Ante las denuncias de Greenpeace en Salta por la destrucción del bosque en la finca Cuchuy, propiedad del primo del Jefe de gabinete nacional, el gobierno provincial respaldó el desmonte de casi 9 mil hectáreas y confirmó que las topadoras llegaron en los últimos días para concluirlo.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, respondió ante el comunicado que «las aclaraciones más que aclarar oscurecen porque dejan de manifiesto que cuando se trata de los bosques hay una especie de asociación ilícita entre el Gobierno provincial y empresarios que ya denunciamos y son parientes directamente ligados a autoridades del Gobierno nacional.”
La finca Cuchuy ubicada en el departamento de San Martín, se encuentra a tan solo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito. Su propietario Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de gabinete Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri, fue quien solicitó al gobierno de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, la autorización para recategorizar la zona a Categoría III – verde que estaba clasificada bajo el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta como Categorías I – rojo y II – amarillo, donde no se permitía su desmonte.
El gobierno provincial autorizó ilegalmente el cambio de zonificación para que se pudiesen deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires). Su deforestación afecta seriamente a las comunidades wichi de Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral, que dependen de sus bosques para su alimento y medicinas. Según Greenpeace, un desmonte de esta magnitud implica la violación de los derechos de los pueblos originarios, ya que se desaloja de facto a las comunidades.
La organización ecologista viene denunciando el caso desde 2014 (1) y hace unos días recorrió nuevamente la zona para reclamar el avance del desmonte.
“Si existiera la ley de delitos forestales (2) que estamos impulsando en el Congreso de la Nación, los funcionarios y los empresarios implicados en este caso estarían con una causa penal”, concluyó Giardini.
