Datos de una realidad salteña ineludible: diez presuntos femicidios, 56% de las salteñas sufrió violencia alguna vez, 1665 denuncias por delitos de abuso sexual, alta tasa de exclusión de mujeres trans y causa principal de muerte en las embarazadas relacionadas con abortos. (Federico Anzardi)

Ayer se presentó el primer Informe Anual del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Rosana Alderete. El organismo, creado hace un año, publicó el trabajo en el Día Internacional Contra la Violencia de Género y reveló datos que confirman la emergencia que vive Salta en materia de derechos, femicidios y desigualdad.

El informe, de más de 150 páginas, está disponible en la web del organismo (ovcmsalta.gob.ar) y desborda de datos que muestran que la emergencia en materia de violencia de género en la provincia es muy grande y que las autoridades deben tomar medidas urgentes y profundas para erradicarla.

En primer lugar se destaca que en 2015 se produjeron 15 femicidios en la provincia, mientras que este año hubo diez casos presuntos. De estos últimos, sólo uno está formalmente confirmado y elevado a juicio. “Los 9 restantes se encuentran aún en etapa de investigación por parte de la Unidad de graves atentados contra las personas, por lo que no se pueden aún confirmar como femicidios de manera oficial”, explica el trabajo.

Respecto a los femicidios de 2015, 6 se encuentran en proceso de juicio oral, se cuenta con 4 sentencias condenatorias y en 3 casos se dieron otras formas de terminación del proceso, ya que en ellos el femicida se suicidó, por lo que no se generó un proceso judicial.

De estos quince hechos del año pasado, 11 (73%) fueron cometidos por parte de parejas o exparejas de las víctimas. En uno estuvo involucrado un familiar, en otro un conocido y en dos no hubo procesados. Sólo en dos hubo denuncias previas.

Del trabajo se comprueba que más de la mitad de las salteñas sufrieron violencia alguna vez en su vida. El 56% de las 194 mujeres encuestadas en la Ciudad de Salta lo indicaron. El 65% dijo conocer la existencia de una Ley que las protege. Entre los tipos de violencia más conocidos por ellas se encuentra en primer lugar la violencia física y en segundo lugar la psicológica. En relación al ámbito donde se produce, el 67,5 indica en la familia y en segundo lugar la vía pública.

Aborto, la otra violencia

El informe revela que la primera causa de muerte en las mujeres gestantes o que murieron en el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo se encuentra vinculada a las complicaciones relacionadas con el aborto. Agrega que los egresos hospitalarios por aborto en el 2015 para mujeres de 20 años y más fue de 2775; de 597 para mujeres entre 15 a 19 años, y de de 29 para niñas entre 10 y 14 años.

Las niñas son protagonistas de esta sección del informe porque en 2015 se realizaron 181 partos a menores de 10 a 14 años. La Tasa General de Fecundidad es de 68,9 (por mil) y en mujeres de 10 a 19 la tasa es de 43,3 (por mil). Considerando los nacimientos por edad de la madre, de cada 100 nacidos vivos, 20 son hijos o hijas de una mujer adolescente.

De aquí también se desprenden los casos de violencia obstétrica. Si bien la ley indica que la mujer tiene derecho a elegir la posición en la que quiere parir, esto no se da en todos los casos, el 45% de las encuestadas indicó no haber tenido libertad de elección de la postura en el trabajo de parto. En el 33,3% las mujeres indicaron que no fueron informadas sobre el progreso del trabajo de parto de manera clara y sencilla. El 62,7% de las encuestadas aseguró que el parto se produjo en una institución pública.

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Violencia familiar

Las denuncias por violencia familiar en el primer semestre de 2016 fueron 6.282 en Distrito Centro, 634 en Metán, 1.073 en Orán y 1.649 en Tartagal, lo que hace un total de 9.638 denuncias: 7.390 víctimas fueron mujeres.

En relación al tipo de violencia sufrida, en primer lugar se encuentra la violencia psicológica y en segundo lugar la violencia física. Según el Ministerio Público Fiscal, en el Distrito Centro, en 2015, se recibieron 4.508 denuncias por violencia familiar o de género, de las cuales 1.112 tuvieron decreto de imputación, 656 fueron elevadas a juicio y sólo 157 tuvieron sentencia. Para el periodo de enero a octubre de 2016 las denuncias por violencia familiar en el Distrito Centro fueron de 4.289, las imputaciones 899, de ellas se elevaron a juicio 655 y se obtuvieron 253 sentencias. Es decir sólo el 38,65% de las acusaciones tuvo resolución.

De la encuesta surge un dato emblemático que es de los más fuertes del informe: solamente el 7% de las mujeres encuestadas cree que el Estado atiende lo suficiente la problemática de la violencia de género y el 76% considera que las mujeres están desprotegidas por la justicia. Creen que el Estado debe mejorar la asistencia a la víctima, endurecer los castigos a los responsables y realizar campañas de difusión.

Las intervenciones del Sistema de Emergencias 911 para 2015 en los principales Municipios fueron de Salta (29.949), Orán (4.583) y Tartagal, (4.515).

En lo que corresponde al 1° semestre de 2016, en llamados por violencia familiar se intervino 14,447 veces en el municipio de Salta, 2.344 en Orán y 2.201 en Tartagal.

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Delitos sexuales

En el caso de los delitos contra la integridad sexual, se recibieron 1.665 denuncias en 2015. Sólo 65 se elevaron a juicio. En el caso del período de enero a octubre de 2016, las denuncias ascienden a 663, de las cuales 136 se elevaron a juicio.

Respecto a la trata de personas con fines de explotación sexual, de julio de 2015 a julio de 2016 se tienen siete casos elevados a juicio. El tiempo promedio de duración de la Investigación hasta la Elevación a Juicio es de dos años. El tiempo promedio de duración de Audiencia de Debate es de 1 a 12 meses. La pena promedio es de 10 a 12  años de prisión. Se obtuvieron 6 Sentencias Condenatorias. El informe revela que desde que se hace la denuncia hasta que llega la sentencia hay un promedio de tiempo de tres años.

Los casos LGBT

Un 74% de 202 encuestadas del sector LGBT ha estado vinculada al trabajo sexual en algún momento de su vida. De las cuales un 63% manifestó estar buscando una fuente laboral distinta a la prostitución.

El 56% respondió haber manifestado su identidad de género antes de los 15 años de edad. El 35% lo hizo entre los 16 y los 20 años. Un 7,5% expresó haberlo hecho entre los 21 y 30 años. Y un 1,5% después de los 31 años de edad. El 52% hizo el cambio de DNI.

El 39% tiene el nivel secundario incompleto, un 25% posee nivel secundario completo y el 16% expresó tener nivel superior no universitario o universitario incompleto. Luego, un 6% cuenta con nivel superior de estudios completo.

Estos últimos datos se relacionan con otras desigualdades que muestra el informe, relacionadas a la educación en la provincia. Se estipula que la brecha de analfabetismo entre varones y mujeres es de 33%.

Para el segundo trimestre de 2016, existe una brecha de desempleo por sexo de 1,3%, ya que la desocupación es mayor entre las mujeres que entre los hombres: 9,5% y 8,2% respectivamente.

Todo lo que falta

El trabajo incluye una serie de recomendaciones realizadas por el Observatorio en base a los datos recolectados durante las 153 páginas. Una de las más importantes es “dejar sin efecto el Decreto 1170 y su Protocolo de aplicación 797/12 para la atención de Abortos no Punibles, creando una Guía o Protocolo, de conformidad con las normativas nacionales e internacionales vigentes”.

Las víctimas de trata necesitan una asistencia especializada. El Estado debe también construir indicadores que den cuenta de la problemática de trata de mujeres con fines de explotación sexual en nuestra provincia, favoreciendo el seguimiento de los casos así como la sanción efectiva a las redes delictivas implicadas en la trata de personas.

El Observatorio también considera importante “articular acciones por parte de todos los organismos e instituciones involucradas en la ruta crítica de las víctimas de violencia contra las mujeres”. Es decir, es necesario que el gobierno, las fuerzas de seguridad y demás miembros de la cadena de protección y prevención establezcan protocolos de actuación, clarifiquen términos de violencia familiar, violencia contra las mujeres y violencia de género, “a fin de unificar interpretaciones y establecer las competencias que correspondan”.  Agrega que se debe “promover y facilitar el diálogo intersectorial en las esferas de gobierno, entre todos los poderes, donde el centro o eje sean las personas y los servicios estén coordinados.

Se debe “unificar conceptualmente qué se mide y cómo se registra la información relevante”, difundir ampliamente la Ley Nacional Nº 26.485, “con especial énfasis en tipos y modalidades poco conocidos como la violencia simbólica, patrimonial, sexual, institucional obstétrica, mediática, contra la libertad reproductiva”. También “hacer visibles las condiciones estructurales, institucionales, culturales, políticas que niegan derechos, oportunidades e igualdad de trato a las personas del colectivo trans, desde una mirada de género y feminista, a través de campañas, capacitaciones o talleres”. Así como “capacitar a los/as agentes estatales en actividad en temas relacionados al género, la violencia contra las mujeres en general y la violencia sexual en particular, desde una perspectiva de género y derechos humanos, a fin de evitar miradas culpabilizantes o prejuiciosas que obstaculicen la exigibilidad de derechos de las personas a quienes desde las políticas del Estado se debe proteger, asistir y promover en igualdad de trato y oportunidades”.

Ofrecer instancias de formación en servicio, capacitaciones y propuestas de actualización profesional destinadas a docentes de los diferentes niveles educativos, es una necesidad para el Observatorio. De esta manera se interpelarían las prácticas docentes desde la perspectiva de género, la consideración de los derechos humanos, las diferencias sexuales y la revisión de la ética profesional para ajustar las intervenciones pedagógicas y socioeducativas a la promoción de derechos de todas las personas, sujetos pedagógicos de la educación. Al respecto, tambièn se deben incorporar contenidos curriculares específicos relativos a la violencia de género a fin de “promover valores, comportamientos y actitudes acordes con un ambiente equilibrado; la educación integral y la dignidad de la persona”.

La educación es necesaria, así como garantizar el derecho a la información de todas las mujeres, “a fin de que puedan tomar sus propias decisiones”. “Información que deberá ser oportuna, adecuada, científica, con perspectiva de género y desprovista de juicios de valor personal. Dando amplia difusión a los derechos que asisten a las víctimas de violencia sexual. Teniendo especial atención cuando la difusión de derechos va orientada a las comunidades originarias. En este caso, deberán establecerse los mecanismos que las circunstancias ameriten”, explica el trabajo.

También considera necesario mejorar la accesibilidad a la asistencia del Estado y a la información en localidades rurales del interior de la provincia y en pueblos indígenas.