La realidad política salteña tendrá en adelante al “Foro de Estudios y Seguimientos de las altas instituciones del Estado provincial y de las administraciones públicas”, constituido por doce abogados de renombre. ¿Con qué batalla debutan estos “fiscales” del Estado?

“Los abajo firmantes se presentan por derecho propio (…) a los efectos de solicitar formal vista de los expedientes judiciales que se encontrarían sustanciando en ese estrado, referidas a la cuestión de la llamada Inamovilidad de los Jueces de Corte, vía acción de inconstitucionalidad y otras de existir”, en esos términos se dirigen a los miembros de la Corte de Justicia de Salta los abogados de este Foro recientemente creado y que según adelantan sus propios integrantes aspira a una regularidad y sistematicidad en sus acciones. Veamos de qué se trata.

En defensa de la República

Hace algunos meses se discute en Salta una posible reforma de la Constitución provincial que fue anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, en marzo del año pasado durante una entrevista por Radio Salta. Según el funcionario, entre otros aspectos, la iniciativa en la que se proponía trabajar el bloque Justicialista contemplaría “fijar que los presupuestos de la provincia destinen al menos el 40% de los recursos para educación; cambiar los organismos de control; lograr que la Auditoría de la Provincia se encuentre en manos de la oposición; limitar las reelecciones”. Por su parte, Matías Posadas también presentó un proyecto de ley en el mismo sentido.

A casi un año de esas declaraciones de Godoy, desde Grand Bourg buscaron calmar las aguas a principio de marzo, en un intento lógico por tensionar lo menos posible un escenario político que ya de por sí se presentaba cuesta arriba para los operadores y técnicos del gobernador y para sus alfiles más cercanos: en el norte las inundaciones aún se colaban en la opinión pública como símbolo de las grandes deudas con el norte provincial, que tras doce años permanecen intactas como los padecimientos de la gran mayoría de los habitantes del Chaco salteño; al mismo tiempo, sobre los ingenios San Isidro y El Tabacal y la situación crítica en los mismos, el Gobierno provincial tenía aún poca claridad y no había logrado controlarlos del todo; darle aire en ese escenario al debate sobre la reforma de la Constitución provincial habría significado entregar la mejilla para los golpes de enemigos y adversarios.

Comparar la desolación y abandono de las comunidades del norte provincial, o las familias en las calles que representan los despidos en los ingenios, con los intereses palaciegos de una reforma constitucional para dejar en evidencia a un gobierno que empieza a calibrar su puntería con el objeto de alcanzar una transición “lo más ordenada posible”, habría resultado abono fértil para la oposición en todas sus variables. El mismo ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, afirmó que para el Ejecutivo la reforma de la Constitución “no es un objetivo prioritario” y que planean dejar para el próximo gobierno este proyecto.

Más allá del gobierno provincial, diferentes representantes del arco político han emitido sus opiniones al respecto. Sólo por citar dos de ellos, por ejemplo, el diputado nacional Alfredo Olmedo opina que el mejor momento para votar convencionales son las PASO 2019, mientras que desde el espacio de Gustavo Sáenz no verían con buenos ojos que se mezclen las elecciones ordinarias con la de convencionales. Lo que queda de manifiesto es lo que unifica a opositores y oficialistas a pesar de la negación del Gobierno: el consenso que existe alrededor de la necesidad de una reforma constitucional. El Foro recientemente constituido por juristas de la talla de A. Saravia, S. Escudero, A. Chibán, F. Chamorro, entre otros, definió como su tarea principal desenmascarar -a su manera- la que sería una de las piezas claves que se ocultan detrás de este consenso aparentemente formal de la mayor parte de las fuerzas con representación parlamentaria respecto de la reforma.

La impunidad no se improvisa

Una maniobra común de aquellas sectores que han detentado el poder de un Estado durante un determinado período de tiempo es la de buscar la garantía de impunidad (o inmunidad) jurídica una vez que abandonasen sus funciones.

Resulta como mínimo sospechoso el recule del Gobierno provincial, por lo menos en términos discursivos, respecto de la discusión de la reforma constitucional, sobre todo si se tiene en cuenta en dónde pone la lupa el Foro de Estudios y Seguimiento de las altas instituciones del Estado provincial y de las administraciones públicas: “Rechazar el reiterado intento de reformar la Constitución de la provincia para modificar la duración de los mandatos de los jueces de la Corte de Justicia, ignorando la propia legalidad constitucional”.

Además de los aspectos enumerados por el presidente de la Cámara de Diputados y más allá de los devaneos respecto de los tiempos para una eventual elección de convencionales y el límite a las reelecciones de cargos ejecutivos y legislativos, un tema relevante que implicaría la reforma necesariamente es el de la modificación de los sistemas de controles al poder gubernamental, es decir, el Poder Legislativo y la representación de los partidos de oposición; la forma de selección y designación de las cabezas del Poder Judicial, la Corte de Justicia, y del Ministerio Público, y el Colegio de Gobierno; estos ítems, pocos conocidos y sobre los que los voceros de la iniciativa reformista poco hablan, son precisamente los recovecos republicanos que desde el “Foro de los 12” buscarán, primero, poner al descubierto y, segundo, intentar limitar para evitar mayores “debilidades institucionales” en la provincia.

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