocultamiento de la información pública que hace el Gobierno de la Provincia. Mientras que los derechos personalísimos y la intimidad de la ciudadanía son cada vez más ultrajados, las entidades públicas se dan licencia para no dar cuenta de sus acciones que, a diferencia del ámbito privado de las personas, implican al erario público y al patrimonio colectivo.
