Victoria Liendro, Presidenta de la Fundación Educar Activa y Ex Directora de Diversidad de la Municipalidad de Salta, asegura en esta columna que las políticas de empleo hacia personas trans tienen un debate pendiente.

En el último año, donde se dio inicio a la gestión de un gobierno de un signo político distinto en la Argentina; en uno de los poderes del Estado, precisamente en el legislativo, se empezaron a debatir diversos proyectos de ley para la creación de programas de primer empleo destinados a promover la inserción laboral de los jóvenes en todo el país. Dichas iniciativas, que han sido presentadas por legisladores de todas las bancadas, e incluso por el propio Poder Ejecutivo, plantean la necesidad de generar empleo registrado y facilitar la transición de los jóvenes hacia el mundo del trabajo.

Motivan estos debates la preocupación por el alto nivel de informalidad que presenta el mercado laboral en nuestro país y la especial exclusión que viven las personas entre 18 y 29 años, con particular atención en algunas realidades regionales, donde el desempleo, el subempleo y el trabajo no registrado se expresan con mayor crudeza.

Sin embargo, esta preocupación, compartida y comprensible, oculta otro debate también urgente que ha recobrado impulso en los últimos meses a partir de la aprobación de leyes provinciales y ordenanzas municipales específicas: la inserción laboral del colectivo social conformado por personas trans (travestis, transexuales y transgéneros).

Si bien es cierto que en los últimos años el colectivo trans ha avanzado sustancialmente en materia de derechos formales, como la aprobación de la ley de Identidad de Género N° 26.743 en el año 2012, las situaciones de discriminación, vulneración de derechos y exclusión siguen impactando de lleno en travestis, transexuales y transgéneros en toda la Argentina.

Tanto impactan estas formas de la violencia que en la actualidad el colectivo trans, como ningún otro colectivo social, presenta una expectativa de vida de tan sólo 42 años. Y gran parte de las 20 mil personas trans que se estima que viven en nuestro país están en situación de pobreza y pobreza extrema.

Asimismo, la tardía reglamentación del acceso a la salud integral del colectivo trans, que se produjo en mayo de 2015, ha demorado la implementación de los servicios necesarios para mejorar la calidad de vida de travestis, transexuales y transgéneros en nuestro país.

Salvo contadas excepciones, entre las que se encuentra la provincia de Santa Fe, donde se cuenta con servicios hormonales y quirúrgicos desde 2007, algunos hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, y médicos endocrinológicos que se han formado por motu proprio sin planificación estatal y acompañan la atención sanitaria; el acceso a un proceso saludable de construcción de la identidad de género, es una realidad lejana para la mayor parte del colectivo trans.

En relación con el mundo del trabajo, diversos estudios realizados por entes públicos y organizaciones sociales han determinado que alrededor del 90% de la población trans no accede al mercado formal de empleo. Y dentro del segmento de las mujeres trans, una proporción similar ha encontrado en el ejercicio de la prostitución, la única vía de subsistencia.

Claramente, la discriminación social hacia las personas trans sigue expresándose en la negativa de los empleadores a tomar empleados de este colectivo, negativa basada en prejuicios discriminatorios muy arraigados que aún no hemos revertido. Es por ello que se deben tomar urgentes medidas afirmativas que nos permitan superar las barreras que aún hoy existen para la inclusión real.

En este sentido, la aprobación de la ley de cupo trans en provincia de Buenos Aires, en 2015 (pendiente aún de implementación), la de una ordenanza similar en la ciudad de Rosario (y que ya se está ejecutando), la media sanción que obtuvo en Noviembre esta iniciativa en la provincia de Salta (y que la Cámara de Diputados sólo debe ratificar modificaciones), han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en esta materia.

Pero el cupo laboral trans por sí solo no resuelve el problema de la discriminación hacia nuestro colectivo. El cupo debe ser una herramienta más en la cual el Estado demuestre claramente su voluntad de avanzar hacia la inserción laboral plena de travestis, transexuales y transgéneros, y debe servir como incentivo para que el sector privado también asuma un claro compromiso y haga su parte. Sólo de ese modo podremos garantizar que todas las personas desarrollen su propio proyecto de vida autónoma en condiciones de igualdad.

La inserción social y laboral del colectivo trans es una tarea de todos. El empleo en el Estado (a través del cupo), en el sector privado (a través de los programas de responsabilidad social empresaria e incentivos) y la posibilidad del autoempleo deben estar disponibles para todas las personas, pero especialmente para aquellos sectores de mayor exclusión, entre los cuales, sin dudas, el de las personas trans se están llevando la peor parte.

NdE: las negritas corresponden a la autora