Las pérdidas en la actividad agropecuaria provocadas por las inundaciones también se hacen sentir en la recaudación fiscal, el consumo en pueblos y la balanza comercial.

El agro fue el primer sector en evidenciar un repunte de la actividad en la era macrista. Pero, así como en época de vacas gordas derrama sus bondades en el resto de la economía, también hace sentir su rigor cuando los vientos soplan en contra. Esto último es lo que ocurre en la actualidad, cuando las fuertes pérdidas que causan las inundaciones en los campos argentinos se empiezan a sufrir de la tranquera para afuera.

Los daños no son menores. Luego de las abundantes lluvias que castigaron a Buenos Aires y La Pampa durante el fin de semana pasado, hay 10 millones de hectáreas productivas inundadas y anegadas, lo que pone en riesgo el trigo ya sembrado y el comienzo de la campaña de granos gruesos que se inicia con el maíz.

En total, se perderían por el agravamiento de los excesos hídricos 1,19 millones de hectáreas de cultivos, que se componen de la siguiente manera: 300.000 hectáreas menos de trigo (entre lo que ya no se pudo sembrar y lo implantado y perdido), 650.000 hectáreas de la nueva siembra de soja, 150.000 hectáreas de maíz y 50.000 hectáreas de girasol. Considerando los rindes promedio de los últimos cinco años para cada uno de esos cultivos y los valores actuales FOB, la pérdida económica por lo que se dejaría de producir equivale a US$ 1138,5 millones.

Según un informe elaborado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), a esa cifra hay que sumarle $ 4517 millones en concepto de pérdida de 301.000 cabezas en el rodeo general y $ 4380 millones en calidad de menor destete de terneros. Asimismo, se perdieron $ 477 millones en lechería, por menor remisión de leche en los últimos 120 días.

“Adicionalmente, se deberían contabilizar las pérdidas por deterioro de la infraestructura y aumento de costos de logística, reparaciones y mayores gastos de combustibles, que se generan a causa de la intransitabilidad de los caminos y demás vías de comunicación”, dice el trabajo de la SRA.

Los primeros que sufren este “derrame negativo” son los pueblos que rodean los campos anegados. Raúl Eduardo Rosiere, presidente de la Asociación Sociedad Rural de General Pico, La Pampa, cuenta que los daños son muy difíciles de cuantificar, pero que ya se pueden palpar. “En el circuito económico local se está sintiendo, porque uno habla con la gente y ve que tiene menos movimiento desde el gomero hasta la despensa. Se venden menos agroquímicos y menos maquinaria agrícola, y también otros bienes de consumo más masivo”, señala.

La consultora Analytica hizo una estimación de la valorización de la pérdida considerando trigo, maíz, soja, girasol, ganadería y lechería, que da US$ 1700 millones, lo que representa 0,25% del producto bruto interno (PBI). Éste es el impacto directo. Pero ¿qué pasa en general? Hay un impacto indirecto que es muy difícil de estimar y es la movilización que generan estos US$ 1700 millones: menor venta de fertilizantes, del resto de los insumos agropecuarios y de bienes de capital.

“Genera una pérdida de recurso directo en los productores y esa contracción se traduce en toda la cadena, desde la venta de insumos hasta la de maquinarias”, explica Rodrigo Álvarez, director de Analytica. Y el efecto va más allá, agrega, por el derrame del agro a las localidades afectadas.

El impacto de las inundaciones pega en todas las actividades del circuito productivo: menos laboreo en la tierra, menos maquinaria agrícola, menos gasoil, menos fertilizante, menos contratación de servicios, menos transporte, menos actividades de servicios ligadas a la comercialización de la cosecha, menos pago de impuestos y menos divisas por exportación. Pero además, están los efectos de segundo orden, generados por el hecho de que el productor pierda ingresos: menor inversión y menor consumo en las poblaciones.

Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad (CEP), coincide con el diagnóstico. Si la producción agropecuaria de la zona núcleo se cae, concluye, se transporta menos, se genera menos demanda de servicios agropecuarios para las cosechas y se produce un impacto negativo en las poblaciones rurales. “Hay que estar muy atento para ver lo que va a pasar con el consumo mañana, porque la cosecha de soja y maíz impacta en el segundo trimestre del año próximo”, advierte.

Otra actividad que se verá afectada será la construcción, porque el excedente del productor siempre ha ido en gran medida a los ladrillos. “Pero acá entramos en otro de los efectos que son muy difíciles de medir”, afirma Álvarez. Y agrega que también la industria automotriz sentirá el golpe, por una menor compra de camionetas.

Dante Sica, director de la consultora Abeceb, dice que hay que estar muy atentos al precio de la carne (por el impacto que puede tener la dificultad en transportar ganado) y en el abastecimiento de leche para la industria. “Además, miraría la obra pública, porque algún proyecto puede verse demorado debido a que se encuentra en zonas anegadas por el agua”, afirma.

Ahora bien, ¿impactarán estas pérdidas en el crecimiento del PBI este año? “La relación no es tan directa”, responde Álvarez, porque se pierde por el campo, pero se puede ganar por el lado de otros sectores. La producción el año que viene pierde al menos 0,25% por las inundaciones, pero eso no quiere decir que el crecimiento de la actividad será de -0,25%.

Por su parte, Coremberg cree que va a haber un recorte en el crecimiento del PBI para 2018, porque al caer la producción agropecuaria esperada, va a haber un ajuste. “Tampoco hay que pensar en una recesión, porque puede que se compense con la reactivación de otros sectores, por la vía de más inversión y consumo”, estima.

También en el comercio exterior las lluvias han hecho estragos. Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales), comenta que los datos de los primeros siete meses del año exhiben que las exportaciones de bienes de origen agropecuario argentinos están por debajo de los niveles del mismo período de 2016. “El clima ha influido en eso”, destaca.

En cantidades (excluido el efecto precios), las exportaciones de productos primarios están 9% por debajo de los volúmenes del mismo período del año anterior. Y en el caso de las manufacturas de origen agropecuario, el descenso en volumen fue de 4,4%. “Esto lleva a la paradoja de que, pese a altos beneficios que ha recibido el campo con las nuevas políticas, en volumen sus exportaciones descienden mientras crecen las de las manufacturas industriales, un 10,5%”, describe Elizondo.

Según un informe de DNI, los productos primarios generaron en los primeros siete meses del año US$ 9450 millones (5,4% menos que en el mismo período de 2016) y los manufacturados de origen agropecuario sumaron US$ 13.445 millones (1,7% menos). “Medidas en dólares, las exportaciones de oleaginosas están 24% por debajo del mismo período del año pasado. Y las de frutas, 23% más abajo que en los mismos meses de 2016”, se detalla en ese trabajo.

Elizondo subraya que, en realidad, las lluvias que ya vienen desde el año pasado afectaron todo el proceso productivo, que comienza mucho antes que la cosecha. “Para más datos, es relevante lo que ocurre con las oleaginosas en el primer semestre en algunos destinos especiales, como el Mercosur (las exportaciones cayeron 45%) y el Nafta (-11%). En tanto, las ventas de vegetales a la Unión Europea cayeron en el semestre 25% y las oleaginosas en particular, 56%”, indica el consultor.

Para Coremberg, va a haber menos divisas por una menor oferta en las exportaciones, efecto de la menor cosecha. “Ahí también hay un tema que escapa al país, que es que no hay una demanda internacional como había en otros años, con precios que están algo a la baja. Va a haber un efecto sobre la balanza comercial, sin dudas”, señala el economista.

Eso no es todo. El frente fiscal también se ve afectado. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estima que las pérdidas en concepto de impuestos que se dejan de cobrar por la mala situación climática ascienden a unos $ 4100 millones, lo que representa el 0,2% de la recaudación prevista para el año.

“La base desde la que se partió es la pérdida de US$ 1700 millones de dólares o $ 30.000 millones, entre lo agrícola y lo ganadero. A partir de ahí, se miró hacia atrás cuánto pagó el sector en 2015 y 2016 por Ganancias, IVA y derechos de exportación, según sus ventas. Ahí ya hay un ratio de impuestos sobre ventas y ese ratio se aplica a las pérdidas de ingresos de este año”, explica Sofía Devalle, economista del Iaraf, respecto de cómo se hizo el cálculo.

Así, la cuenta da que por Ganancias, IVA y derechos de exportación se dejaría de recaudar un monto de unos $ 2300 millones. En el caso de Ingresos Brutos, es distinto en cada provincia (Córdoba y Santa Fe eximen al agro, mientras que Buenos Aires exime a pequeños productores y grava a los grandes con el 1%). “Se aplicó la alícuota del 1% a la pérdida de $ 30.000 millones, lo que da $ 300 millones”, indica Devalle.

En lo que hace al resto de los impuestos de la economía, se usó un indicador promedio de presión tributaria efectiva, con el que se concluye que se dejaría de recaudar $ 1445 millones más. “Es una estimación muy global que incluye los impuestos que se cobran en los tres niveles de gobierno (Nación, provincia y municipios)”, aclara la economista.

Menor actividad comercial en los pueblos ubicados en las zonas inundadas, menor contratación de servicios, menor recaudación de impuestos y menor ingreso de divisas. Estos son los efectos que produce el “derrame negativo” de un campo que hoy debe lidiar con un tiempo de vacas flacas.

Fuente: La Nación