Hace unos días se conoció que los jugadores del plantel de básquet en silla de ruedas de Salta no pudieron viajar a disputar un encuentro porque una empresa de transportes se negó a subir sus elementos de movilidad. Cuarto Poder se interiorizó sobre el asunto y conoció la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA). Andrea Mansilla
Hace no mucho tiempo, unos cinco años quizás, a Ana (50 años hoy) le diagnosticaron artritis degenerativa, una enfermedad que produce el deterioro de cartílagos y huesos, provocando dolor y rigidez. Para saber qué era lo que le producía ese dolor intenso en las rodillas que no la dejaba caminar, Ana tuvo que hacer fila, en vano, al menos cinco días en el Hospital del Milagro. A las cinco de la mañana, cuando ella llegaba si se tomaba el primer colectivo que salía desde su barrio, ya había gente en la fila y los turnos para reumatología se habían cubierto, así que volvía a su casa y al otro día iba con la esperanza de que entonces hubiese menos gente corriendo su suerte. Cuando por fin la atendieron y la diagnosticaron, supo que tenía la posibilidad de tramitar el carnet de discapacidad ya que su médico consideraba que tenía el 80% de dificultad para caminar y ese carnet le permitiría viajar gratis en colectivo ahorrándole la cantidad de plata que gastaba por subirse a uno y a otro debido a su dificultad para hacer incluso una cuadra. Percibiría, además, una pequeña suma (hoy en 2018, menos de $5000) en calidad de pensión por discapacidad que, aunque no cubriría sus gastos totales, le permitiría alivianar el gasto de la medicación para el dolor.
Así fue como empezó otra peripecia en la que pasó por al menos seis médicos estatales (cuando tenía la bendita suerte de conseguir turno en el hospital), recorrió los organismos públicos de salud y presentó sus papeles. Al cabo de un año, el carnet llegó a una de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en la calle Benito Graña (no a su casa) y lo retiró contenta aunque avergonzada. Era oficialmente discapacitada y eso a ella le generaba un impacto emocional que no había tenido tiempo de procesar ya que el trámite del carnet no venía acompañado de asistencia psicológica estatal.
Aprendió a sobrellevar su condición gracias a la ayuda de su familia y amigas, quienes se aseguran de estar siempre cuando ella baja o sube de algún colectivo para dirigirse a su trabajo, la acompañan en su tratamiento y, para mantener la vida social activaba a la que Ana estaba acostumbrada, se reúnen en lugares de fácil acceso para personas con dificultades motrices. Ahí es cuando Ana siente el peso de la exclusión: no existen rampas habilitadas en la mayoría de los bares o restaurantes, casas de té, locales de ropa, incluso en organismos públicos. Además, las rampas de las veredas están destruidas o “momentáneamente” obstaculizadas imposibilitando su uso.
El caso de Ana es muchísimo más común de lo que cree, a pesar de la reserva de la estadísticas sobre discapacidad en Salta. Sin embargo, las políticas públicas que atañen a la inclusión de personas con discapacidad son insuficientes y no parece haber voluntad política, al menos desde el municipio, por revertir esta situación. Desde el Estado nacional mucho menos: durante el gobierno de Mauricio Macri el retroceso en materia de derechos para el desarrollo social ha puesto en peligro más de una vez las pensiones por discapacidad. Con un blindaje mediático a su favor, el Gobierno nacional ha dado de baja iniciativas como Conectar Igualdad, Plan Fines y un sinfín de programas educativos que apuntaban a la inclusión de lxs jóvenes. Y un caso que merecería una nota aparte es el del colectivo LGBTTTIQA que lucha por la ley del cupo laboral trans desde hace años, obteniendo hasta ahora sólo media sanción pero que está lejos todavía de ser, al menos, una ordenanza regulada en la ciudad.
Recientemente el ojo mediático ha puesto en agenda la problemática de la accesibilidad y la inclusión cuando cinco jugadores de básquet quisieron viajar a la provincia de Río Negro y la empresa Vía Tac se negó a llevar sus sillas deportivas. Se dirigían a jugar la 2° fecha del Federal de Básquet en colectivo de línea ya que es el único medio que el carnet de discapacidad les permite usar para viajes de larga distancia, aun cuando muchas de las personas que lo poseen tienen dificultades para viajar en una misma posición por más de una hora. El Presidente de la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA), Jorge Guantay, había elevado previamente un pedido de pasajes en avión al gobernador Juan Manuel Urtubey para que estos jóvenes pudieran mantenerse en la carrera por el ascenso. Ante el silencio y la falta de voluntad política por subsidiar el viaje, los jugadores debieron pasar esa noche en la terminal, una más de todas las situaciones de violencia institucional, discriminación y abandono de persona a la que el estado y la sociedad, lamentablemente, los tiene acostumbrados. Porque ya no se trata sólo de una falta de políticas sino de una carencia de sensibilidad por parte de la población, fruto de la desinformación y la negligencia del estado para el tratamiento de estos casos en pos de una real inclusión.
En diálogo con Cuarto Poder, Guantay advierte que al lado del edificio donde funciona ALSA se está por inaugurar un Centro de Salud cuya rampa es muy empinada y no cumple con las necesidades reales de las personas en silla de ruedas. “Es increíble, pero acá al lado mismo están vulnerando nuestro derecho a la accesibilidad”, comenta Guantay, quien es presidente desde hace ocho años en la Asociación. Respecto a la situación con los jugadores, Guantay relata también que el equipo de Salta llevaba sólo cinco jugadores porque no tenían los fondos suficientes para viajar con suplentes. No recibieron ninguna ayuda previa más que de la comunidad y, al mediatizarse el caso, pudieron viajar gracias al aporte de entidades privadas y a la Secretaría de Deportes, como correspondía desde el principio.
“Accesibilidad e inclusión van de la mano” afirma Jorge y recuerda que hasta hace unos años en ALSA sólo tenían dos baños y un pequeño cuarto. La Asociación logró ampliar su pequeño edificio, hacer una cancha de Básquet y un quincho en el que ahora se dan clases de danzas y otros deportes. Con la ayuda de la comunidad y mediante su propio esfuerzo, los miembros de la Asociación pidieron ayuda al Gobierno en mano de obra y un poco de cemento, pero todo lo demás fue gestionado por ellos administrando un pequeño subsidio que no asciende a $6000. La nueva gestión no ha mostrado aún voluntad política de revertir la situación de precariedad con la que funciona esta Asociación y a nivel nacional tampoco se ha avanzado mucho, asegura con preocupación Jorge Guantay, que este año termina su mandato y con orgullo cuenta a este medio que la comisión directiva podrá estar integrada por cualquier persona, no sólo lisiadas, ya que el espíritu de inclusión de los miembros promovió esta apertura.
La exclusión parece ser entonces una política de estado. Los casos antes citados sólo ilustran cuestiones como la accesibilidad pero no representan ni la mitad de las problemáticas de discriminación, abandono de persona, negligencia y desamparo que los estados nacional y provincial ignoran categóricamente.
