Lluvias inéditas y sojeros depredadores explican el drama en Las Lajitas. Datos oficiales muestran que en la era “U” se desmontaron 493.065 hectáreas, 255.065 de manera ilegal y mayoritariamente en Anta. La Ley que los sojeros y J.C. Romero buscan tumbar disciplinó la voracidad en los dos últimos años. (Daniel Avalos)
Y de repente, una mañana cualquiera, miles de salteños descubrieron que se puede perder todo de golpe, incluyendo la vida misma. Es el caso de los habitantes del departamento de Anta, ese gran trozo provincial incorporado hace años al mercado mundial como proveedor de granos y en donde los agentes privados que se benefician de ello están dispuestos a que todo sucumba en busca de la mera acumulación.
Un tipo de explotación decididamente idiota que destruye la armonía ambiental a costa de sus propios intereses. Así lo revelan los testimonios de representantes del sector como Ezequiel Vedoya (Prograno) o Lucas Elizalde (Federación de Entidades Rurales de Salta) quienes aún no cuentan con un diagnóstico preciso sobre las pérdidas, aunque ya adelantaron que para algunos productores serían casi totales.
Entre estos personajes que se declaran portadores de la civilización y las precipitaciones que efectivamente fueron de un volumen inédito, están los rehenes de un “progreso” que avanza escupiendo agua, barro y desesperanza: cientos de ciudadanos que se quedaron con sus ranchos pasados por agua, habitantes de los asentamientos que perdieron sus muebles, puesteros que ya no tienen ni el corral ni las gallinas, chivos o cabras que allí criaban para consumo familiar.
Son los que nunca gozaron de los millones de dólares que los “portadores” del progreso embucharon en sus insaciables picos. Grandes productores que ante la tragedia asumieron una actitud doblemente vergonzosa: desligarse de las culpas y asegurar que las obras para morigerar los efectos de las lluvias deben ser costeadas por el Estado al que ahora acusan de ausente. Prefieren olvidar que a lo largo de años fue ese Estado el que montó una ingeniería legal al servicio de quienes viendo un monte, al instante desean tumbarlo.
La mayoría de ellos están en Anta y la mayoría de estos plantan soja que al decir de los especialistas contribuye a las inundaciones al menos por dos aspectos: su escasa capacidad para absorber el agua de la superficie y su rara cualidad de escurrir la misma sobre zanjas, caminos y arroyos. Tal combinación, más la falta de obras que garanticen el desagüe y la inédita lluvia causaron los estragos que hoy se lamenta en Anta.
Desmonte en banda
Vivimos en la era de la propaganda y nos gobierna una gestión ganada por la mercadotecnia. De allí que la regla del Grand Bourg sea invisibilizar los rasgos poco convenientes de sus políticas y resaltar los convenientes. De allí también que el gobierno enfatice que la tasa de deforestación en el periodo “U” mermó aunque un documento oficial lo desmiente.
El mismo es hijo de la Ley Nacional de Bosques y la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial que obligan al Ministerio de Ambiente provincial a remitir anualmente a distintas ONGs y legisladores un informe de las áreas deforestadas. Tal documento fue remitido a Cuarto Poder por una de esas asociaciones cuyo nombre por razones obvias resguardaremos. Entre los cuadros elaborados por los técnicos que conduce el ministro Javier Montero, se indica la cantidad de desmontes legales e ilegales realizados en la provincia desde el año 2008 cuando, justamente, se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial. El dato duro muestra lo siguiente: entre ese año y el 2016 se tumbaron 493.065 hectáreas de las cuales 255.067 se realizaron de manera ilegal (52%).
El detalle anual muestra dos periodos bien diferenciados. Detengámonos ahora en el primero que va desde el 2008 al 2014 cuando el volumen de deforestación fue enorme y mayoritariamente ilegal: 2008: 73.426 hectáreas totales de las cuales 48.003 fueron ilegales (65,7%); 2.009: un total de 58.837 hectáreas desmontadas y 36.724 de manera ilegal (62,4%), 2.010: 59.072 hectáreas desmontadas y de ellas 27.397 realizadas por fuera de la ley (46,3%); 2011: 36.605 ilegales sobre un total de 64.989 hectáreas deforestadas (56,3%); 2012: se tumbaron 80.295 hectáreas y de ellas 53.809 de forma ilegal (67%); 2013: de 66.415 hectáreas desmontadas las ilegales llegaron a 37.838 (57%); en el 2014, finalmente, de un total de 65.873 hectáreas desmontadas 14.281 se hicieron de manera ilegal.
La suma de ese periodo supone 468.907 hectáreas de las cuales, insistamos, 254.657 (54,3%) se hicieron burlando la ley. La cifra es doblemente oprobiosa para el gobierno: por no tener nada que envidiar al periodo romerista y porque la voracidad “U” se dio mientras regía la Ley de Bosques por lo que debieron a recurrir a la ilegalidad para satisfacer los intereses privados.
Para confirmar lo primero debemos recurrir a un informe de la Auditoría General de la Nación publicado en mayo del año 2014: se trata de un escrito de 201 páginas que evalúa la implementación de la Ley de Bosques en el país para lo cual los especialistas trabajaron entre septiembre de 2012 a julio de 2013 estudiando lo ocurrido en Santiago del Estero y Salta. Allí, historiando la tasa de deforestación salteña, los sabuesos determinaron -a partir de las estadísticas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación- que entre 1998 y 2002 las hectáreas desmontadas en la provincia fueron 194.386 hectáreas, mientras entre los años 2002 y 2006 la cifra se estiró a 414.934 hectáreas: un total de 609.320 en pleno auge romerista.
El número supone 116.255 hectáreas más que las deforestadas por Urtubey que, dijimos, debió recurrir a la ilegalidad para poder hacerlo por la vigencia de la Ley de Bosques. La forma como agentes privados y gobierno burlaron la ley también fue señalada por los auditores al recordar que cuando el mandatario salteño hizo aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, redactó el artículo 17 que contempló “el cambio de categoría, sin explicitar la prohibición de cambios hacia abajo (es decir de una categoría de mayor conservación a una de menor conservación) expresada en el art. 9 de la Ley 26.331” de la ley nacional.
Pobre Anta
Diseñada la trampa, los grupos organizados con el poder y dinero suficiente para controlar vastos sectores de las decisiones públicas, se dedicaron a multiplicar simulacros de audiencias públicas donde legalizaron el saqueo declarando deforestables tierras que originalmente fueron catalogadas como no desmontables.
El departamento de Anta fue quien más sufrió la mecánica. Dos elementos presentes en el informe elaborado por el propio gobierno lo confirman. El primero de ello es un mapa que indica la recategorización en el conjunto provincial entre 2008 y 2014 mostrando que ese departamento concentra la enorme mayoría de las 468.907 hectáreas desmontadas en ese periodo, superando por lejos a los de San Martín, Orán y Rivadavia. Con color gris, ese mapa indica el avance de la frontera agropecuaria hasta el año 2009 evidenciando que Anta ya picaba en punta. El empleo de los colores verde botella (año 2010), verde (año 2011), celeste (año 2012), violeta (año 2013) y amarillo (año 2014) muestra que las deforestaciones continuaron en ese departamento convirtiendo a ciudades como Joaquín V. González, Las Lajitas, Apolinario Saravia o General Pizarro en puntos diminutos en medio de un océano de soja que, como los desiertos bíblicos, se expanden tenebrosamente.
El segundo elemento que explica lo ocurrido en ese departamento también está presente en el informe elaborado por los subordinados del ministro Javier Montero. Se trata de las tablas 10 y 13, tituladas de la siguiente manera: “Áreas transformadas por departamento para el año 2015” y “Balance departamental de Áreas Transformadas en la provincia de Salta, año 2016”, respectivamente. En esos dos años los cambios de categorías involucraron a un total de 59.997 hectáreas entre los departamentos de Anta, Rivadavia, Orán, San Martín, Metán, Rosario de la Frontera, Güemes, Capital, La Candelaria y Chicoana. Sin embargo, fue Anta la que más padeció el fenómeno con 29.231 hectáreas (49%) hectáreas recategorizadas: 15.770 en el 2015 y 13.461 en el 2016.
A la derecha del rabino
El informe del Gran Bourg revela sin embargo un elemento curioso: aunque aprobada tras un proceso repleto de artilugios políticos que hicieron del escrito original de la ley uno mucho más complaciente con los intereses de los grandes terratenientes, la correcta aplicación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial es capaz de disciplinar la voracidad de los arboricidas que quieren tumbarlo todo.
Para demostrarlo debemos reparar en dos variables. La primera de ellas fue la rúbrica de un decreto provincial que prohibió las “recategorizaciones” de zonas del mapa de Ordenamiento Territorial en el año 2014 producto del informe definitivo de la auditoria nacional que acá citamos con detalle; lo segundo se relaciona con la merma significativa en la tasa de deforestación legal e ilegal que tras ese decreto aconteció en la provincia. Efectivamente, los datos provinciales muestran entre los años 2015 y 2016 lo siguiente: 2.015: de 35.829 hectáreas desmontadas la cantidad de ilegales fue 1.026 (2,8%); mientras en 2.016 de las 24.168 hectáreas desmontadas sólo 409 (1,7%) se realizó de manera ilegal.
La efectividad de la Ley para mermar la tasa de deforestación se ha convertido, no obstante, en una espina irritativa para los empresarios y poderosos sectores de la política local. Ambos aseguran que esa ley atenta contra la generación de las riquezas en la provincia, aunque son los sectores políticos quienes apelaran a una vieja habitualidad del lenguaje para insistir en la necesidad de volver a las recategorizaciones exprés: un tipo de federalismo según el cual corresponde a la provincia y no a la nación decidir sobre el manejo de sus riquezas naturales.
Juan Carlos Romero con la venia de sectores importantes del Grand Bourg es el abanderado de esa causa que por ahora tiene, increíblemente, un enemigo novedoso: el ministro de Ambiente de la nación, Sergio Bergman, quien tras los desastres ambientales en el sur del país visitó la provincia a fines de marzo y negó que las zonas categorizadas con el color amarillo vayan a convertirse en verde enfatizando además que la provincia carece de argumentos técnicos para hacerlo. La declaración fue realizada al propio diario El Tribuno que insistía en la necesidad de dar curso a la demandas de los grandes productores.
La postura inflamó de ira al exgobernador quien, aseguran distintas fuentes, no descarta pedir explicaciones primero y presionar después al propio Bergman para lograr que las zonas calificadas con el color amarillo en el mapa territorial devengan en verde. No se trata de poca cosa: esas tierras representan el 65% del territorio categorizado en la provincia, están definidas como de mediano valor de conservación y que pudiendo estar degradadas son factibles de restauración para recuperar un alto valor de conservación.
La lucha
El desastre ocurrido en Anta obligará a estos sectores a posponer la ofensiva al menos por un tiempo que el resto de lo salteños deberían emplear para enfatizar que el drama de Anta, confirma que el modelo extractivo exportador nunca fue una buena idea del modo en que se lleva adelante. La reacción de Romero, sectores del Grand Bourg y los terratenientes son claramente predecibles: acusarán al resto de portar un fanatismo ambiental que clausura la posibilidad del progreso provincial. Ni siquiera los que no crean en el ecologismo podrán escapar a la acusación aunque habrá que insistir en que la producción es legítima sólo si el Estado efectivamente regula la actividad para distribuir utilidades, industrializar recursos y erradicar los impactos socioambientales irreparables.
Nada de eso ocurre en Salta: las inundaciones en Anta confirman que el ambiente se deteriora irreversiblemente, la matriz productiva híper primarizada de la provincia desmiente cualquier enunciado industrialista y un repaso de los presupuestos provinciales aprobados desde el año 2008 hasta ahora, prueban que el sector que se enriquece desaforadamente aporta nada a las arcas provinciales según el detalle de lo recaudado por el Estado en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural: en el 2009 sólo representó el 1,51% ($9.422.800 sobre $620.627.900) de los ingresos tributarios provinciales; en 2010 el 0,85% producto de un aporte terrateniente de $6.807.858 sobre un total de 816 millones; en 2011 el 0,89% ($10.304.000 sobre $1.153.735.020); en 2012 llegó al 0,90% ($14.046.298 sobre $1.553.809.267); un año después se dio el pico máximo con el 1,80% ($36.211.471 sobre $2.006.458.400); en 2014 la tasa fue del 1,75% ($45.654.414 sobre $2.608.541.741); en 2015 bajó a 1,26% ($50.082.893 sobre $3.967.925.133), en 2016 cayó al 0,99% ($55.256.117 sobre $5.554.576.337) y este 2017 supondrá un 0,82% de la recaudación tributaria provincial.
Demasiados beneficios para tan poco derrame y para tanto sufrimiento ocasionado en un pueblo que, como dijimos al inicio, una mañana cualquier se levantó para descubrir que se puede perder todo de golpe, hasta la vida misma.
