La Justicia tucumana ratificó el procesamiento y detención de siete imputados por trata. Según se estableció, algunos de los detenidos – procesados están vinculados también al negocio de la trata en nuestra ciudad.

La Justicia federal tucumana ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de siete personas imputadas por trata de personas para explotación sexual y mantiene embargos sobre distintos bienes de los procesados. La periodista Soledad Vallejos de Página 12 se hizo eco de lo que previamente había informado La Gaceta de Tucumán con respecto a los locales donde funcionaban los prostíbulos California y Night Club, en la capital tucumana. Según los expedientes judiciales, los cabecillas de la banda era Mercedes del Carmen Medina y Ernesto Antonio “el Negro” Robles que, se especifica, “tendrían relación con prostíbulos en Salta, así como también con los dueños de otros prostíbulos sitos en La Rioja”, que son viejos conocidos de la Justicia provincial: José “Chenga” Gómez y su madre, la fallecida Liliana “Mamá Lili” Medina, juzgados por el caso de Marita Verón (y condenado, él, en la revisión de la sentencia, porque Medina para entonces ya había muerto). La resolución de la Cámara Federal de Tucumán negó, de esa manera, el pedido de nulidad que había hecho la defensa de uno de los procesados, el de inconstitucionalidad de un artículo de la ley de profilaxis (que prohíbe los prostíbulos) y las demandas de excarcelación, especifica Página 12

La investigación comenzó a principios de 2013 por una denuncia presentada por el apoderado de la Fundación María de los Ángeles, el abogado Carlos Garmendia. En octubre del año pasado, luego de una investigación que incluyó testimonios de testigos protegidos y escuchas telefónicas, el juez de la causa resolvió los procesamientos de Medina y Robles como coautores de trata de personas para explotación sexual, proceso que incluye captación, transporte, acogimiento, violencia y amenazas sobre las mujeres víctimas y pago de sobornos a personal policial. Los cinco procesados restantes, Susana Antonia Figueroa, María Rosa Juárez, Aníbal Iván Frías, Eduardo Alberto Loto y Juan Rafael Sarmiento son considerados “partícipes necesarios”.

La investigación confirmó que en el umbral de California “todos los días y a toda hora había mujeres “ofreciendo servicios sexuales cuyas tarifas oscilan entre 150 pesos a 200 pesos”; que “la dueña del local se llama Mercedes, que las señoritas que ofrecían sus servicios en el lugar debían pagarle a la nombrada para poder trabajar en el lugar, y que eventualmente pasa un tal Juan a retirar el dinero producto de la explotación sexual”. Las escuchas telefónicas demostraron que “estamos en presencia de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres de diferentes provincias de nuestro país y de origen extranjero”, y que “cada uno de los integrantes de la organización posee un rol perfectamente determinado”.

De acuerdo con el expediente, en la estructura, Robles y Medina, dueños de los locales y responsables de lo que sucedía en ellos, “toman las decisiones de quién trabaja y quién no en los locales, deciden cuánto se cobra y las multas que se imponen a las mujeres explotadas, a quienes además controlan e intimidan”. Loto y Figueroa, apodada “Karina”, eran encargados del Night Club, ubicado ante la vieja terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán. “Karina controla en forma directa a las mujeres y se encarga de ‘tomar a las empleadas’ –captación–”, mientras que Sarmiento “posee los recibos y conoce detalladamente los movimientos de los pagos”. Frías, sobrino de Medina, se encargaba de intimidar “con una pistola” a las mujeres que no pagaban y a los clientes que generaban inconvenientes en el prostíbulo; también les facilitaba drogas.