El espacio abismal que separa a los representantes del poder judicial de los ciudadanos comunes suele estrecharse cada vez que el pueblo asume que la obediencia es cosa de representantes y no de representados. En un contexto de enorme desconfianza en el aparato judicial, buena parte de la sociedad salteña empieza a recordar que la justicia no es impoluta.
La tranquilidad habitual de los domingos sanlorenceños se vio interrumpida, la semana pasada, por una escena altamente ilustrativa de la tensa relación entre la sociedad salteña y sus representantes en la justicia. En la mesa de una pizzería cenaba junto a su esposa el juez de instrucción Pablo Farah; del otro lado del ventanal, con el celular en la mano, una mujer comienza a interpelarlo ante la mirada desconcertada de los comensales. «Corrupto, sinvergüenza» acusan desde afuera del local. La mujer que toma registro de su propio accionar es Marisa Peñalva, tía de Lujan Peñalva. Se trata de una de las jóvenes cuya muerte en 2012 todavía no está esclarecida. La causa que investiga el hecho reabrió recientemente por el enorme tesón de la familia de la joven y luego de varias idas y vueltas en la justicia.
«Vamos» ordena el juez Farah a su esposa mientras se levanta para dirigirse al encargado del local. «Si, se van a tener que ir, sinvergüenzas» responde Peñalva. «Pablo, llamá a la policía» amenaza su esposa, mientras se levanta de su silla para confrontar con la tía de Luján. En un gesto más intimidatorio que real, simula marcar un número en su celular, mientras se esfuerza por deglutir y dice: «mi marido es un juez penal muy decente ¡Se calla la boca!». La tensión concluye segundos después, cuando el propio juez se acerca para retirar a su esposa de la escena. «Que te remuerda la conciencia» se aleja diciendo Marisa Peñalva.
El cuadro y su posterior viralización vía redes, motivó un cruce de comunicados entre la asociación de jueces y la familia Peñalva. En un escueto texto en el que aseguran reivindicar y defender «la magistratura y la independencia judicial», la asociación de magistrados de Salta advierte: «los familiares de una causa en trámite no pueden abandonar el camino judicial para intentar una vía ajena al mismo como lo es el denominado ‘escrache’, acción intimidatoria que afecta a todos independientemente de la función pública que se cumpla, en este caso, al magistrado en cuestión». Posteriormente, el comunicado exhorta a tomar conocimiento del caso a la corte de justicia, los ministerios de Derechos Humanos y Justicia de la provincia y la nación, entre otros.
La respuesta corporativa de la asociación de jueces de la provincia a los reclamos de la familia Peñalva, no sólo equipara el «mal rato» vivido por el magistrado con la impunidad desatada ante la muerte de dos jóvenes en julio de 2012. El texto también apunta a ser una fuerte demostración de poder frente a la amenaza del escarnio público, a la que muchos funcionarios judiciales parecen estar destinados por su accionar.
Manifestaciones como las del domingo pasado evidencian que la ideología judicial tambalea cuando, cada tanto, la ciudadanía le recuerda a sus representantes en la justicia que no son sus procesados. Que la creencia medular de que la justicia es una instancia superior, neutral y pura es, como mínimo, cuestionable. Como sostiene Kelsen: «Estado y Derecho son conceptos equivalentes: el primero no es más que una personificación metafórica del segundo, es decir de un orden imperativo de normas cuya efectividad radica en la coacción centralizada». Reprender esa coacción equivale, entonces, a desnudar el papel de los magistrados en tanto agentes representantes del privilegio de clase.
La intervención, caratulada por los indefensos jueces como «escrache», se dio en una extraña simultaneidad con la renuncia del abogado Pedro García Castiella al patrocinio de la familia Peñalva. Aunque el letrado especialista en derecho penal aseguró que su retiro obedece a cuestiones personales y de salud, no se ahorró conceptos sobre el estado real de la independencia de poderes en Salta. «A punto de dejar de litigar, en una cloaca no se puede» había posteado hace poco más de un mes el representante legal de la familia en su cuenta personal de Facebook. «Cansancio y hartazgo por el funcionamiento del sistema judicial actual» fueron algunos de los argumentos que el letrado ofreció a los medios durante la semana. «Hay un funcionamiento deficiente del sistema. La designación de nuevos magistrados y la renovación generacional se están dando con procedimientos que distan de la transparencia y objetividad con la que se debería elegir los jueces» declaró el jurisconsulto. Lo que Castiella relata elocuentemente no es más que lo que la realidad muestra: A los estrados del Poder Judicial salteño no llegan los mejores, sino los acomodados.
La instrucción llevada adelante por el juez Farah pretendía a todas luces encaminar la investigación hacia la hipótesis del doble suicidio. El objetivo parecía estar establecido de antemano. Al momento del hallazgo de los cuerpos, se violaron todos los protocolos de preservación de la escena del crimen; llegando al límite de permitir el ingreso de funcionarios del ejecutivo al perímetro del hecho. No conforme con ello, el magistrado dio la orden de levantar los cuerpos en plena oscuridad. En el tramo inicial de la investigación se negaron las declaraciones testimoniales de los policías que hallaron los cuerpos. Esto en virtud de que varios efectivos se adjudicaron el hallazgo. Los testimonios hubieran sido claves para determinar con mayor precisión la hora exacta del encuentro. Por otro lado, las pistas aportadas por la defensa de la familia fueron tomadas en consideración con una sospechosa demora. Tal es el caso de los llamados anónimos al 911 por parte de una mujer que aseguraba saber quién había asesinado a las adolescentes y que fue llamada a comparecer recién diez días después.
Fueron necesarios cinco años de insistencia y lucha por parte de la familia Peñalva, para que la jueza Mónica Mudsky sacara del archivo la causa y ordenara la reconstrucción de los hechos.
En el campo de batalla por la independencia de la justicia, representados y representantes se constituyen como enemigos. Los actos de justicia de los segundos, aparecen como actos de guerra para los primeros. En un clima de descreimiento cada vez más fuerte en el sistema judicial, afloran y se hacen sentir las manifestaciones des-institucionalizantes, desequilibrantes y a la vez ordenadoras del derecho a la justicia.
