Un grupo de mujeres Wichí de Los Blancos en un encuentro de intercambio sobre obras de acceso al agua.

Un informe internacional da cuenta de cómo la falta de acceso al agua o al control de los recursos naturales impacta desfavorablemente y con más crudeza en las mujeres originarias. (Andrea Sztychmasjter)

El trabajo en cuestión “Acceso a los Recursos Naturales de las Mujeres Rurales en la Región del Gran Chaco Argentino” forma parte de un informe presentado para el comité de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW-ONU).

La metodología de trabajo de este informe se basó en el relevamiento de testimonios de las propias mujeres y se sumaron declaraciones y aportes de las mujeres chaqueñas referentes de organizaciones no gubernamentales, instituciones y universidades. Lo que surgió con más fuerza de las entrevistas a mujeres qom, wichí, guaraní y pilagá fue que la falta de acceso a un recurso como el agua potencia más la desigualdad entre hombres y mujeres, porque son ellas las que se encargan de conseguir agua a grandes distancias y acarrearla, y eso muchas veces impacta en la salud. En cuanto a la falta de acceso a la tierra, si no tienen acceso al monte no pueden hacer artesanías y esa es la única actividad que les da una independencia económica.

El informe toma en cuenta el período que va desde el año 2014 hasta el mes de septiembre del 2016. Geográficamente, se refiere a la ecoregión del Gran Chaco Argentino. “Queda de manifiesto cómo en la región chaqueña de Argentina, país con una legislación considerada progresista en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, y que firmó todos los pactos internacionales vinculados a los derechos de las mujeres, hoy continúa existiendo una profunda brecha entre esa legislación y su efectivo cumplimiento”, señalan.

Por la tierra

El trabajo describe que en las últimas dos décadas el cambio más significativo, y que se ha acrecentado es la lucha por la tierra. “Se potenciaron los emprendimientos empresariales mediante el avance de las actividades agrícolas y ganaderas sobre los espacios naturales, y la alteración de los cursos de agua. Todo esto, desconociendo las prácticas de manejo y aprovechamiento tradicionales de los recursos naturales. Tales emprendimientos, están produciendo una acelerada ampliación de la frontera agrícola, en su mayoría para producción de soja transgénica y por corrimiento de la ganadería, debido a la presión de la agricultura en el centro-núcleo del país. Producen también desequilibrios en el frágil ecosistema chaqueño por la tala selectiva de especies forestales, explotación hidrocarburífera y megaproyectos de carácter transnacional”. Es así que la lucha por la tierra representa para las familias del Gran Chaco no sólo una defensa de su actividad productiva, sino también de todo lo que da significado a sus vidas.

Señala el informe que entre 1998 y 2011 el aumento en los precios de la tierra ha sido de hasta un 600%, y no solo en la zona núcleo, también en áreas cultivables de provincias como Santiago del Estero y Salta. Además, que no solo aumenta el precio de la tierra ya disponible para cultivo, sino que se habilitan nuevas extensiones de tierra a partir del desmonte y de giros en la producción: de la ganadería a la agricultura. Todo ello tiene consecuencias, lógicamente, en términos de conflictos por la tierra.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) relevó en un informe del año 2013, 248 disputas territoriales, que afectan a 1.580.580 personas en una superficie de 11.824.660 hectáreas. Dicho informe señala que 8 de cada 10 disputas se iniciaron a partir del año 2000, de modo coincidente con un renovado impulso al modelo agroexportador y una ampliación de la frontera agropecuaria en la región del Chaco. Redaf explica que para el sector privado y para el estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación. La tierra les representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

El informe señala que existen otros factores importantes de conflictos, tales como la falta de ensamble de cadenas de valor ganaderas desde la cría hasta la comercialización, la extracción de la madera, el turismo como factor que ha provocado el aumento del precio de la tierra o la compra de las misma para fines especulativos.

“Los desalojos propios de la expansión de la frontera agropecuaria, están siempre atravesados por situaciones de violencia y acoso a las comunidades. Particularmente son las mujeres quienes más sufren estos amedrentamientos, viéndose privadas de la libre circulación, por el temor a ser violentadas en caso de estar solas. Resultan así vulnerados sus derechos más básicos”.

Como parte del acoso, son generalmente hostigadas con el impedimento a vender lo producido en el territorio comunitario; con frecuencia, cuando son las mujeres las que salen a las rutas a comercializar sus productos, son detenidas por la policía y su producción es incautada -melones, sandías, zapallos entre otros productos-. No sólo son desalojadas de sus territorios, sino además impedidas de generar ingresos económicos para sobrevivir y resistir.

Derecho al agua segura

En trabajo señala que en varias de las provincias de la región, las cifras indican un 41% de hogares sin agua segura. Este dato es centralmente significativo, ya que en las zonas con poca agua o donde no existe ninguna fuente cercana, es imposible criar animales y cosechar. Esto impacta directamente en las economías domésticas, generando una mayor dependencia del asistencialismo estatal.

El informe detalla que aquellas comunidades que se encuentran asentadas en las cercanías de algún pueblo, por lo general acceden al agua de red aunque no necesariamente potable o de buena calidad para el consumo humano. La provisión se realiza, con frecuencia, desde canillas comunes a distancias considerables de las viviendas y suele cortarse durante extensos lapsos de tiempo. Esto ocurre con mayor asiduidad en el verano, estación en la cual en la zona se registran temperaturas que ascienden a los 40° y 50°C.  En muchas de las comunidades, la existencia de pozos de agua o aljibes para la recolección de agua de lluvia, se ha conseguido gracias a la articulación de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el agua de pozos o acequias, no garantiza su calidad ni su aptitud para consumo humano: de la misma fuente muchas veces se abastecen los animales. En otras ocasiones, los aljibes han sido construidos sin tapa que cuide el agua de la contaminación ambiental. Otro factor determinante es el cambio climático que impacta profundizando las sequías: en las temporadas secas, cada vez más largas y frecuentes, la provisión de agua de pozo o aljibe no está garantizada.

Muchas veces, para acceder al agua se paga hasta 8 veces más que en las zonas urbanas, y cuando no se dispone de los recursos económicos, el acarreo de agua recae principalmente sobre las mujeres y las niñas. No es raro que las mujeres pasen hasta 6 horas diarias caminando, haciendo fila y acarreando agua, sin poder dedicar ese tiempo a otras actividades. En muchos casos, el agua que recogen procede de fuentes no protegidas y no está en condiciones aptas para el consumo humano. La salud de las mujeres puede resentirse profundamente por la pesada tarea del acarreo de agua, y por las enfermedades que se contraen por el agua no segura. En pocas comunidades, el estado se encuentra presente mediante la distribución de agua, en camiones cisternas muchas veces cruda, sin tratamiento.