Alejandro Braun Peña ya es blanco de la prensa nacional por la incómoda situación que generó entre el gobierno de Salta y la Casa Rosada por su agresiva política de desmonte en el norte de Salta. El empresario es primo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Braun Peña es primo del jefe de Gabinete Marcos Peña y socio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clausellas. De ahí la incomodidad que genera en el gobierno nacional los conflictos que desata y que vincula dos negocios: la primera de ella es que su empresa General Lighting Systems (GLS) logró durante la presidencia de Macri ser proveedor de luces LED para el Estado administrando así un negocio millonario; y en su finca Chuchuy ubicada en territorio salteño violó la ley de protección de bosques nativos y a fines de enero el Ministerio de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman ordenó a Salta que suspenda 32 habilitaciones de desmontes al resultar “incompatibles con las disposiciones de la Ley de Bosques”.

Según lo consigna La Política Online, Braun Peña desoyó el decreto firmado por el ministro Sergio Bergman publicado en el Boletín Oficial el pasado 25 de enero y continuó con sus planes de expansión productiva en la provincia. Según fuentes al tanto del conflicto, desde la firma del decreto el empresario habría desmontando 300 hectáreas de bosque, que se suman a las 9 mil hectáreas desmontadas anteriormente. “Braun Peña goza de un alto grado de impunidad para poder hacer esto”, denunció a LPO Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Esto se hace con la complicidad del gobierno provincial y nacional”, se quejó.

Al avanzar con los desmontes el empresario entró en conflicto con las comunidades indígenas que habitan en la zona donde habría un total de 17 familias wichis que ahora están ubicadas en una pequeña isla de bosque aunque se sabe que en su momento, la familia del empresario pidió al gobierno salteño que cambie la zoonificación que determinaba que su estancia estaba protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para poder avanzar con los desmontes.

Curiosamente, para funcionarios del gobierno salteño indicaron a LPO que consideran “insólita” la resolución del Ministerio de Medio Ambiente porque el Poder Ejecutivo no tiene facultades para declarar si un decreto provincial se ajusta o no a la legislación vigente. Esa situación se suma a una contexto de larga disputa entre Salta y Nación porque la Ley de Bosques -sancionada en 2010- fue violada sistemáticamente, primero por el kirchnerismo y luego por el macrismo, al no pagarse las compensaciones correspondientes a las provincias.

En el gobierno salteño consideran que para poder restaurar las 45.000 hectáreas de bosques nativos en la provincia, tal como lo exige el Ministerio de Medio Ambiente, primero debería abonarse la deuda ambiental que tiene la Casa Rosada.