El diputado provincial anticorrupción del radicalismo tiene como todo legislador, la misión de controlar y fiscalizar los procedimientos del Estado. Difícilmente logre lo encomendado por sus votantes, teniendo en cuenta el aceitado vínculo comercial con el gobierno provincial, que lo colocan en la vereda contraria de la prevención de la corrupción y el reguardo de la transparencia. (Por Anibal Roldán)

A estas alturas, no se puede dudar que al diputado provincial Héctor “Lilito” Chibán, no le va nada mal en sus relaciones con el actual gobierno. Sus “Emprendimientos Inmobiliarios” gozan de los beneficios de la realización de contrataciones de alquileres de inmuebles con el Estado Provincial. El legislador, se vio forzado a reconocer la situación luego de un artículo periodístico del semanario Cuarto Poder, que documentaba sus estrechos vínculos con el gobierno, al que supuestamente se opone desde su partido, la U.C.R..

La visibilidad mediática alcanzada rápidamente por Chibán y su espíritu confrontativo al margen de la ofuscación, provoca que a su paso consecuentemente, vaya sembrando odios y rencores de quienes ya lo catalogan como el denunciador serial. Producto de esto, es como Cuarto Poder recibe información que nos conduce al segundo piso de un edificio moderno de calle Buenos Aires, de la ciudad de Salta (a una cuadra de Plaza 9 de Julio).

Las direcciones 

El Boletín Oficial de la Provincia N°18. 814 confirma la información brindada por nuestra fuente. La empresa CH.M SRL, tiene como objeto la “gestión y administración de redes de venta y recarga por cuenta de terceros b) la recaudación y posterior deposito de fondos de terceros derivados del uso de sistemas electrónicos de prepagos o de recarga”. Y llamativamente, se encuentra a nombre del hermano del diputado Héctor Chibán.

 

CH,M SRL,  realiza su trabajo recaudatorio, en la primera oficina con la que uno se topa si asciende por el ascensor del edificio Palermo en el segundo piso, y toma por la derecha.

 

Oficina de CH,M SRL, a cargo de la recaudación de sistemas electrónicos de prepagos o de recarga Saeta 

 

Una mujer que sale presurosamente de la oficina en cuestión, comenta que tiene un kiosco y venta de recarga de SAETA. Aporta una novedad: cuando no puede rendir la recaudación e incurre en mora, desde la oficina se derivaría a los deudores, a un estudio jurídico de calle Belgrano al 1000. En la conocida avenida salteña, se encuentra una las tantas propiedades de la familia del referente radical. Figura como el domicilio de Tomás Chibán, pero es en realidad es el Estudio Juridico de la familia Chibán. Demasiada casualidad.

Belgrano 1.094, Estudio Chibán, abogados.

 

El titular de la empresa que terceriza la recaudación de las recargas de tarjetas del transporte publico de pasajeros es, nada mas y nada menos, que el hermano y socio del legislador Héctor Chibán. Sin caer en reparos éticos, es menester dimensionar de lo que estamos hablando: la recaudación de los puestos de recarga de SAETA y posiblemente, la judicialización de los morosos. Un negoción!

La transparencia

Con la irrupción del discurso de la nueva política, apareció la figura de Héctor Chibán. Dicen quienes saben de sus inicios en la política, que la propuesta en realidad se le hizo a uno de los hermanos, que no acepto la iniciativa y Héctor, ni lerdo ni perezoso, no la dejo pasar.

“Chiban es hombre de Nanni, Nanni es hombre del gobierno. El primero llega porque su audacia, pero es insignificante políticamente, pero a sus negocios privados sabe cuidarlos bien”, dice una fuente que lo descalifica personalmente, pero le mantiene respeto por su poderío económico.

Lo cierto, es que más allá de las chanzas que provoca su estudiado discurso anticorrupción, el legislador radical a estas alturas, debiera tener clara su función de representante del pueblo, y que ese pueblo al que representa, es más importante que el gobernante.

Sin dudas, una de las principales funciones del legislador, es la que refiere al control y fiscalización sobre los otros órganos del poder, particularmente el Ejecutivo provincial.

De nada sirve entonces en el caso de Chibán, pedirle que cumpla con esta primordial tarea, ya que los negocios de familia tienen a estas alturas, un aceitado vínculo con el gobierno al que se supone, debe controlar.