Una sentencia judicial deja al descubierto el deficiente sistema de recupero de la Obras sociales.

En Salta, Nora Fernandez, madre de un niño con capacidades diferentes de 10 años llevó a la justicia su caso a la espera de un amparo que obligue a la obra social a brindarle cobertura integral para el tratamiento que su hijo requiere. Obtuvo el amparo, pero ahora el IPSS apeló la medida.

El caso de Nora Fernández cobró resonancia publica tras la apelación presentada por el IPSS al fallo que obliga a la obra social a costear todos los gastos afrontados por la denunciante para la rehabilitación de su hijo y que por ley corresponde a la institución de servicio medico.

El pasado mes de Mayo se presentó un amparo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 a cargo del Juez Canavoso, a quien se le presentó la documentación y pruebas de los hechos que revelan el accionar del IPSS, organismo que se negó en sucesivas presentaciones a brindar la cobertura integral para los tratamientos de rehabilitación y acompañamiento escolar del actor.

El mencionado proceso lo inició  la Sra. Fernández en representación de su hijo de 10 años, del que se preserva su identidad, pero cabe subrayar que gracias al tratamiento recibido hasta el momento por el grupo terapéutico que lo acompaña desde hace 3 (tres) años, presenta un adelanto que fue constatado por el juez.

Con la representación de su letrada Maria Antonieta Plaza, la demandante presentó en detalle el asunto económico que atraviesa debido a la situación mencionada, en la que deja constancia que tuvo que recurrir a 3 préstamos para afrontar los costos y honorarios, que por ley le corresponden a la obra social.

En dicha instancia se solicitó recuperar el dinero que la madre del niño pagó, y que el IPSS se negó sistemáticamente a abonar por los tratamientos.

En este punto, es importante señalar que debido a la apelación presentada por el  IPSS a la sentencia favorable, se hace imprescindible reivindicar el Sistema de Recupero de los aportes que la obra social eroga en concepto de discapacidad y respecto de las prestaciones que solicitan sus afiliados a pedido de sus médicos tratantes. Por lo que se corresponde al IPSS procurar el financiamiento y no el afiliado.

Hasta el momento Fernandez aguarda con optimismo una pronta resolución al conflicto por parte de la Corte Suprema Provincial.