El gobierno provincial intervino el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta. Se aduce que una auditoría detectó serias irregularidades.
Si bien el 25 de Enero Alejo Gallardo, de la etnia chulupí, asumió como presidente del el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta, casi 30 días después el gobierno provincial decidió intervenir el organismo, por decreto.
Cabe recordar que para la realización de esas elecciones se conformó un Tribunal Electoral que estuvo integrado por el IPPIS, los ministerios de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Seguridad, Educación, Ciencia y Tecnología, Salud Pública y la comisión de Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de la Cámara de Diputados.
Pero hoy salió publicado el decreto N°271 y cambió todo.
Una fuerte auditoría en la que se detallan los desmanejos de los últimos tres años habría sido el detonante. Durante 2017, 2018 e incluso en estos primeros días del año en el IPPIS se repartían cheques como quien reparte caramelos.
Textualmente el informe asegura que “se entregaron fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también el retiro de dinero de la cuenta bancaria “sin asignación específica” y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago”.
En 2017 se emitieron cheques, generando una deuda que ni siquiera se puede calcular, porque los auditores no encontraron las chequeras.
El decreto dice que la intervención durará tres meses. Y que los interventores no cobrarán por este trabajo.
