Mientras busca partido que lo salve del ostracismo político, un escándalo inmobiliario vincula a Andrés Zottos con Matías Desimone, el fiduciario de las Torres de Tartagal, quien sigue sin terminar departamentos que debía entregar en el 2013.
Andrés Zottos siempre se empecina en ser presa de las trampas que él mismo tiende y que son, según dicen, de las letales. En términos políticos lo confirmó en junio pasado cuando presidiendo el PRS perdió la conducción por no armar una lista que le permitiera disputar las elecciones internas de esa fuerza a la que, sin embargo, el propio Zottos licuó desde el año 2007 en el heterogéneo oficialismo provincial que ya privó a ese partido de hasta un lugar en el gabinete.
Ahora esa incorregible inclinación se trasladó al ámbito de los negocios en donde con monástico silencio el ex vicegobernador trata de despegarse del empresario inmobiliario y financiero, Matías Desimone, quien siendo titular del Fideicomiso “Torres de Tartagal” sigue sin entregar departamentos que debía haber finalizado en marzo de 2013. Indignado, uno de los compradores denunció el caso en la prensa y obligó al empresario a dos movimientos tácticos: firmar un acta donde se comprometía a entregar las unidades habitacionales en julio de 2016 y hacer grandes esfuerzos para asegurarse de que Zottos es un simple fiduciante del edificio de 8 pisos que se levanta en la calle Warnes casi esquina Packham cuyo primer piso se destinará a oficinas mientras los restantes cobijan varias decenas de departamentos.
El acertado cálculo, sin embargo, fue muy mal ejecutado y a cuatro meses de ese acuerdo los departamentos siguen sin entregarse, mientras los vínculos de Zottos con Desimone han podido precisarse un poco mejor. Y es que el Contrato de Fideicomiso de Administración de “Torres de Tartagal” cuyo impuesto de sellos se pagó el 11 de mayo del año 2010, muestra al entonces vicegobernador como Fiduciante Clase A, Beneficiario y Fideicomisario. Una figura que define a quien aporta el terreno y en principio debe correr con los gastos de la iniciativa hasta que el gobierno municipal aprobara la obra a cambio de lo cual, Zottos se quedará con el primer piso del edificio en donde se montarán las oficinas de San Cristobal Seguros, la aseguradora del actual senador de la nación.
El entorno inmediato de Andrés Zottos no negó el vínculo cuando en enero de este año el comprador indignado recorrió medios denunciando que seguía sin poder habitar el departamento que terminó de pagar en 2013. Fue entonces cuando el hermano de Andrés, cuyo nombre es Cristo, fue al encuentro de los medios para explicar que el ex vicegobernador era una víctima más del entuerto y que el responsable de todo era quien en el contrato de Fideicomiso aparecía como el Fiduciaro: Matías Desimone.
El médico
Como ya mencionamos, la trama de la historia fue expuesta en los medios por primera vez entre enero y febrero del presente año. El hombre que lo hizo público es el doctor Walter Escribas, cuya expresión de sereno desencanto se repitió en la semana cuando detalló a Cuarto Poder lo que ya había denunciado antes: aun no puede habitar el departamento de 84 metros cuadrados por el que pagó entre el año 2011 y 2013 una entrada $113.000; otros $188.000 repartidos en dos cuotas de $23.000 y otras dos de $71.000; mientras el saldo final fueron diez cuotas de $25.000 que en total hicieron una suma de $551.000.
Este medio accedió a ese contrato en un consultorio de la localidad de Embarcación en donde Escriba se aprestaba a atender a sus pacientes del PAMI. El primer encuentro con el médico, sin embargo, se concretó antes de que el profesional ingresara a otro consultorio pero de la ciudad de Tartagal. Y es que lejos de ser un hombre adinerado, el médico en cuestión es un trabajador que como muchos otros para poder progresar, debe prestar servicios en distintos hospitales y clínicas privadas de esas dos localidades. Esfuerzo cotidiano que no lo libró de tener que entregar su Peugeot 408 para poder pagar el departamento que según el contrato de compra, Escriba debería escriturar ni bien se finalizara la obra y los planos fueran aprobados por la municipalidad de Tartagal, dejándose constancia de que si ese trámite no se realizaba el galeno debería pagar a la empresa vendedora $300 diarios de multa hasta que concretara los trámites correspondientes.
A esa altura del relato el médico parece sentirse desgraciado aunque evitando regodearse con el infortunio, con tono desafiante propone al entrevistador calcular cuánto dinero debería abonarle al empresa como multa por no haber cumplido con la entrega en tiempo y forma. El desafío resulta estimulante. Según el contrato de compra la obra debía entregarse en marzo del 2013 aunque Escribas saldó el inmueble en octubre de ese año. Desde entonces hasta ahora transcurrieron 37 meses que en promedio suponen 1.210 días que multiplicados por $300 diarios supondrían $360.000, es decir el 66% de lo que el comprador pagó en menos de dos años.
El financista
Quién debería pagar esa cifra si la justicia no estuviera del lado de quienes tienen el dinero para formatear las leyes, es la persona al que varios señalan como socio del propio Andrés Zottos: el ya mencionado Matías Desimone, la persona que quebró la financiera Dinar en un país donde el financista parece estar literalmente “condenado” al éxito, y que antes de que el cierre de la firma se concretara había sido suspendida por el Banco Central en mayo del año 2013 por haberse detectado anomalías en la venta de dólares. Los medios nacionales resumieron la noticia así: “dos de cada tres personas que compraron moneda extranjera para turismo y viaje en dinar salta luego no viajaron en la fecha declarada”.
Mientras el cierre de la financiera se concretaba, Desimone consolidaba la inmobiliaria IKMA cuyo contrato social se firmó el 24 de junio del 2011 y fue inscripta definitivamente un mes después declarando como actividad específica la construcción de complejos no residenciales y residenciales. Uno de los muchos que la web de la firma declara como propios es el Palais Bleu en cuya nómina de fiduciantes/beneficiarios a la que accedió este medio también aparece Andrés Zottos en medio de una lista de poderosos nombres y apellidos que incluyen a personajes conocidos como José Urtubey y otros que no lo son tanto como José Solito o Fredy Tejerina, quien también sería Fiduciante de “Torres de Tartagal” aunque en una categoría distinta a la del propio Zottos por aparecer como Fiduciante por Adhesión o Clase “B”: aquellos que realizan aportes “de dinero, bienes o cosas” destinadas a la construcción.
Lo curioso del caso tartagalense es que durante años nadie, salvo el doctor Walter Escribas, sintió necesidad de denunciar los detalles desagradables de esa operación en donde evidentemente el dinero, los bienes o las cosas que muchos delegaron en Desimone para construir el edificio terminaron fluyendo para otro lado. Nadie tampoco desea identificarse cuando permitiéndose hacer uso de la razón analítica, aventuran hipótesis que expliquen el silencio, descartan algunas por imposibles y terminan concentrándose en aquellas que los consultados creen que acercan al meollo de la cuestión.
Una de esas hipótesis sugiere que Desimone registra aportes de fiduciantes como pago de deudas que contrajo con terceros en su época de financista; otra que emprendimientos inmobiliarios como el descripto capta bienes o dinero no declarado al fisco con lo cual denunciar la demora significaría para el denunciante caer en la condición que al principio quería evitar. Ellas serían las razones que explican por qué todos esperan con paciencia oriental que el empresario pueda captar nuevos fiduciantes que ayuden a reactivar la obra que la empresa ahora promete concluir a fin de año.
Este objetivo se habría cumplido en el corto plazo. No sólo porque pequeños empresarios aporta el parqué a cambio de un departamento; sino también porque empresas grandes estarían poniendo el trabajo final a cambio de quedarse con todo el tercer piso que según los obreros que trabajan en el lugar ya está terminado. Esa empresa es Juan Pedro Garín Construcciones; una firma conocida en el lugar y que sólo con el cuestionado Fondo de Reparación Histórica ganó la licitación de ocho obras (una en santa Victoria Este, otra en Salvador Mazza – Aguaray y seis en la ciudad de Tartagal) por un monto de 75 millones de pesos.
El político
No faltan tampoco quienes aseguran que la impunidad con que se manejó Desimone obedece a los vínculos con un Andrés Zottos quien en el año 2013 era vicegobernador y ahora ocupa una banca en el senado provincial. “Todo financista tiene manías propio de apostador y una de las características del apostador es que es supersticioso. Para Desimone, Zottos era la pata de conejo a la que debía cuidar a cambio de atraerse la suerte que en este caso significa protección”.
La sentencia, propia de cierta sociología popular, corresponde a uno de los consultados para este informe que como otros prefirieron el anonimato. La misma evidencia ahora ciertos límites objetivos. Y es que aun cuando el ex vicegobernador nunca fue un hombre fuerte del gobierno provincial, hoy más que nunca parece difícil que pueda garantizar favores de ese tipo por el ostracismo político que padece y que por definición supone un alejamiento permanente del Poder.
Es lo que cree cualquier tartagalense medianamente interesado en política. Allí aseguran que sólo el diputado renovador por San Martín, Dionel Avalos, considera que el declive político de su maestro obedece a los desvaríos de la realidad y no a los yerros del propio Zottos quien depositando su confianza no hace mucho en la legisladora Gabriela Martinich, presenció cómo ésta y su marido, Dante Galeano, pusieron el poco peso territorial con el que contaban del lado de Cristina Fiore, quien finalmente se quedó con la presidencia del Partido Renovador.
Curiosamente, insisten los tartagalenses, la mejor contención que tiene hoy el ex vicegobernador es el intendente de Embarcación y justicialista ortodoxo, Alfredo Llaya. Las buenas vibras entre uno y otro están lejos de explicarse porque el segundo haya descubierto que el elixir de la política resida en Zottos; sino más bien a razones de tipo prácticas.
La primera de ellas está relacionada con la política provincial: en tanto Llaya es un urtubeicista furioso y el intendente de Tartagal, Sergio Leavy, muestra autonomía electoral del Grand Bourg; mantener con vida política al propio Zottos en esa ciudad es una forma de limitar o contener el poder territorial del propio Leavy. La segunda de las razones es de índole más personal: el acceso a una banca en el congreso de la nación del propio Zottos supondría que sea reemplazado en el senado provincial por quien lo secundaba en la lista: Nora Canuni, esposa del intendente de Embarcación.
