Un texto, atribuido al fiscal tucumano Antonio Gustavo Gómez, que circuló esta semana por redes sociales del ámbito legalista caracteriza con poco idilio al sistema judicial y propone como tangencial la discusión por el nuevo Código Procesal Penal que promueve Rodolfo Urtubey desde el Senado. Alfio Bustos

El senador nacional Rodolfo Urtubey es pieza clave del ala judicial del macrismo que opera en el Congreso de la Nación. Este año fue quien presentó las reformas que pretende introducir el oficialismo nacional al Código Procesal Penal, que, entre otras cosas, incluye renombrarlo como Código Procesal Penal Federal. Junto a su par entrerriano Pedro Guastavino, el dos de marzo pasado ingresaron un proyecto de unas cuarenta páginas que incluye varias reformas al texto que se aprobó en junio de 2015, en las postrimerías del período kirchnerista.

Un mensaje que circuló por redes sociales en el ámbito judicial al que tuvo acceso Cuarto Poder y que se le atribuye a Gustavo Gómez, fiscal de Tucumán, denuncia que de avanzar la iniciativa que ya consiguió media sanción en Senadores podrían prescribir 700 causas federales “residuales”, “unos 700 narcos hoy presos, quedarán en libertad”.

Dice el texto: “El Norte Argentino exhibió esta semana la incapacidad de nuestros jueces y fiscales para administrar Justicia. Mientras académicos, juristas y legisladores discuten cuál es el mejor Código Procesal Penal o buscan aplicar unos sistemas supuestamente novedosos, el Dr. Renato Rabi Baldi de la Cámara Federal de Salta nos advierte que si se aplica el Código que hoy se trata de sancionar en el Congreso de la Nación, prescribirán las causas penales ‘residuales’ y unos 700 narcos hoy presos, quedarán en libertad”.

Este semanario consultó al camarista salteño Renato Rabbi Balbi Cabanillas, quien aseguró que en esa cita se lo saca de contexto, aunque no negó ciertas coincidencias con los asertos que se atribuyen al fiscal Gustavo Gómez. “Lo saca de contexto: lo que yo digo es lo siguiente, yo repito lo que dice la ley. La ley aprobada dice que se va generar la Oficina Judicial y que se generarán cargos para esa oficina para que se ocupe del nuevo sistema. Lo que probablemente esté pensando Gómez es que si no se incorpora la oficina judicial entonces los que están van a tener que hacer todo”, subrayó.

El camarista explicó que, según deduce luego de leer el mensaje que circuló por redes sociales, el fiscal tucumano estimaría esas cantidad de narcos sobreseídos porque si se hace un proceso de transición entre los sistemas inquisitivo y acusatorio y no se equipa la Oficina Judicial que organice eso, las causas del viejo sistema empezarán a prescribir sin que progresen los procedimientos. Según Rabbi Baldi, “el sistema viejo tiene mil detenidos en Salta y Jujuy, hay que generar una respuesta a esas situaciones procesales, porque algunos ya tienen condena”.

El magistrado anticipó a este medio que la semana próxima un funcionario nacional del Servicio Penitenciario Federal visitará la provincia para interiorizarse sobre el estado de las cárceles, sobre las que el salteño dio las peores perspectivas. “Tenemos la capacidad de las cárceles federales colmada, están desbordadas”. Si bien todavía no está definido quién sería específicamente el representante de Nación que desembarcará en Salta, Cuarto Poder pudo saber que podría ser incluso el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, abogado especialista en derecho penal.

Foro asiente

Se inquirió el parecer del exfiscal de Corte y actual miembro del Foro de Estudios y Seguimientos de las altas instituciones del Estado provincial y las Administraciones Públicas que se conformó este año, Alejandro Saravia, sobre el texto que apunta contra la reforma del Código Procesal Penal que presentó el Urtubey senador nacional por instrucción del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

Saravia explicó que su interpretación del planteo que el mensaje viral endilga al fiscal tucumano es que éste se basa en el principio de penas benignas que se sacaría a relucir con las modificaciones del proyecto de Rodolfo Urtubey y Guastavino a la legislación penal. Por esa razón se estaría planteando que 700 de los detenidos por casos de narcotráfico podrían ser puestos en libertad. Como contraparte a la reticencia a que ello suceda, Rabbi Baldi planteó el problema del hacinamiento en las cárceles.

En línea con Gómez, el exfiscal salteño dijo estar de acuerdo en “prácticamente todo” lo que se plantea en el mensaje. En éste, Gómez indica cinco acciones que cree imprescindibles para que la Justicia funcione de modo óptimo, independientemente de los pormenores de tales o cuales marcos jurídicos, es decir, tal o cual código procesal penal. Saravia coincide en que el problema del sistema judicial no se resuelve meramente con el paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, ni con las salvedades que granjean impunidad en el texto sancionado por el kirchnerismo (como la supresión de la cosa juzgada írrita).

El fiscal tucumano, supuestamente autor del texto de red social, detalla que “La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sin inmutarse, dio a conocer la estadística penal: en el 2017 se iniciaron cien mil causas y sólo se hicieron 265 juicios orales. Menos del 4%. Cada Tribunal Oral Provincial hace un promedio de 33 juicios orales, esto es más o menos, unos 3 juicios orales al mes. Menos de un juicio por semana —sugiere y prosigue— Ponga usted el Código que quiera, la impunidad del 96% seguirá en aumento. Aumente las penas en todos los delitos y no habrá cambios. El problema a resolver está en otro lado. Los famosos operadores del sistema nos distraen echando las culpas afuera. El problema son los jueces y fiscales”.

En ese sentido más estructural, quien abandonó su cargo en la fiscalía ante la Corte de Justicia de Salta en marzo último opinó en consonancia con el letrado de la provincia vecina. Saravia expresó: “No tenemos un problema con las leyes, nuestro problema son los que las aplican, siempre dije que el mayor problema que tenemos desde 1930 es el Poder Judicial”.

Hipervigilancia

El proyecto de reforma del Código Procesal Penal que presentaron originalmente los senadores salteño y entrerriano contenía polémicos aspectos que sobre invasión a los derechos personalísimos que fueron revisados por la oposición antes de darle media sanción. Es decir, además de cambiar el sistema judicial y que eso, eventualmente, lleve a un colapso si no se dispone de mayor personal para no sobrecargar de causas y métodos a los agentes ahora existentes, se pretendía ampliar los mecanismos de vigilancia, atribuyendo facultades investigativas lesivas contra la intimidad de las personas.

“Podrá autorizarse la escucha y grabación en forma no ostensible, a través de medios técnicos, de las conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores”, indicaba el texto y añadía que podían instruirse vigilancia en las comunicaciones, en los equipos informáticos y dispositivos móviles que facilitan seguimiento y localización.

Finalmente esos aspectos fueron modificados en la Cámara Alta antes de que dar media sanción al proyecto, que se tratará en Diputados en los próximos días. La enmienda no es la única labor parlamentaria de Urtubey a favor de los intereses de Cambiemos, fue quien presionó para que dimitiera la procuradora Alejandra Gils Carbó, y quien preside la comisión bicameral especial de monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, en funcionamiento desde diciembre de 2014. Otro aliado, el primo Dalmacio Mera de Catamarca, es el senador nacional que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, antes encabezada por Rodolfo.